El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que instruye el Caso Koldo ha fijado para septiembre nuevas diligencias consistentes en las declaraciones de como investigados del subsecretario de Estado de Transportes, Jesús Manuel Gómez; del jefe de personal de ADIF, Michaux Miranda; y del exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares. Pero también ha llamado a declarar como testigos a funcionarios de Puertos del Estado y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) cuyos testimonios pueden ser importantes si el juez decide apuntar a la cabeza del ministerio, a cuyo frente se encontraba entonces el ex ministro José Luis Ábalos, y que puede acabar en su imputación, lo que salpicaría directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE, pues Ábalos era secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento cuando sucedieron los hechos, hasta julio de 2021, cuando fue cesado en ambos cargos. Luego Ábalos pasó al Grupo Mixto tras estallar el escándalo Koldo
El juez Moreno ha citado para declarar el 13 de septiembre como testigos al presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo; a la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos del organismo, Aránzazu de Miguel; a la jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado, María Belén Caballero Martínez no ha pillado a nadie por sorpresa. El 16 de septiembre el magistrado tomará declaración también como testigos a la ex presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y al director de Recursos Humanos del ente público, Martín José Navarro Vicent. También prestarán testimonio el 17 de septiembre del jefe de Recursos Humanos de ADIF, Jesús Ángel Díaz, y del secretario del Consejo de Administración de ADIF, Guillermo Martínez de Simón.
Para entender el por qué de estas citaciones hay que explicar que tanto De Miguel como Caballero formaban parte del Área jurídica de Puertos del Estado y del equipo de trabajo de Álvaro Sánchez, ex presidente de este mismo organismo cuando se compraron las mascarillas a Soluciones de Gestión y algo similar ocurre con Navarro, Díaz y Martínez, que pertenecían al equipo de trabajo de Isabel Pardo de Vera, en ADIF. Hay que recordar que la empresa Soluciones de Gestión resultó adjudicataria de licitaciones para la compra de material sanitario por algo más de 51 millones de euros.
También acudirán a testificar el 18 de septiembre el actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes Javier Sánchez Fuentefría, y el subdirector general de planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar Prieto.
Los nombres de todos estos funcionarios aparecen en el último informe de la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 28 de mayo de 2024, en el que se recoge que algunos altos cargos «podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas».
El juez Moreno quiere saber por qué «los responsables de Soluciones de Gestión tenían conocimiento de que iban a resultar adjudicatarios de un contrato, al menos tres días antes que el propio organismo adjudicador», según recoge el documento realizado por la UCO.
«LOS RESPONSABLES DE SOLUCIONES DE GESTIÓN TENÍAN CONOCIMIENTO DE QUE IBAN A RESULTAR ADJUDICATARIOS DE UN CONTRATO», afirma la uco
Respecto a este mismo asunto un correo de Álvaro Sánchez Manzanares, ex presidente de Puertos del Estado e imputado en la causa, a las testigos Aránzazu de Miguel y Belén Caballero cita que «han ofrecido al ministerio una partida de 1 millón de mascarillas» y luego explica que «no tengo idea del proveedor». Para la UCO «a fecha de 19 de febrero de 2020, Álvaro tiene conocimiento de que una empresa que desconocería se habría puesto en contacto con el MITMA».
Pero el correo continua diciendo que «nos piden los jefes que, por razones de agilidad y liquidez, la compra la realice Puertos del Estado», algo que refleja la UCO en su oficio «para dejar constancia de que Álvaro (Sánchez Manzanares) estaba recibiendo instrucciones para contratar con Soluciones de Gestión. Para finalizar con el análisis de esta comunicación, resulta necesario reflejar que Álvaro no solicita a su equipo de trabajo localizar una mercantil para el suministro de mascarillas, sino articular la compra de manera legal. Por ende, este hecho reforzaría que la selección de la empresa ya se habría realizado por parte del MITMA, pues es éste órgano quien imparte las instrucciones».
ENLACE DEL MITMA DE ÁBALOS
También el ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes Javier Sánchez Fuentefría, deberá testificar ante el juez. En su caso el 18 de septiembre, las preguntas serán relativas a su participación como «enlace» entre el MITMA de Ábalos y Álvaro Sánchez, presidente de Puertos del Estado. En su último informe la UCO recogía que «el día 20 de marzo de 2020 Álvaro (Sánchez Manzanares) parece no conocer todavía al empresa suministradora de material sanitario que habría efectuado una oferta al MITMA, ya que en una nueva comunicación le pregunta a Fuentefría si se ha producido alguna novedad (…). Fuentefría le contesta que se encuentra a la espera de noticias. De esta manera, se pone en relieve el papel de éste último, Fuentefría, en los hechos investigados como transmisor de las instrucciones del MITMA a Álvaro. Al mismo tiempo, también se pone en relieve la dependencia de Álvaro frente al MITMA, de quien parece esperar instrucciones para la compra de mascarillas».
