El caso Begoña Gómez tendrá una instrucción más larga de lo previsto a tenor de la nueva querella de Hazte Oír, según apuntan fuentes conocedoras del mismo consultadas por MONCLOA. «La clave reside en la conexidad», apuntan las mismas fuentes. Para la acusación popular del caso por el que la mujer del presidente del Gobierno está imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, junto a su amigo y empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache Goñi, quien se mantiene el puesto pese su situación judicial.
Las querellas contra Begoña Gómez, unificadas ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ponen de manifiesto una serie de hechos desde la llegada de Begoña Gómez a La Moncloa, desde 2018 hasta ahora. Para la defensa, dirigida por Antonio Camacho, se trata de una «investigación prospectiva», es decir, indagar en la vida personal y profesional de la mujer del presidente del Gobierno con la esperanza de encontrar algún delito. Este método está prohibido en España y Begoña Gómez se ha querellado contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor en la causa, por este motivo, imputándole delito de prevaricación y revelación de secretos.
En caso de admitirse este escrito en la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Peinado sería apartado del caso, pero las pesquisas realizadas hasta ahora no quedarían anuladas, sino a merced del siguiente juez. Para algunas de las fuentes conocedoras del caso, «es el único objetivo de esta querella». «Apartar al juez sería una victoria en esta batalla judicial, pero no tendría consecuencias para la acusación popular», destacan.
BEGOÑA GÓMEZ, BARRABÉS Y AIR EUROPA
La acusación pone el foco en los contratos públicos obtenidos por el Grupo Globalia desde 2018, justo con la llegada del PSOE a La Moncloa, para montar un relato sobre las supuestas influencias que habría ejercido Begoña Gómez en favor de las empresas dirigidas por Javier Hidalgo y Juan Carlos Barrabés.
En este sentido, la tercera ampliación de la querella recuerda los contratos obtenidos y convenios firmados por Air Europa, filial de Globalia, con el IE Africa Center, dirigido entonces por Begoña Gómez, a principios de 2020, justo antes de desatarse la pandemia. Asimismo, ese pacto confidencial vinculaba a Wakalua, filial de Air Europa y creada un año antes por Globalia y la Organización Mundial del Turismo (OMT) a abonar 40.000 euros al año al IE Africa Center.
«No ésta del todo claro si estos pagos se produjeron o no, pues como más adelante indicaremos, Wakalua no es transparente en cuestiones económicas», apuntó Hazte Oír en la querella. En este sentido, se espera la declaración de Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua y que fue llamada a la comisión de investigación del caso Koldo en el Congreso.
LA CONEXIDAD DE REYES MAROTO, CLAVE EN EL CASO BEGOÑA GÓMEZ
Para demostrar la conexión de Reyes Maroto con Air Europa, la acusación apunta al rescate de 475 millones de euros entregados por la SEPI. Dicho montante se desglosó en 240 millones de euros mediante una inversión en préstamos participativos y ordinarios pagados el 11 de noviembre de 2020, siendo la primera empresa en recibirlos, más otros 235 millones, de los que se entregaron 100 el 25 de marzo de 2021 y otros 135 millones el 7 de mayo de ese mismo año
En aquel Consejo de Ministros estaba presente Reyes Maroto y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien a pesar del notable conflicto de interés no se inhibió en la votación. Este rescate, además, esquivó la fiscalización de la Comisión Europea debido a que ninguna de las partidas superó los 250 millones de euros, pero el montante final casi lo duplicó. Asimismo, Globalia recibió más concursos públicos y llegó a pedir más de 900 millones de euros para poder solventar los problemas derivados de la pandemia.
La acusación trata de conocer cuánto dinero obtuvo en concursos públicos con el objetivo de hacer ver que el montante total fue similar a la cantidad pedida. Uno de estos contratos es el que pone contra las cuerdas a Reyes Maroto al ser modificado en 21 ocasiones y haberse concedido prórrogas únicamente para los lotes 2 y 3, los ganados por Globalia, tal y como muestra el Expediente 54/17, desgranado por este medio.
