La querella de Begoña Gómez no tiene otro objetivo que apartar al magistrado Juan Carlos Peinado de la causa que instruye por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Así de explícitas se han mostrado fuentes judiciales sobre el escrito de la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Begoña Gómez se ha querellado contra el juez del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por una presunta revelación de secretos y prevaricación, una querella que apunta también al Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por haber supuestamente informado de estas diligencias, declaradas secretas, antes de que se levantaran. En concreto, la acusación de Begoña Gómez apunta al artículo 219.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que textualmente señala el motivo por el que un juez debe apartarse de un caso.
«Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento», apunta la normativa vigente desde 1985.
La defensa de Begoña Gómez ha tratado de frenar todas las decisiones del juez en cuanto a los testigos se refiere, así como afirmar que no tuvo constancia de la ampliación de la querella de HazteOír, motivo por el que no ofreció declaración alguna la primera vez que fue llamada ante el magistrado.
Solo y únicamente en el caso de admitirse a trámite la querella por parte del TSJ de Madrid, al ser el juez aforado, y si Peinado decidiera mantener la investigación, el abogado Antonio Camacho podría recurrir a la recusación, una medida legal e incluida en la LOPJ. La estrategia de la defensa, legítima y que se ha realizado en numerosos procedimientos, no obstante, podría abrir otras vías, como que el siguiente juez continuara con la labor realizada hasta ahora por Peinado.
BEGOÑA GÓMEZ, ACORRALADA POR SU CÁTEDRA EXTRAORDINARIA
Esta estrategia, además, se adelanta al pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que decidirá en septiembre sobre los recursos de Begoña Gómez, que apunta a una supuesta «investigación prospectiva» del juez Peinado, pese a que la querella admitida a trámite contra la mujer de Pedro Sánchez indica que debe indagarse sobre todos los movimientos de Begoña Gómez desde que su marido está al frente de La Moncloa.
Las pesquisas apuntan a la cátedra extraordinaria concedida por la Universidad Complutense de Madrid en un nombramiento presuntamente irregular y siendo la única cátedra de su clase en la que ha intervenido directamente el rector de la citada Universidad, Joaquín Goyache Goñi, investigado también en la causa; así como sobre Juan Carlos Barrabés, el empresario y amigo de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, que obtuvo más de 20,2 millones en contratos públicos, algunos de ellos procedentes de fondos europeos.
Además, también se indaga sobre los negocios y patrocinios que obtuvo el IE Africa Center durante la etapa de Begoña Gómez como directora, así como el papel de la mujer de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa, que costó al erario público 475 millones de euros. La acusación trata de vincular este caso con los del hermano de Pedro Sánchez y el caso Koldo, tres grandes causas que podrían tener el epicentro en La Moncloa y en el PSOE, según apuntan desde Vox.
De hecho, la dirección de la acusación del caso Begoña Gómez instará al juez Peinado a recabar toda información procedente de los consejeros delegados de las empresas que llevaron a alumnos a la cátedra extraordinaria, una maniobra que trata de presionar aún más a Pedro Sánchez, quien se ha negado a declarar como testigo ante las cámaras tras ofrecerse a hacerlo por escrito.
LA MANIOBRA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
La querella es una maniobra más en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid rechace los recursos de Camacho para tratar de frenar la investigación del juez Peinado. No obstante, esta segunda instancia judicial no se pronunciará hasta el próximo mes de septiembre, cuando ya haya declarado como testigo Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua, la filial del Grupo Globalvia y al que pertenece Air Europa. Cabe señalar, además, que la Fiscalía se ha opuesto a la mayor parte del proceso judicial y como muestra de ello no ha realizado ni una sola pregunta a los testigos.
En caso de rechazarse la denuncia y la querella, Begoña Gómez se situaría en una situación más que comprometida. Por un lado, todo su alegato de defensa se centra en unas diligencias que han dado pie a una investigación exhaustiva de sus negocios, mientras que quedaría anulada su acusación contra Peinado por realizar una investigación «prospectiva», un alegato al que se ha sumado el PSOE y el resto de socios del Gobierno, con excepción del PNV.
Asimismo, en caso de que otro juez se hiciera con la causa y mantuviera la línea de investigación, Begoña Gómez tendría muy complicado montar un argumentario sobre una persecución judicial.
LA QUERELLA DE PEDRO SÁNCHEZ, SIN REPERCUSIÓN EN EL CASO BEGOÑA GÓMEZ
Además, cabe señalar que la querella de Pedro Sánchez, en caso de ser admitida, no tendría ninguna repercusión sobre el juez Peinado en la causa porque el presidente del Gobierno no es parte de la misma. Aún así, habrá que esperar a septiembre para conocer si el TSJM acepta o rechaza el escrito.
En su querella, Begoña Gómez trata de hundir al juez con una serie de descalificativos y mostrando que algunas de las diligencias practicadas han sido «inútiles». Así, considera que el juez realiza una «aplicación del derecho incomprensible», que las decisiones ni están justificadas ni motivadas, o directamente una actuación «arbitraria» o «perversa». Además, afirma que el juez del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid no ha realizado diligencias, sino una investigación prospectiva trufada con decisiones «rocambolescas» u «ocurrencias».
Asimismo, trata de montar el caso como si el juez Peinado actuara con «hostilidad» hacia la esposa de Pedro Sánchez. Esta enemistad manifiesta sería motivo suficiente para recursarle en el caso. A juicio de la investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, no habría cometido ningún delito, mientras que se queja del impacto que ha tenido el caso en todos los ámbitos de su vida. Queda aún por ver cómo actuará la justicia ante su escrito.
