En un giro inesperado, la asociación Manos Limpias ha solicitado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que plantee una «cuestión prejudicial interpretativa» ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de emitir la nueva sentencia ordenada por el Tribunal Constitucional (TC) en relación a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, Magdalena Álvarez. La asociación alega que la sentencia del TC no cumple con las garantías de independencia e imparcialidad exigidas por la regulación europea.
El TC había anulado parcialmente la condena a Álvarez y otros ex dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía por los famosos casos de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas, considerando que la Audiencia de Sevilla había incurrido en una «interpretación extravagante e imprevisible» de los delitos de prevaricación y malversación. Ahora, Manos Limpias cuestiona la legitimidad del propio TC para tomar esta decisión.
Cuestionando la Composición del Tribunal Constitucional
Según Manos Limpias, el TC «no cumplía las garantías de independencia e imparcialidad exigidas» por la jurisprudencia del TJUE, ya que nueve de los once magistrados que dictaron la sentencia tenían vínculos con el Legislativo o el Ejecutivo español, y cinco de ellos, incluido el expresidente Cándido Conde-Pumpido, presentaban vínculos directos con el PSOE, al que pertenecían muchos de los condenados.
La asociación argumenta que esto contraviene las exigencias europeas de que los tribunales constitucionales de los Estados miembro deben ser independientes e imparciales en la designación de sus miembros por parte del Legislativo y el Ejecutivo. Consideran que la composición del TC pone en duda la validez de su sentencia.
Implicaciones para la Persecución del Fraude a la Unión Europea
Manos Limpias advierte que la sentencia del TC contiene declaraciones contrarias a la persecución eficaz y disuasoria del fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, al interpretar de manera restrictiva conceptos como «resolución administrativa arbitraria» o la supuesta «inmunidad penal» de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos.
Según la asociación, esto supone un «riesgo de impunidad» para los implicados en el caso de los ERE, lo que genera una «imagen de ausencia de persecución de la corrupción en España» y «protección asimétrica de los intereses financieros de la Unión» entre los Estados miembro.
Por ello, Manos Limpias solicita que la Audiencia de Sevilla plantee al TJUE una cuestión prejudicial para determinar si la sentencia del TC es realmente «compatible» con la obligación de los Estados de «combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión», tal y como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
