El ‘pacto singular’ para Cataluña, preacordado entre el PSC y ERC y bendecido por Pedro Sánchez, está trufado de trampas y dejará a Madrid y Baleares como únicos motores en España en el régimen común. Los líderes autonómicos del PSOE muestran una fuerte división por este pacto fiscal que garantiza la desigualdad entre españoles y deja serias dudas sobre la presencia del Estado en Cataluña. El preacuerdo estipula la recaudación, gestión y reparto de todos los impuestos en la Comunidad Autónoma, un hecho que el PSOE y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negaron por activa y por pasiva para acusar a la derecha de propagar un «bulo» sobre este asunto.
El preacuerdo no es otra cosa que la implementación del Estatuto de Cataluña de 2006, una norma que fue cercenada por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 2010. Los ejes principales del texto se centran en la construcción de una solución al «conflicto político», en referencia al ‘procés’ y el golpe de Estado dado el 1-O, con un «amplio consenso de la sociedad catalana sobre el futuro de Cataluña».
No obstante, Junts se ha posicionado en contra, mientras que también lo han hecho Vox y PP. No existe así un «amplio consenso», más cuando ERC y el PSC necesitan el apoyo clave de los ‘Comuns’ para superar la mayoría absoluta por un escaño. Además, el PSC no ha consultado a sus bases sobre el acuerdo, mientras en ERC hay fuertes reticencias.
Según el acuerdo, habrá una negociación con el Estado, cuyo acuerdo será «refrendado por la ciudadanía de Cataluña». Es decir, habrá un nuevo referéndum.
LA GENERALITAT DE PSC Y ERC TENDRÁ 26.000 M€ EXTRAS
El pacto exige la implantación de un sistema único de financiación para avanzar hacia el equilibrio fiscal, dando por hecho el agravio del Estado a Cataluña, con un incumplimiento de inversiones en el territorio. Asimismo, el desagravio será fruto de una relación bilateral, donde se firme la recaudación, gestión y liquidación de «todos los impuestos» con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades.
Es decir, el Gobierno tendrá que poner los recursos para dotar a la Agencia Tributaria Catalana relaciones bilaterales y en la recuperación, gestión y liquidación de todos los impuestos, y con el objetivo de dotar a las instituciones catalanas de los recursos necesarios para ello frente a las necesidades de Cataluña.
Además, se refuerza el «reconocimiento nacional de Cataluña», un hecho que fue tumbado por el Constitucional en 2010, pero poco importa cuando este Tribunal ha rebajado y obligado a cambiar las penas de cárcel e inhabilitación a los responsables de los ERE falsos de Andalucía.
En el preacuerdo se blinda la inmersión lingüística en Cataluña -tumbada por la sentencia del TC, así como por el Supremo y el TSJC con decenas y decenas de sentencias que obligan a los colegios a proporcionar la enseñanza en español-, mientras se dará luz verde al fomento de la «acción exterior de la Generalitat», utilizada para vender el relato independentista, precisamente contrarrestado durante la etapa de Josep Borrell al frente de Exteriores, cuyos informes han sido borrados.
MODIFICACIÓN DE LA LOFCA Y DIVISIÓN EN EL PSOE
El propio texto pone de manifiesto que este preacuerdo entre PSC y ERC serviría para revertir la sentencia Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de 2006, aprobado entonces por el PSC, ERC e ICV. Ese texto llegó al Congreso de los Diputados con la promesa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de aprobarlo, pero fue después cercenado. De hecho, en un inicio se exigió la recaudación, gestión y liquidación de todos los tributos de Cataluña, pero aquel PSOE obligó a retirarlo, motivo por el que el TC no pudo pronunciarse sobre este asunto.
«Parte de este camino llega hasta la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, momento en el que se produce un crecimiento significativo entre la ciudadanía de Cataluña de la voluntad de decidir democráticamente, pacífica y libremente el futuro político del país», afirman tanto el PSC como ERC, que culpan a una sentencia del TC de todo el ‘procés’ a pesar de cercenar derechos fundamentales, que ahora buscan enterrar de nuevo. Por este motivo, será complejo que el TC dictamine una sentencia contraria, más cuando el TJUE vigilaría también el cumplimiento de la Constitución y los derechos de los castellanohablantes.