Además, los investigadores comprobaron que «la oferta de Soluciones de Gestión que recibe Fuentefría se trata de un reenviado (RV). El correo original proviene del buzón de la Secretaría particular de la Subsecretaría del MITMA, quien (…) remite esta comunicación a Jesús Manuel Gómez García, en ese momento Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana». Gómez García está imputado en la causa por el juez Moreno. La UCO reseña que «debe subrayarse la vinculación directa de Gómez García, subsecretario del MITMA, con Ábalos y Koldo».
El informe también alude al equipo especialista en contratación pública que tuvo que improvisar Álvaro Sánchez, para el que reclamó a Aránzazu de Miguel y Belén Caballero, ambas llamadas a declarar como testigos. La UCO reseña en su informe que «resulta llamativo que cuando Álvaro comentó a su equipo «para vuestra tranquilidad cuando el tema esté cerrado el anuncio lo va a realizar el Presidente del Gobierno» Aránzazu respondiera «sólo espero no acabar en el fondo del Manzanares con una losa de hormigón en los pies» para que seguidamente Álvaro comentara «después de esto nos vamos a gestionar el cártel de Cali. En segundo lugar, en otra comunicación Aránzazu se muestra crítica a la hora de valorar la documentación que aporta la empresa Soluciones de Gestión. Cabe destacar que «la documentación remitida está OK. Es una empresa enana». Un mail al que el ex secretario general de Puertos le contesta que «claro, es una empresa de intermediación claramente».
El equipo encargado de realizar la compra de las mascarillas por parte del ministerio de José Luis Ábalos, el MITMA, claramente desconfiaba de que la empresa que iba a suministrar las mascarillas y de la intermediación de Koldo García y Víctor de Aldama. En una serie de correos electrónicos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se pone de manifiesto esta desconfianza y a pesar de la misma compraron las mascarillas. Los protagonistas de esos mails volcados son Koldo García, Víctor de Aldama, el ex Secretario General de Puertos del Estado, Álvaro Sanchez Manzanares, Aránzazu de Miguel, Jefa de Contratación del citado organismo, Gabriel Argüelles, Subdirector de Administración General y Belén Caballero, jefa del Departamento Jurídico.
Para tranquilizar las dudas surgidas dentro del equipo legal de contrataciones el propio Álvaro comenta en un correo electrónico que «Dos anécdotas: el Ministerio del Interior quiere contratar a la misma empresa. Dos, no tengo que deciros el sentimiento de profundo agradecimiento que tiene el Ministerio a Puertos del Estado». Cuando la segunda compra de mascarillas el Ministerio se la encargó a ADIF los correos electrónicos que intercambiaban los funcionarios de Puertos del Estado eran de alivio.
De hecho, cuando ADIF va a comprar las mascarillas le pide ayuda a Aránzazu de Miguel, de Puertos del Estado, que intercambia varios correos con Jesús María Campo, director general de Negocios y Operaciones Comerciales de ADIF. Campo le pide a Aránzazu asesoramiento sobre la contratación que van a hacer.
LA COMPRA DE ADIF
Finalmente, ADIF adjudicó el 27 de marzo de 2020 un contrato a Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas por 12.500.000 euros. Para los investigadores de la Guardia Civil, «en este contexto, Michaux Miranda Paniagua, que en ese momento era director General de Gestión de Personas en ADIF, asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por ADIF y la contratación pudiera llevarse a término». Por eso, Miranda figura como investigado en la causa y también prestará declaración en septiembre.
Uno de los correos de Michaux Miranda resulta reseñable para la UCO, «enviado el 15 de marzo de 2020 donde comunicaba a varios funcionarios de ADIF en relación con la necesidad de adquirir material sanitario de forma urgente que «en paralelo, estoy en contacto con el Ministerio para que nos tengan en cuenta si realizan una compra centralizada (…). No obstante, que esto no paralice nuestras propias gestiones», es decir, que Michaux Miranda «refería estar paralelamente en contacto con el Ministerio». El juez Moreno querrá preguntarle con qué persona del MITMA tenía este contacto.
Para la UCO los contactos telefónicos de Miranda con Koldo García y los correos que intercambia con Soluciones de Gestión, «puede entenderse que al igual que sucedía con Puertos del Estado, la mercantil investigada era conocedora de su selección como empresa suministradora de material sanitario con anterioridad a las personas encargadas de dar trámite a su contratación».
ADIF compró 5 millones de mascarillas por 12,5 millones de euros y cuando la noticia se publicó en un diario de información general el 13 de abril de 2020, atribuyéndole a Soluciones de Gestión su relación con una sociedad «off shore», el equipo de Prensa de ADIF comenzó a elaborar un dossier para justificar la compra realizada, tal y como recoge el informe de la UCO.
Si alguno de los testigos o imputados señalase directamente al exministro Ábalos el juez tendrá dos opciones, la primera abrir una pieza separada de la causa general y enviarla al Tribunal Supremo para solicitar el aforamiento de Ábalos en base a los indicios recabados, pero que todavía es diputado y por tanto aforado ante los tribunales; y la segunda, enviar toda la causa al Supremo para que decida si continúa adelante o se lo queda el Alto Tribunal.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a todos los investigados presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. El juez además a citado a Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia el 12 de septiembre, en calidad de testigo. Tendrá que explicar al juez el papel de la aerolínea en el traslado de las mascarillas y su relación con Víctor de Aldama y Koldo García.
