La coalición IU ha aplaudido que se haya alcanzado un acuerdo en Cataluña entre el PSC-PSOE, ERC y los Comunes para conformar un gobierno progresista liderado por el socialista Salvador Illa.
La conformación de un Gobierno de signo progresista, cree la formación encabezada por Antonio Maíllo, «supone un paso importante en el proceso de diálogo en Cataluña, así como abre posibilidades para continuar avanzando en la normalización entre Cataluña y el resto del Estado».
Otra clave de la alegría de la coalición comunista es que el pacto «cierra las puertas a un posible gobierno de la derecha nacionalista en Cataluña, gobierno que se añadiría a los muchos gobiernos autonómicos en manos de la derecha en toda España».
IU muestra feliz por los acuerdos en materia de sanidad, transportes, urbanismo y vivienda, «que van a permitir construir 55.000 viviendas públicas nuevas, rehabilitar 150.000 viviendas o poner en marcha más medidas eficaces para acabar con los desahucios sin solución habitacional».
Sin embargo, Izquierda Unida anuncia que discrepa del acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para reformar el sistema de financiación autonómico en lo que afecta a Cataluña. «Compartimos que desde hace 12 años el modelo de financiación autonómica en España está pendiente de una profunda revisión que afecte a todas las comunidades autónomas, revisión que debe ponerse en marcha simultáneamente para todos los territorios del Estado y atendiendo a las diferentes problemáticas que tienen en la actualidad cada uno de ellos», explican.
Este nuevo modelo de financiación territorial para Izquierda Unida tiene que descansar «en los principios de solidaridad entre los territorios con más ingresos y renta per cápita y aquellos con ingresos y rentas per cápita más bajas».
El sistema de solidaridad entre territorios no solo debiera cubrir los gastos comunes generadas por la Administración General del Estado (política exterior, seguridad, defensa, Seguridad Social y pensiones, etc…) , «sino que incluya un sistema de redistribución de riqueza y recursos para compensar desigualdades entre los territorios más ricos y aquellos más pobres y faltos de desarrollo».
GUERRA INTERNA
Mientras la federación catalana de IU guarda silencio cómplice ante la reforma de la financiación, la organización a nivel estatal opina que «el desarrollo del modelo territorial en la perspectiva de construcción de un Estado federal y plurinacional es inseparable de un sistema de solidaridad que no deje a nadie atrás y atienda las necesidades de las clases trabajadoras en todo el Estado, al margen de cuales sean sus nacionalidades o en que lengua se expresen».
La capacidad normativa tributaria debe garantizar una tributación justa en todos los territorios sobre los ingresos empresariales, rendimientos del capital e inmobiliarios y grandes patrimonios, único mecanismo para evitar el dumping fiscal entre las distintas comunidades autónomas, evitando así modelos de tributación que pretendan recaudar principalmente sobre las rentas del trabajo o a través de los impuestos indirectos al consumo, «que satisfacen igual los más ricos y los más humildes», opina IU.
Solamente desde esta premisa, añaden, «se puede alcanzar un modelo de financiación y compensación justo entre todos los territorios y nacionalidades».
ADVERTENCIA
IU subraya que cualquier sistema de financiación, sea el que sea, «debe siempre garantizar la contribución a mecanismos interterritoriales de compensación y redistribución de riqueza para impulsar un desarrollo lo más homogéneo posible en todo el territorio del Estado, así como para corregir los innumerables déficits de financiación de distintas comunidades autónomas arrastrados desde hace años».
Por dicho motivo Izquierda Unida anuncia que está en contra de la aplicación del criterio de ‘ordinalidad’ incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC «por tratarse de un criterio contrario al principio de equidad, al sostener que la comunidad autónoma que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita, lo que haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan, es decir, nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial».
Creen los de Maíllo que generalizar el modelo contenido en el acuerdo PSC-ERC al resto de comunidades autónomas, significaría imposibilitar la puesta en marcha de cualquier mecanismo de solidaridad o compensación intraterritorial más allá de los límites de una comunidad autónoma, lo que a su vez abriría la puerta a posteriores conflictos dentro de estas ante la tentación de pretender aplicar el mismo sistema en los límites de cada provincia o incluso comarca.
Añade IU que «la mayoría de nuestra sociedad y de la clase trabajadora no defiende el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva, sino que reclama un sistema de solidaridad basado en la seguridad humana, esto es la plena garantía de servicios sociales, educación, sanidad y jubilación dignos para todos los habitantes de nuestro país, al margen de la comunidad autónoma donde residan».
