La crisis del Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca, en la provincia de Zaragoza, ha desatado una tormenta política en Aragón que amenaza con sacudir los cimientos del gobierno autonómico. Los graves sucesos ocurridos en este centro, que incluyen acusaciones de tortura, lesiones y agresión sexual, han puesto de manifiesto serias deficiencias en la gestión y supervisión de las instituciones encargadas de proteger a los menores tutelados por la administración.
La situación ha llegado a un punto crítico tras las declaraciones de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, quien ha reconocido la existencia de fallos en la comunicación interna y el incumplimiento de órdenes claras sobre la notificación de incidencias. Este reconocimiento ha desencadenado una serie de reacciones por parte de la oposición y la sociedad civil, que exigen responsabilidades políticas inmediatas y una revisión exhaustiva de los protocolos y sistemas de gestión de los centros de menores en toda la comunidad autónoma.
La exigencia de responsabilidades políticas
La secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), Isabel Lasobras, ha sido una de las voces más críticas en esta crisis, reclamando ceses o dimisiones de los responsables políticos involucrados en el caso. La gravedad de los hechos y la admisión de fallos por parte del Gobierno de Aragón han llevado a Lasobras a considerar insuficientes las medidas tomadas hasta ahora, que incluyen la apertura de una investigación interna.
La líder de CHA ha puesto el foco especialmente en el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, cuya ausencia en el proceso desde que se conoció públicamente la noticia ha sido notoria, a pesar de ser el máximo responsable directo en la materia. Esta negligencia en la gestión de un tema tan sensible como la protección de menores ha llevado a la formación política a exigir su dimisión o cese inmediato.
Además de las responsabilidades individuales, CHA ha reclamado una transparencia total en la investigación del caso. Se ha solicitado que la auditoría anunciada por el gobierno se realice con la máxima rigurosidad y que sus resultados sean públicos y accesibles a toda la ciudadanía. Esta demanda de transparencia refleja la preocupación por la posible falta de control y supervisión en los centros de menores gestionados o supervisados por el Gobierno de Aragón.
La necesidad de una revisión integral del sistema
La crisis del CAM de Ateca ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de revisar y mejorar los protocolos de supervisión y comunicación en todos los centros de menores de la comunidad autónoma. CHA ha propuesto una revisión exhaustiva que vaya más allá del caso concreto de Ateca, con el objetivo de garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse en ningún centro bajo la responsabilidad del Gobierno de Aragón.
Una de las propuestas más contundentes planteadas por Chunta Aragonesista es la revisión de los contratos con las empresas gestoras de centros de menores. La formación considera necesario establecer medidas que impidan que aquellas empresas que incumplan los contratos y pongan en riesgo a los menores puedan volver a trabajar con la Administración pública. Esta medida busca garantizar un mayor control y responsabilidad en la gestión privada de servicios públicos tan sensibles.
Otra de las cuestiones fundamentales planteadas es la necesidad de garantizar recursos suficientes para este servicio y asegurar que sea prestado por profesionales cualificados. En este sentido, CHA ha propuesto estudiar la posibilidad de revertir a la gestión pública aquellas actuaciones relacionadas con las personas más vulnerables, lo que supondría un cambio significativo en el modelo de gestión de los servicios sociales en Aragón.
Las implicaciones políticas y sociales del caso
El caso del CAM de Ateca ha tenido repercusiones que van más allá del ámbito de la gestión de los servicios sociales, adentrándose en el terreno de la confrontación política. La secretaria general de CHA ha lamentado que el grupo parlamentario del Partido Popular intente excusar la acción de gobierno argumentando que llevan solo un año al frente del mismo. Esta crítica refleja la tensión existente entre el gobierno y la oposición en un momento de crisis institucional.
Por otro lado, Lasobras ha condenado enérgicamente las declaraciones del partido VOX, exsocio de gobierno del PP, cuyos representantes han aprovechado la situación para lanzar mensajes xenófobos y racistas contra los menores implicados en el caso. La líder de CHA ha enfatizado que estos menores son las víctimas en esta situación, rechazando cualquier intento de utilizar el caso para promover discursos de odio o discriminación.
La crisis del CAM de Ateca ha puesto de manifiesto la necesidad de una gestión responsable y ética de los servicios públicos, especialmente en lo que respecta a la protección de los menores. Isabel Lasobras ha subrayado que esta responsabilidad es ineludible para el Gobierno y que no puede haber lugar para la impunidad o la falta de transparencia en asuntos tan delicados.
En definitiva, el caso ha abierto un debate profundo sobre la gestión de los centros de menores en Aragón, la responsabilidad política en situaciones de crisis y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los más vulnerables. La resolución de esta crisis y las medidas que se tomen a raíz de ella podrían marcar un antes y un después en la política social de la comunidad autónoma, sentando las bases para un sistema más robusto, transparente y centrado en el bienestar de los menores tutelados.
