En un giro sorprendente, la gestora de activos H2O ha acordado compensar con 250 millones de euros a los inversores afectados por el bloqueo de sus fondos desde 2020. Este acuerdo se produce tras una investigación de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, que ha concluido que la firma cometió «graves infracciones». Además de la compensación, H2O ha anunciado que solicitará la cancelación de su autorización para operar en el Reino Unido, poniendo fin a su presencia en este importante mercado financiero.
La Investigación de la FCA Revela Graves Deficiencias en H2O
La FCA inició una exhaustiva investigación sobre las prácticas de H2O, la cual reveló una serie de irregularidades graves. Entre las acusaciones más significativas se encuentra la falta de diligencia debida en las inversiones relacionadas con el Grupo Tennor, propiedad de Lars Windhorst, entre abril de 2015 y noviembre de 2019. La FCA también determinó que H2O carecía de políticas y procedimientos adecuados para gestionar los conflictos de intereses, llegando incluso a proporcionar información falsa y documentación engañosa al regulador, incluyendo actas de reuniones falsificadas. Estas acciones, según la FCA, demuestran un claro incumplimiento de las normas y regulaciones financieras, lo que puso en riesgo los ahorros de los inversores.
H2O Busca Pasar Página Tras el Escándalo
Con este acuerdo, H2O busca pasar página tras un escándalo que ha dañado su reputación y provocado la pérdida de confianza de los inversores. La empresa ha afirmado que la suma destinada a la compensación es adicional a los 229 millones de euros que ya ha devuelto a los afectados. Además, H2O asegura haber tomado medidas para fortalecer sus equipos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo, mejorando su gobernanza y procedimientos internos. Sin embargo, la decisión de abandonar el mercado del Reino Unido sugiere que la compañía enfrenta un camino cuesta arriba para recuperar la confianza del sector y reconstruir su imagen. Queda por ver si estas medidas serán suficientes para evitar futuras sanciones y asegurar a los inversores la transparencia y seguridad que se espera de una gestora de activos.
