La violencia contra la infancia es una lacra que exige una respuesta contundente y especializada por parte del sistema judicial. Con el objetivo de garantizar una protección integral a los menores, se ha propuesto una batería de enmiendas al proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia. Estas enmiendas buscan introducir la especialización de los juzgados y de los jueces en este ámbito tan sensible.
La creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia supondría un avance significativo en la atención a las víctimas y en la persecución de este tipo de delitos. Un sistema judicial especializado permitiría contar con jueces y fiscales con la formación y experiencia específica para abordar la complejidad de estos casos.
Formación Especializada: La Clave para una Justicia más Sensible y Eficaz
Para que la especialización de los juzgados sea efectiva, es fundamental invertir en la formación de los profesionales del ámbito judicial. Las enmiendas presentadas contemplan la creación de un «Curso de Formación Especializada en familia, infancia y capacidad y en materia de violencia contra la infancia y adolescencia», que sería impartido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Este curso, dirigido a jueces, magistrados, fiscales y demás personal del ámbito judicial, abordaría temáticas específicas como la detección temprana de la violencia, la atención a las víctimas, el procedimiento judicial en casos de violencia contra la infancia y la coordinación entre las distintas instituciones involucradas (sanidad, servicios sociales, fuerzas de seguridad, etc.).
Secciones de Violencia Contra la Infancia: Un Enfoque Integral para una Problemática Compleja
Se propone la creación de «Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia» dentro de los Tribunales de Instancia. Estas secciones especializadas tendrían la responsabilidad de instruir y enjuiciar una amplia gama de delitos, incluyendo homicidio, aborto, lesiones, delitos contra la libertad, contra la intimidad, contra el derecho a la propia imagen, contra la libertad sexual y trata de seres humanos, siempre que la víctima sea menor de edad.
La creación de estas secciones especializadas permitiría concentrar los casos de violencia contra la infancia en juzgados específicos, lo que agilizaría los procesos judiciales y garantizaría una mayor protección a las víctimas. Además, se facilitaría la coordinación entre los distintos profesionales implicados en estos casos, mejorando así la atención integral a los menores.
