El Departamento de Transportes de Texas ha tomado una decisión estratégica al aprobar la adquisición de la autopista SH-288 a la empresa ACS, así como una compensación máxima de 1.731 millones de dólares (1.606 millones de euros) a pagar antes del próximo 8 de octubre de 2024. Esta medida busca aprovechar el gran crecimiento que está experimentando esta carretera para bajar los peajes que pagan los ciudadanos texanos y que la vía no siga en manos privadas, cuyos acuerdos limitan el uso de la misma como servicio público.
La comisión de la Administración ha votado por unanimidad para conceder a la corporación pública de transporte las autorizaciones pertinentes para adquirir, financiar, operar y mantener esta autopista. Esta decisión unilateral, anunciada el pasado mes de abril, se ha hecho realidad tras la votación a favor del cambio de titularidad de este activo.
El Impacto en ACS y Abertis
Esta medida del Departamento de Transportes de Texas ha sido incluida por ACS en su última cuenta de resultados bajo el epígrafe de ‘Riesgos estratégicos’, recordando que la Administración texana dio un plazo de seis meses para negociar alternativas a esta terminación.
«En la actualidad, el grupo ACS y Abertis están manteniendo diferentes conversaciones con la autoridad concedente sin que, hasta la fecha se haya alcanzado un acuerdo», asegura la compañía. Sin embargo, el Departamento de Transportes de Texas ya ha tomado la decisión de aprobar el cambio de titularidad de la SH-288 y pagar una tarifa por la terminación anticipada del contrato a Blueridge, la actual concesionaria participada al 43,2% por ACS y al 56,8% por Abertis.
El Impacto en los Usuarios y la Comunidad
La decisión del Departamento de Transportes de Texas también tiene un impacto en los usuarios de la autopista SH-288. En los últimos años, la tarifa máxima de peaje permitida ha crecido de manera significativa, un 14,9% el año pasado y otro 15,2% para este 2024. Con estos datos, las autoridades creen que el valor de la autopista está muy por encima del que esperaban al adjudicarla a un consorcio privado en 2016.
Al tomar el control de esta vía, el Gobierno de Texas busca reducir los peajes que pagan los ciudadanos y que la autopista no siga en manos privadas, cuyos acuerdos limitan el uso de la misma como servicio público. Esta medida pretende beneficiar a la comunidad local, al mejorar la accesibilidad y asequibilidad de esta importante infraestructura de transporte.