El acuerdo, además, afirma hablar en nombre de ocho millones de habitantes, pero ni mucho menos todos ellos están a favor de este cambio normativo. Cabe señalar que modificar el Estatuto de Cataluña no es un tema menor ya que se necesitan 90 diputados para presentar la nueva norma y después someterla a un referéndum. En 2006, el Estatuto de Autonomía propuesto tan solo cosechó un respaldo del 36,5% del total de ciudadanos, mientras los socialistas vendían que obtuvieron más del 73%.
EL ANHELADO PRIVILEGIO PARA LA GENERALITAT Y LOS ‘INDEPES’
Las cuentas de la lechera estaban hechas. La norma tuvo una abstención del 50,99%, es decir, no tenía el respaldo ni de la mitad de los llamados a votar, mientras que el rechazo alcanzó el 10% del total, frente al 28% reflejado entre quienes ejercieron el derecho de voto. Sin respaldo mayoritario, el PSC insiste en resucitar una norma para la que no tiene mayoría para modificarla.
Con este nuevo privilegio, bendecido por Pedro Sánchez y líderes autonómicos del PSOE, por más que Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se haya opuesto, ERC y el PSC afirman tener mayores cuotas de autogobierno y se daría un paso crucial para alcanzar la independencia al tener «la llave y la caja», como denominan los separatistas a la recaudación, gestión y liquidación total de impuestos.
LA QUIEBRA DE LA IGUALDAD Y SOLIDARIDAD
Este preacuerdo pone de manifiesto una desigualdad manifiesta entre españoles, a pesar de las buenas palabras del PSOE de Murcia y Baleares. Para explicar este desequilibrio de consecuencias desastrosas para el conjunto de las arcas públicas, MONCLOA.com se ha puesto en contacto con José María Peláez, portavoz de Inspectores de Hacienda del Estado, sin entrar en valoraciones y cuestiones políticas, sino fiscales para evitar un debate sesgado. Los datos expresados son aproximados a la recaudación registrada en 2023.
En caso de materializarse este preacuerdo, Cataluña recibiría 26.000 millones de euros en impuestos, hasta alcanzar una gestión de 53.000 millones en tributos, como transacciones patrimoniales, Sucesiones, Patrimonio, IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades, más el resto de impuestos cedidos y propios.
Cataluña recibiría prácticamente el doble de ingresos
Para Peláez, el nuevo sistema de financiación singular para Cataluña se parecería al cupo en el País Vasco, recogido en la Constitución, pero con una diferencia. Las Comunidades Forales suponen el 7% del total de la recaudación, frente al 20% de Cataluña. «Cataluña recibiría prácticamente el doble de ingresos, 26.000 millones más, que se destinan a sus políticas sociales y mantener cubiertas sus funciones», apunta.
LA SALIDA DEL ESTADO DE CATALUÑA
«Si resulta que estos 26.000 millones van a parar a Cataluña, significa que el Estado va a recaudar 26.000 millones de euros menos en impuestos. Por este motivo, el montante que presta el Estado al resto de autonomías se va a resentir», ha indicado. Esta situación elevaría la presión sobre las Comunidades Autónomas que llevan el peso del sistema, como Madrid y Baleares.
Tal y como explican fuentes políticas, la «situación es diabólica» para las Comunidades que más aportan. «Son las que han apostado por una gestión íntegra y honesta del dinero público», han indicado. En este sentido, ponen de manifiesto el «roto» al sistema de financiación actual.
«Si Madrid consiguiera lo mismo que Cataluña habría una España de ricos y otra de pobres. El barrio Salamanca sería aún más rico y con mayores inversiones frente a cualquier municipio de Murcia o Andalucía», destacan. Y es que, el dinero se quedaría también en Madrid.
