La Guardia Civil ha detenido a cinco trabajadores del Centro de Menores de Ateca, por supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, cometidos hacia menores internos en dicho centro. Todos ellos han pasado este viernes a disposición judicial.
Los detenidos son el director del CAM, dos educadores y dos auxiliares. La jueza titular del juzgado Mixto número 2 de Calatayud, Aida Ramírez, encargada de la investigación judicial, les va a tomar declaración a lo largo de la mañana. Paralelamente, la juez ha dictado esta mañana un auto de medidas cautelares decretando el cierre provisional del centro.
En el auto expresa la instructora que «en el presente caso, existen indicios suficientes de los que se infiere racionalmente la comisión de delitos contra la integridad moral, tortura, lesiones, agresión sexual y pertenencia a grupo criminal, por parte de los investigados, tal y como se deduce del contenido de las exploraciones judiciales de los menores denunciantes, de las declaraciones testificales practicadas a personal trabajador del centro, de los informes forenses y de los datos obrantes en el atestado policial».
A LA ESPERA DE LA NOTIFICACIÓN JUDICIAL
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón han indicado a Europa Press que la investigación policial está en curso y que no han recibido la notificación del cierre provisional del centro.
Lo que corresponde al Ejecutivo autonómico, han continuado, es «que el centro funcione dentro de la normalidad, que los que están dentro estén atendidos y su bienestar esté garantizado, y que todo esté activo y funcionando», han señalado las mismas fuentes.
«EXISTEN INDICIOS SUFICIENTES DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL, TORTURA, LESIONES Y AGRESIÓN SEXUAL», DICE LA JUEZ
El Área de los delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo una investigación que ha permitido detener a los cinco trabajadores.
La investigación se inició como consecuencia de varias denuncias interpuestas en dependencias de Policía Nacional de Zaragoza, por parte de la progenitora de un menor que se encuentra interno en el citado centro, en las que exponía unas supuestas lesiones hacia su hijo por parte de los educadores.
Los especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, nada más conocer estos hechos, iniciaron de inmediato una investigación para verificar los hechos denunciados durante la que se han realizado multitud de gestiones y tomado manifestaciones a varios empleados del centro, así como a la supuesta víctima.
Como resultado de la información obtenida se pudo determinar que los educadores, con el conocimiento del director del centro, habrían estado llevando a cabo una serie de acciones hacia el menor en cuestión que no se ajustarían al protocolo de trato hacia los internos y que podrían incurrir en hechos delictivos.
Las actuaciones se basarían en episodios de aislamiento, tratos degradantes y vejatorios, así como lesiones producidas por determinados educadores que le habrían golpeado en el interior de una habitación, a la que habrían tapado la ventada de la puerta previamente y cerrado la misma con llave, antes de efectuarse tales agresiones.
Además, se constató cómo al menor se le habrían realizado inmovilizaciones físicas que no habrían sido registradas, tal como indica la normativa de actuación en estos centros de menores, y que de las mismas tenía conocimiento el responsable del centro, el cual habría indicado que las mismas no fuesen registradas.
Todos los hechos relatados que habría sufrido el menor, que se intensificaron desde finales del mes de junio, habrían provocado en él una inseguridad de estancia en el centro, así como un sentimiento de temor por su vida. Una situación que finalmente comunicó a una de las trabajadoras y que fue puesta en conocimiento por esta persona al director del centro de menores el cual, no observó que el procedimiento que se efectuaba con el menor fuese contrario al protocolo de actuación con los internos.
Igualmente, los investigadores conocieron que el responsable del centro, en una ocasión, solicitó a un empleado sanitario que realizase un informe que mostrase que el menor no presentaba ningún tipo de lesión, petición a la que dicho trabajador se negó en rotundidad a emitir un informe falso.
MÁS VÍCTIMAS
Durante la operación los investigadores determinaron la existencia de más víctimas internas en dicho centro, obteniendo indicios sobre hechos delictivos relativos a agresión sexual, así como de corrupción de menores, llevados a cabo por varios educadores, durante los últimos meses.
Ante los indicios obtenidos, que evidenciaban los hechos delictivos descritos anteriormente, llevados a cabo por parte de cuatro trabajadores del centro de atención de menores y del actual director del mismo, en la mañana de este jueves 1 de agosto, la Benemérita procedió a la detención de estas cinco personas.
Se les imputan supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Todos ellos han quedado este viernes a disposición judicial.
