El Parlamento de Gambia ha decidido mantener la prohibición sobre la mutilación genital femenina (MGF), una práctica ilegalizada en 2015.
Tras un extenso debate político y social que duró cuatro meses, 33 diputados rechazaron la propuesta de despenalización frente a 19 que votaron a favor, lo que llevó al presidente de la Asamblea Nacional, Fabakary Tombong Jatta, a desestimar el proyecto de ley.
“El Parlamento no puede involucrarse en un ejercicio tan inútil como permitir que el proyecto de ley pase a una tercera lectura”, afirmó Jatta tras la votación, declarando que el proceso legislativo estaba agotado.
Según un informe de Unicef del año pasado, un 76% de las mujeres gambianas de entre 15 y 49 años han sido víctimas de esta práctica.
De haberse aprobado, Gambia habría sido el primer país en revertir la protección contra esta violación de derechos humanos que afecta a 234 millones de mujeres y está en aumento, según Unicef.
La sociedad civil reaccionó con satisfacción ante la decisión. La activista Fatou Baldeh expresó su alivio por el rechazo del proyecto de ley, aunque subrayó la necesidad de una mayor implementación de la prohibición de 2015.
“Me alivia que se haya derogado el proyecto de ley, pero me entristece que se haya puesto en riesgo las vidas de las niñas gambianas”, aseguró Baldeh en su cuenta de X. Añadió que, aunque la prohibición sigue en pie, “debemos garantizar que esta ley se aplique efectivamente”. Desde su promulgación en 2015, la ley sólo ha resultado en condenas desde agosto de 2023.
Adriana Kaplan, de la ONG Wassu Gambia Kafo, consideró la decisión como “una conquista”, destacando la importancia de cumplir con la legislación vigente.
1Contexto Gambia
El proyecto de ley para derogar la prohibición había sido aprobado en segunda lectura en marzo, pero un informe del comité parlamentario, presentado el 8 de julio, recomendó mantener la prohibición para proteger la salud y el bienestar de las niñas y mujeres.
Los debates han sido seguidos de cerca por organismos internacionales, ONG y donantes, dada la necesidad de financiación y apoyo en un país donde el 40% de la población vive en la pobreza, según el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).
En estos meses, se llevó a cabo un diálogo nacional con la participación de médicos, expertos, organizaciones internacionales, supervivientes y activistas. La conversación también se extendió a las redes sociales, donde las mujeres compartieron sus experiencias en una especie de Me Too de la mutilación genital femenina.
La ley de 2015 establece penas de hasta tres años de cárcel y multas de unos 773 euros para quienes practiquen o promuevan la MGF, y cadena perpetua si la ablación resulta en la muerte. Sin embargo, su aplicación ha sido limitada hasta el año pasado, cuando un juez condenó a una circuncidadora y dos madres por practicar la ablación a ocho niñas.
