La noticia sobre los presuntos delitos cometidos en el Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca (Zaragoza) ha conmocionado a la comunidad educativa y social de Aragón. El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES) ha manifestado su profunda preocupación por estos hechos y ha solicitado al Gobierno de Aragón que destine todos los recursos necesarios para atender a los menores víctimas.
El CEES ha expresado su determinación de personarse en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud, donde se investigan los presuntos delitos de lesiones, torturas, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal cometidos por el director y cuatro empleados del centro contra los menores internos.
La necesidad de una mayor supervisión y control
El CEES ha señalado que los presuntos hechos delictivos son de tal gravedad que requieren de la necesaria prudencia y responsabilidad de todas las personas y entidades cercanas al procedimiento, para que el sistema judicial pueda dictaminar lo ocurrido y se tomen las medidas oportunas.
Asimismo, la organización ha criticado la insuficiente falta de control y supervisión por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) de los conciertos con las entidades privadas que gestionan los centros de protección y reforma de la Comunidad Autónoma. Según el CEES, en demasiadas ocasiones se incumplen las condiciones establecidas por la propia administración, como las prestaciones laborales, los protocolos de actuación o las titulaciones de los profesionales.
El Colegio ha resaltado el buen hacer profesional de las educadoras y educadores sociales que trabajan en las direcciones provinciales del IASS y en los diferentes centros de protección y reforma. Sin embargo, ha señalado que la mejora de las condiciones laborales, retribuciones, descansos y ratios de quienes trabajan en estos centros es fundamental para asegurar la continuidad de los equipos educativos, que son el referente para los menores que se encuentran en el sistema de protección.
La colegiación obligatoria y la creación del Grado de Educación Social
Ante esta situación, el CEES Aragón ha exigido la colegiación obligatoria de los profesionales, tal como marca la legislación aragonesa, para garantizar que todo el personal contratado es educador o educadora social y que tiene la obligación de cumplir con el código deontológico de la profesión, evitando así el intrusismo profesional.
Además, el Colegio ha trasladado su compromiso de seguir trabajando incansablemente para garantizar la calidad, la profesionalidad y la ética en toda la intervención que desarrollan los profesionales de la Educación Social. En este sentido, han solicitado la creación del Grado de Educación Social en la Universidad de Zaragoza, con la que esperan establecer una mesa de diálogo y negociación para su puesta en marcha.
En conclusión, el CEES Aragón ha demandado una mayor supervisión y control por parte de las autoridades competentes, así como la mejora de las condiciones laborales y la colegiación obligatoria de los profesionales de la Educación Social, con el objetivo de garantizar la calidad y la ética en la atención a la infancia y la adolescencia más vulnerable.
