La no aprobación de la senda de déficit del Gobierno central en el Congreso de los Diputados ha generado una parálisis en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, lo que a su vez ha desencadenado una creciente incertidumbre y limitaciones en la prestación de servicios públicos, según ha manifestado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Esta situación se enmarca en el proceso de negociación de la Presidencia en Cataluña, que ha impedido la consecución de ciertos acuerdos necesarios para la aprobación de la senda de déficit. Con los presupuestos prorrogados en 2024, el Gobierno de Canarias se ve limitado en la ejecución de determinados capítulos de inversión presupuestaria, lo que genera una preocupante incertidumbre para los ciudadanos.
LA PARÁLISIS PRESUPUESTARIA Y SUS CONSECUENCIAS
Clavijo calificó la falta de aprobación de la senda de gasto como una «mala noticia», ya que esto habría ampliado el techo de gasto y permitido a Canarias, «la comunidad autónoma más saneada de todo el Estado», seguir prestando servicios públicos de manera eficaz. Sin embargo, el actual «encorsetamiento de la regla de gasto» limita la capacidad de Canarias para cumplir con sus obligaciones.
El presidente de Canarias resaltó que, a pesar de ser una de las comunidades «menos endeudadas» y haber cerrado el primer semestre con superávit, la incertidumbre generada en Madrid está «contaminando y salpicando todo», convirtiéndose en un problema para los ciudadanos en lugar de una solución.
LA IMPORTANCIA DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
La falta de aprobación de la senda de déficit y la paralización de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 representan una grave amenaza para la estabilidad presupuestaria y la capacidad de las administraciones públicas para atender las necesidades de los ciudadanos. Esta situación genera incertidumbre y limita la prestación de servicios, lo que impacta directamente en el bienestar de la población.
En el caso de Canarias, la solvencia financiera de la comunidad autónoma se ve cuestionada, a pesar de ser una de las regiones «más saneadas» del país. La rigidez de la regla de gasto impuesta por el Gobierno central dificulta la ejecución de proyectos de inversión y la adaptación a las cambiantes necesidades de los canarios.
Ante esta crisis presupuestaria, el Gobierno de Canarias se ve obligado a trabajar en un escenario de incertidumbre, lo que limita su capacidad de planificación y ejecución de políticas públicas eficaces. Esta situación pone de manifiesto la importancia de la estabilidad presupuestaria y la necesidad de alcanzar acuerdos políticos que permitan una gestión responsable y coherente de los recursos públicos.
EL IMPACTO DE LA INACCIÓN POLÍTICA EN LOS CIUDADANOS
La parálisis presupuestaria generada por la falta de aprobación de la senda de déficit del Gobierno central no solo afecta a la prestación de servicios públicos, sino que también se convierte en un problema para los ciudadanos. La incertidumbre y la falta de planificación obstaculizan la capacidad de las administraciones para atender las necesidades de la población de manera eficiente.
Clavijo señaló que esta situación de «encorsetamiento de la regla de gasto» supone un «perjuicio para el ciudadano», ya que la «incertidumbre» generada impide la generación de un «escenario» adecuado para la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.
La inacción política en Madrid parece «contaminar y salpicar todo», convirtiendo a Canarias en «un problema para los ciudadanos, más que la solución». Esto pone de manifiesto la necesidad de un liderazgo político responsable y comprometido con el bienestar de la población, capaz de superar las diferencias ideológicas y alcanzar acuerdos que garanticen la estabilidad presupuestaria y la prestación de servicios públicos de calidad.
En conclusión, la parálisis presupuestaria generada por la falta de aprobación de la senda de déficit del Gobierno central ha desencadenado una grave crisis de incertidumbre que impacta directamente en la capacidad de las administraciones públicas para atender las necesidades de los ciudadanos. Esta situación exige un liderazgo político responsable y una voluntad de diálogo que permita alcanzar acuerdos y garantizar la estabilidad presupuestaria necesaria para el desarrollo y el bienestar de la población.
