El Gobierno de Aragón se enfrenta a una delicada situación en torno a la financiación autonómica. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha manifestado firmemente que el Ejecutivo aragonés «va a dar batalla» y «va a utilizar todos los instrumentos legales» a su alcance para contrarrestar la financiación singular y el concierto fiscal para Cataluña pactados por el PSC y ERC. Esto representa, según Vaquero, «un ataque sin precedentes al principio de igualdad y solidaridad» que «perjudica a todas las Comunidades Autónomas».
La dirigente aragonesa ha sido enfática al señalar que «no pueden ponernos a los aragoneses un precio en la espalda» y que «no pueden convertir a los aragoneses en ciudadanos de segunda o tercera». Vaquero ha criticado duramente esta situación, considerándola un «sometimiento», un «chantaje» y un «secuestro» al que se ha sometido voluntariamente el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a costa del resto de españoles.
El Impacto en Aragón y el Llamado a la Unidad Política
Según Vaquero, esta reforma de la financiación autonómica supondría «una merma de recursos» tanto para inversiones, como para infraestructuras y servicios en la Comunidad Autónoma de Aragón. Incluso, ha hecho referencia a un informe de la Fundación Basilio Paraíso que señala que esta medida podría afectar en un 10% al déficit de la Comunidad.
Ante esta situación, la vicepresidenta ha reclamado el respaldo de todas las formaciones políticas aragonesas para hacer frente a esta reforma de la financiación autonómica. Vaquero ha expresado que «no entenderíamos que ninguna formación política que haya tenido la confianza y el apoyo de los aragoneses para representar sus intereses no estuviera al lado del Gobierno de Aragón».
La Búsqueda de Consensos y el Apoyo de Otras Comunidades Autónomas
La dirigente aragonesa ha apostado por «un acuerdo centrado sobre todo desde las instituciones aragonesas», como el Gobierno y las Cortes, para «a partir de ahí llegar a acuerdos comunes». Vaquero ha reconocido que esto se ha logrado en el pasado y ha instado a los partidos de gobierno, el PP y el PSOE, a «mostrar la máxima responsabilidad» y «la máxima lealtad» a todos los ciudadanos de la Comunidad.
Asimismo, la vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno de Aragón ya ha puesto a trabajar a sus servicios jurídicos y que van a contar con el apoyo de otras Comunidades Autónomas que compartan estos principios. Esto demuestra la determinación del Ejecutivo aragonés por defender los intereses de su territorio y hacer frente a lo que considera «un ataque sin precedentes» a la igualdad y solidaridad entre las regiones.
