La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) no dispone de datos o información específicos sobre un aumento de los ataques contra los guardias civiles ni contra el resto de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Debido a la ausencia de estudios e investigación específicos sobre la cuestión concreta de los ataques contra los agentes provoca que la Comisión Europea no se movilice ni para obtenerlos ni para mejorar la situación de los miembros de los cuerpos policiales.
La alarma la ha dado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que explican que «los grupos de delincuencia organizada suponen una amenaza cada vez más directa para los agentes de la autoridad, y existen pruebas de que los niveles de violencia relacionados con estas redes delictivas también están aumentando» y añaden que «más del 40 % de las bajas laborales que sufren los guardias civiles son consecuencia de agresiones físicas. Unas agresiones que son cada vez más frecuentes en zonas azotadas por el narcotráfico, como las provincias de Cádiz y Málaga, o en territorios fronterizos, como Ceuta y Melilla».
Ante el aumento del número de agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la Unión y la falta de recursos humanos y materiales para desempeñar sus funciones, «es necesario que la Comisión Europea tome medidas legislativas urgentes y es que la ausencia de datos no lleva a la Comisión a movilizarse para obtenerlos y mejorar la situación de los miembros de la Policías en la UE», dicen desde esta misma asociación profesional.
«ES NECESARIO QUE LA COMISIÓN EUROPEA TOME MEDIDAS LEGISLATIVAS URGENTES»
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España se dividen en tres niveles administrativos: nacional, autonómico y local. A día de hoy, el estatuto profesional a nivel nacional, la Guardia Civil y Policía Nacional difiere del de los cuerpos policiales autonómicos y locales ya que, a los primeros no se les reconoce como profesión de riesgo, aunque ya hay un proyecto de ley en elaboración que ha prometido paliar esta circunstancia. Pero de momento, esta situación es discriminatoria y, además, acarrea graves consecuencias a nivel social y económico para quienes no ostentan ese reconocimiento.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «se exponen a los mismos riesgos que los cuerpos policiales autonómicos y locales y, además, asumen otros riesgos derivados de funciones que se les han atribuido específicamente y que incrementan incluso el riesgo de agresión contra sus miembros. España se niega, arbitrariamente, a reconocer esa equiparación entre todas sus fuerzas y cuerpos de seguridad», añaden.
Desde la AUGC «seguimos trabajando también desde Europa para garantizar los derechos y mejorar las condiciones laborales de los guardias civiles. Nuestra labor se centra en la defensa de sus intereses, la promoción de la igualdad y la lucha por la justicia en todos los ámbitos. Nos esforzamos cada día para influir en las políticas europeas y nacionales, buscando siempre el bienestar y la dignidad de nuestros compañeros. A través de un diálogo constante con las instituciones y la sociedad, continuamos avanzando en nuestros objetivos y consolidando nuestra presencia en el panorama internacional», concluyen.
