La situación de Canarias con respecto a la acogida de menores inmigrantes no acompañados es una realidad apremiante que requiere una respuesta inmediata por parte del Gobierno de España. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno para que «ponga en marcha cuanto antes» el decreto ley que permita obligar a las comunidades autónomas a acoger a estos menores de manera distribuida por todo el territorio del Estado.
Esta solicitud surge después de que la tramitación de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de estos menores no haya sido aprobada en el Congreso de los Diputados. Morales considera este rechazo como un «desprecio tremendo de la ultraderecha y de la derecha» hacia la realidad de Canarias, los derechos humanos y el derecho internacional. Según ha informado la institución insular, Morales ha indicado que es «inaceptable que no se hayan buscado fórmulas de encuentro para hacer posible que salga adelante» esta reforma, ya que se ha dejado claro que «no hay medios, no hay recursos, no hay posibilidades de atender dignamente a estas personas» en Canarias.
La Necesidad de una Respuesta Solidaria a Nivel Nacional
Morales ha hecho hincapié en la importancia de una «acogida solidaria» en el conjunto del Estado, algo que considera «absolutamente incomprensible» que los diputados del Partido Popular canario hayan «desoído las demandas de esta tierra y hayan votado siguiendo los intereses de su partido y no los intereses de Canarias». El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha calificado esta situación como «una enorme irresponsabilidad», y ha instado a los diputados de Canarias, independientemente de su color político, a que «pongan los intereses de esta tierra, de los hombres y las mujeres que los han elegido, siempre por delante de los de los colores de sus organizaciones políticas».
La Necesidad de una Solución Urgente a Nivel Nacional
El rechazo de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores inmigrantes no acompañados ha dejado en evidencia la falta de solidaridad y responsabilidad a nivel nacional para hacer frente a esta situación. Canarias se encuentra desbordada y sin los recursos necesarios para atender dignamente a estos menores, por lo que es crucial que el Gobierno de España actúe con urgencia y ponga en marcha el decreto ley que permita obligar a las comunidades autónomas a acoger a estos niños y adolescentes de manera distribuida.
La acogida solidaria y la distribución equitativa de estos menores en todo el territorio del Estado son fundamentales para garantizar sus derechos y brindarles la atención y el apoyo que necesitan. Es una responsabilidad que trasciende los intereses políticos y que debe ser asumida por todos los actores implicados, priorizando siempre el bienestar y la protección de los más vulnerables.
