El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha asegurado que el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa sobre el despido improcedente en España es «vinculante» y ha reclamado la convocatoria «inmediata» de la mesa del diálogo social para «corregir una legislación que es contraria al derecho internacional«.
Luján ha calificado como un «debate estéril» las discrepancias sobre si el fallo del CEDS es vinculante o no, ya que «los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español«. En este sentido, ha considerado «excusas de mal pagador» la postura de la CEOE en contra de la modificación del despido improcedente. Puede considerar que es vinculante o no pero la ley es la ley«, ha recalcado el sindicalista, que ha destacado que «los tribunales de justicia ya la están aplicando.
El Incumplimiento de la Carta Social Europea
Luján ha hecho esta reclamación después de que el CEDS haya determinado que la indemnización por despido improcedente en España «no cumple» con la Carta Social Europea al entender que «no son disuasorias ni reparatorias«.
Así, ha recordado que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, «sin hablar con los interlocutores sociales«, «rebajó sustancialmente la indemnización por despido improcedente» de 45 a 33 días por año trabajado y «desaparecían los salarios de tramitación. Lo que supuso una «gran vulneración de los derechos de los trabajadores«.
El CEDS «da la razón» al sindicato, que presentó una reclamación colectiva, y señala que «para que una compensación por un despido injusto cumpla con los estándares europeos tiene que cubrir el reembolso de las perdidas financieras» durante el periodo de litigio -los salarios de tramitación-, prever la posibilidad de readmisión, que la indemnización sea «disuasoria» y sirva para «resarcir el daño causado«.
La Necesidad de Reformar la Legislación Laboral
Las indemnización son tan exiguas que invitan a extinguir el contrato de trabajo«, ha criticado Luján que ha apelado al Gobierno de España a que «deje de incumplir un tratado internacional, vuelva a la senda de cumplir los derechos humanos y convoque con carácter inmediato la mesa de dialogo social para corregir una legislación que es contraria al derecho internacional.
El sindicato reclama «fijar una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado; eliminar o elevar los topes de compensación; fomentar la reincorporación; incluir Salarios de Tramitación y asegurar una tramitación judicial más rápida«.
En el caso de Navarra, Luján ha explicado que en 2022 se produjeron 826 demandas en materia de despidos con una indemnización media de 9.126,9 euros, lo que supuso que «las empresas navarra han pagado 7,5 millones por incumplir la ley«. «Esto no tiene ni carácter disuasorio ni resarcitorio«, ha aseverado.