UN ESTADO SIN INGRESOS SI SE DA EL PRIVILEGIO A TODAS LAS CCAA
Pero la premisa de ERC y el PSC esconde otra vía aún más perversa. Si las CC AA del régimen común -la inmensa mayoría controladas por el Partido Popular- se negaran a la insolidaridad manifiesta por los republicanos y socialistas, Madrid, Baleares y Valencia tendrían que aumentar su aportación para cubrir las necesidades de Andalucía, las dos Castillas, Galicia y Murcia, así como las de Ceuta y Melilla. «Obligaría a aplicar recortes en servicios esenciales o bien incrementar los impuestos, cuando la tendencia de estos territorios es justo mantener un nivel de impuestos bajo», apuntan.
Sea con menores inversiones y gasto o con mayores impuestos, la fórmula avalada por Pedro Sánchez y numerosos socialistas -ni un solo diputado ni ministro se ha salido del guion establecido- habrá numerosos desequilibrios en el sistema.
ESPAÑA DESAPARECE COMO ESTADO
«España como Estado desaparece», apunta Peláez en el caso de que todas las CC AA se acogieran a este sistema. «Si es tan buen acuerdo, por qué no se ofrece esta misma fórmula al resto de Comunidades Autónomas», destaca, recogiendo así las buenas palabras de Pedro Sánchez para justificar este traspaso.
«El Estado desaparece si todas las CC AA realizaran la recaudación, gestión y liquidación del impuesto», insiste el portavoz de los Inspectores de Hacienda. «Qué pinta el Estado sin ingresos», reflexiona.
Asimismo, en el caso de materializarse este preacuerdo entre ERC y el PSC, habría que plantear una reforma de la LOFCA, la ley que regula la financiación autonómica, tal y como establece el artículo 157 de la Constitución. De tal forma, «tendríamos catorce Comunidades Autónomas que van a recibir 50% del IVA y el 50% del IRPF, mientras que Cataluña va a recibir el 100% de todos los tributos. «Con esta reforma sería legal, pero se quiebra el principio de Igualdad», ha sostenido. En este sentido, la Constitución establece que ninguna Comunidad Autónoma puede tener privilegios por razón de carácter económico, mientras que también se podría romper el principio de Solidaridad.
«Si los catalanes van a disponer del doble del supuesto para su financiación de inversiones,
para salud pública, para sanidad, y el resto de ciudadanos de España no, el principio de igualdad por supuesto se rompe y habrá ciudadanos de primera que ahora son los de País Vasco y Navarra, luego serán los catalanes, para después tener otros ciudadanos de segunda, que formarían el resto de España», ha destacado. En este sentido, Madrid y Baleares tendrían que cubrir el agujero pactado entre ERC y el PSC por Cataluña.
Asimismo, en el preacuerdo se exige el pago de la inversión para poder desarrollar la Agencia Tributaria, mientras se ocultan dos de las partidas clave: la deuda y las pensiones. Al tener un concierto a la vasca, Cataluña debería hacerse cargo de su parte de la deuda, así como de sus propias pensiones. En este sentido, Cataluña soporta una deuda de más de 83.700 millones de euros por sí misma, a la que habría que añadir la parte correspondiente del Estado, es decir, también el 20%.
LOS INTERESES DE DEUDA SIN APORTACIÓN DE CATALUÑA
Según los últimos datos del Tesoro, la deuda en circulación de España alcanza los 1,437174 billones de euros, cuyos intereses se sufragan con los impuestos generados por las Comunidades Autónomas. El montante del coste de la deuda del Estado alcanza los 41.000 millones de euros anuales, aplicando el mismo porcentaje, la Generalitat debería abonar cerca de 8.000 millones de euros.
En caso de no abonar ni un euro, serían el resto de contribuyentes de las CCAA del régimen común quienes tendrían que hacer frente al agujero, un recorte que habría que sumar a los 26.000 millones que deja de recaudar el Estado. La factura anual alcanzaría así los 34.000 millones de euros por este pacto, un montante que debe repartirse entre el resto de CC AA del régimen común.
Además, a este embrollo hay que sumar otros gastos como las pensiones, un sistema desequilibrado y con una factura mensual que roza los 13.000 millones de euros mensuales. ¿Quién debería pagar las pensiones en Cataluña? ¿La Generalitat? ¿El Estado? ¿Se pedirá entonces la solidaridad del resto de Comunidades Autónomas a las que se les ha perjudicado gravemente con este pacto fiscal?