UNA DE LAS PRÓRROGAS, AL CAMBIO DE NOMBRE DE GLOBALIA
Una de las prórrogas otorgadas en ese polémico contrato permitió el cambio de nombre a Globalia por el de Sekai Corporate Travel. El contrato se licitó en 2017 y se formalizó en 2018, encajando así en la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y por tanto en el período establecido por el juez Peinado para indagar en los asuntos relacionados con Begoña Gómez. Esta ampliación de la querella, la tercera de Hazte Oír, tumba el argumento de la defensa sobre la investigación prospectiva.
El mayor contrato concedido a Globalia alcanza un total de 215 millones de euros debido a las prórrogas del mismo. En un inicio eran de 106 millones de euros, repartidos entre los dos lotes a razón de 62,4 y 43,6 millones de euros, respectivamente. No obstante, no solo los Ministerios abonaron a Globalia, como los 80 millones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según un informe de la UCO de la Guardia Civil, durante la etapa de Luis Rubiales.
CUÁNTO DINERO SE HA LLEVADO GLOBALIA DEL ERARIO PÚBLICO
La acusación apunta que sumando todas las cifras, Globalia habría recibido su petición inicial de 915 millones, tratando así de reforzar la tesis de que el caso Koldo, caso Begoña Gómez y caso del hermano de Pedro Sánchez son en realidad uno solo con sus ramificaciones, con la actuación y papel fundamental de varios altos cargos del PSOE. No obstante, todo ello necesitaría más tiempo para indagar en todos los contratos públicos, con sus modificaciones y prórrogas incluidas, un análisis que llevará más allá de septiembre.
Asimismo, el juez Peinado no podrá analizar todos los contratos, ya que están también en otras causas judiciales, como los tres que indaga la Fiscalía Europea. Pero todos, según la acusación, tiene conexidad de sujetos, objeto -las adjudicaciones públicas- y el contexto temporal, es decir, se dieron en la misma época.
REYES MAROTO, LA PRESENTE SILENCIOSA EN EL CASO BEGOÑA GÓMEZ
La vinculación de Reyes Maroto, además, se extiende a actos de la OMT; junto al jefe de Globalia, Javier Hidalgo; el asesor de Air Europa y uno de los principales beneficiarios del caso Koldo, Víctor de Aldama, encargado de recoger 200 millones de dólares por una deuda de Venezuela, misión por la que cobró cinco millones de euros. Además, su Ministerio estuvo también presente en el Expediente 54/17.
Asimismo, la asociación Hazte Oír ha citado como testigo a Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que organizó su V Congreso en República Dominicana junto a Begoña Gómez y Reyes Maroto, que intervino en el acto a través de un vídeo de bienvenida, prácticamente el mismo papel que tuvo el rector de la Complutense, Joaquín Goyache Goñi, en el I Congreso de Transformación Social Competitiva, presentado por Begoña Gómez, y en el que el rector anunció la constitución de la cátedra extraordinaria.
Asimismo, la acusación popular ha instado al juez a oficiar una nueva diligencia para pedir los correos electrónicos de Globalia y de Begoña Gómez entre enero de 2018 y mayo de 2022. Todo antes de las declaraciones de Lauffer y del alto ejecutivo de Barrabés.biz, Ciprés, el próximo 26 de agosto.
ENISA SUFRAGÓ LAS JORNADAS DE BARRABÉS
En el caso Begoña Gómez, además, se encuentra Juan Ignacio Díaz Bidart, exCEO de Enisa, empresa pública dependiente de Industria que sufragó las jornadas Mañana empieza hoy de Carlos Barrabés en Ifema en 2019, 2020 y 2021.
Asimismo, fue profesor asociado de Economía en la Universidad Carlos III entre 2006 y 2018, donde conoció a Reyes Maroto, que le nombró jefe de Gabinete en junio de 2018. Entre 2003 y 2015 fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid). Por estos motivos se pide su comparecencia como testigos, así como de José Bayón, quien fuese presidente de ENISA, ingeniero industrial y miembro de la Ejecutiva del PSOE de Segovia. Actualmente dirige la EOI, una sociedad que consta en una de las ampliaciones de la querella.
