La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha generado un impacto significativo en las leyes de caza de Castilla y León, declarando ilegal la normativa autonómica que permitía la caza de lobos a pesar de su estado de conservación desfavorable a nivel nacional.
La sentencia que cambia las reglas de la caza del lobo
En su fallo emitido este lunes, el TJUE, con sede en Luxemburgo, determinó que la ley autonómica de Castilla y León contraviene la Directiva europea al declarar al lobo como especie «cazable» cuando su estado de conservación es inadecuado en todo el país. Esta resolución subraya que permitir la caza de una especie en peligro no puede justificarse si el objetivo es mantener o restablecer dicha especie en un estado de conservación favorable.
«El hecho de que una especie animal pueda ser objeto de medidas de gestión no implica que su estado de conservación sea favorable», destaca la sentencia del TJUE.
La directiva europea y la obligación de proteger al lobo
La Directiva europea establece que las especies en peligro deben ser objeto de medidas de protección específicas, que pueden incluir restricciones a la caza. Según la sentencia del TJUE, estas medidas de gestión deben estar basadas en los datos científicos más recientes y ser verificadas a través de informes de conservación periódicos elaborados por los Estados miembros.
El Gobierno de España, en su informe a la Comisión Europea en 2019, indicó que entre 2013 y 2018 el estado de conservación del lobo era desfavorable en todo el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades autonómicas de Castilla y León no consideraron estos datos en su legislación, lo que llevó a la intervención del TJUE.
La implicación del principio de cautela en la conservación
El TJUE también recalcó la importancia del principio de cautela en los casos donde existe incertidumbre sobre los riesgos para mantener una especie en un estado de conservación favorable. Si hay dudas, se deben tomar medidas restrictivas, incluyendo la posible prohibición de la caza para evitar un mayor deterioro del estado de conservación de la especie.
«Si es necesario, la caza puede incluso prohibirse», resalta el TJUE.
Las repercusiones para las políticas autonómicas de conservación
La resolución del TJUE implica que las autoridades de Castilla y León deben revisar y adecuar sus políticas de gestión y caza de lobos conforme a los criterios europeos. Esto supone no solo acatar la prohibición de caza en condiciones de conservación desfavorables, sino también implementar estrategias que contribuyan a la mejora del estado de conservación de esta especie en todo el territorio de la comunidad.
La necesidad de una vigilancia científica continua
La sentencia también subraya que cualquier decisión sobre la gestión de especies en peligro debe basarse en una vigilancia científica continua. Los informes de conservación deben actualizarse cada seis años y reflejar los últimos datos obtenidos gracias a la vigilancia realizada por los Estados miembros. Solo así se pueden tomar decisiones informadas y justificadas sobre la caza y otras medidas de gestión.
En resumen, el fallo del TJUE establece un precedente crucial para la conservación de especies en peligro en España y en el resto de la Unión Europea. Obliga a las autoridades autonómicas y nacionales a alinear sus políticas de gestión de fauna con las normativas europeas y a priorizar los esfuerzos de conservación basados en datos científicos sólidos.
Las implicaciones para los cazadores y la gestión de la fauna
Esta sentencia tendrá efectos directos en la comunidad de cazadores y en las políticas de gestión de fauna en Castilla y León y posiblemente en otras regiones de España. La prohibición de cazar lobos en condiciones de conservación desfavorables puede enfrentar opiniones divididas, pero es un paso crucial para asegurar la sostenibilidad y la recuperación de esta especie emblemática.
En conclusión, la intervención del TJUE pone de manifiesto la necesidad de armonizar las leyes autonómicas con las directrices europeas para garantizar la efectiva protección de especies en peligro. Esta armonización no solo es esencial para cumplir con los compromisos de conservación, sino también para asegurar que la gestión de la fauna se realice de manera responsable y basada en la mejor evidencia científica disponible.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea manda un mensaje contundente: la caza de especies en peligro debe estar estrictamente regulada y justificada para proteger nuestra biodiversidad.
