El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado la discrepancia existente entre el Gobierno y el Tribunal Supremo en cuanto a la aplicación de la Ley de Amnistía. Esta diferencia de criterio, según Bolaños, es compartida por todas las partes involucradas en el procedimiento judicial, a excepción de Vox.
El ministro, en declaraciones a los medios de comunicación, ha hecho hincapié en la importancia de respetar el Estado de Derecho. Ante las resoluciones judiciales con las que se discrepa, el camino a seguir es la presentación de los recursos correspondientes. Bolaños ha instado a esperar el pronunciamiento de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo sobre este asunto.
El Gobierno Espera que la Sala de Apelaciones Acoja sus Argumentos Jurídicos
Bolaños ha reiterado la postura del Gobierno, calificándola como «conocida», en relación a la resolución judicial del Tribunal Supremo que, en su momento, generó controversia al no aplicar la Ley de Amnistía. El ministro ha recordado que el Gobierno mostró su desacuerdo tanto con los argumentos jurídicos como con las valoraciones políticas que emanaban de dicha resolución.
La discrepancia, según ha explicado Bolaños, se extiende también a la Abogacía del Estado y la Fiscalía. El ministro ha expresado su confianza en que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo tenga en cuenta los argumentos jurídicos presentados por el Gobierno, los cuales considera «muy potentes» para la aplicación de la Ley de Amnistía.
Bolaños Diferencia la Discrepancia sobre la Ley de Amnistía con el Caso Puigdemont
El ministro ha querido diferenciar esta discrepancia con la controversia generada por el incumplimiento de la orden judicial para la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont durante la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Bolaños ha sido contundente al afirmar que «sin ninguna duda esa orden de detención hay que aplicarla».
En este sentido, ha recordado que el Ministerio del Interior estaba trabajando en la respuesta a la petición de información del Tribunal Supremo. Bolaños ha señalado que el operativo para garantizar la seguridad durante el debate de investidura de Illa, así como la ejecución de la orden de detención, era responsabilidad de los Mossos d’Esquadra. Además, ha recordado que España y el país donde se encontraba Puigdemont son «espacios Schengen», lo que implica libertad de circulación entre ambos y la ausencia de controles fronterizos.
