Quien es considerado uno de los mejores abogados penalistas del momento se muestra molesto por el tratamiento al juez instructor y considera que falta cooperación por parte de la acusación.
El pasado lunes, el programa “El Cascabel” de 13TV entrevistó a Juan Gonzalo Ospina, director de Ospina Abogados y reconocido como uno de los mejores abogados penalistas de España, analiza los recientes desarrollos en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Gómez se encuentra imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en un caso que ha generado considerable controversia política y mediática.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y COOPERACIÓN
Ospina respeta pero no comparte la totalidad de la estrategia de defensa adoptada por los abogados de Gómez, señalando que la falta de transparencia y cooperación no benefician a su imagen pública. Según Ospina, «si Gómez realmente es inocente, su defensa debería centrarse en esclarecer los hechos de manera abierta y buscar un archivo y sobreseimiento del caso lo antes posible, en lugar de adoptar posturas defensivas que generan desconfianza», esgrimió el abogado experto en causas de corrupción política.
«Cualquier abogado penalista debe ser lo suficientemente ágil para instruir a su cliente sobre las posibles preguntas que el juez le formulará, evitando así cualquier sorpresa. Esta estrategia de no responder adecuadamente se usa cuando no estamos seguros de las preguntas o cuando el cliente no es capaz de responderlas. Sin embargo, no creo que Begoña Gómez no sea capaz de responder las preguntas del juez» se mostraba con firmeza Ospina.
LA CITACIÓN A PEDRO SÁNCHEZ LE PONDRÍA EN UNA SITUACIÓN DELICADA AL ESTAR OBLIGADO A DECIR LA VERDAD
La situación se complica aún más con la citación de Pedro Sánchez para declarar testigo el próximo 30 de julio. El letrado explicó las diferencias fundamentales entre el rol de un testigo y el de un imputado en el proceso penal. Mientras que el imputado tiene derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, el testigo está obligado a decir la verdad bajo juramento, «lo cual podría poner a Sánchez en una posición delicada, dependiendo de las preguntas que le formulen», apuntaba.
CONSIDERA IMPROPIOS LOS SEÑALAMIENTOS AL JUEZ INSTRUCTOR
El caso ha sido polémico desde el inicio, especialmente porque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no encontró pruebas concluyentes contra Gómez contra el criterio del juez Juan Carlos Peinado, quien decidió imputarla, lo que ha sido interpretado por algunos como una decisión con posibles motivaciones políticas. El Gobierno ha expresado su “extrañeza” ante la imputación y ha defendido la inocencia de Gómez, atribuyendo la denuncia a maniobras de la derecha y de grupos ultraderechistas.
Para Ospina el señalamiento al juez instructor «es algo que considero impropio. ¿Por qué? Porque llevan más de tres tomos en un juzgado de Plaza Castilla. El Juzgado de Instrucción 41, para que la audiencia lo entienda, tiene más de 500 folios. Se han tomado más de 15 o 20 declaraciones a diferentes testigos. Por tanto, no estamos ante una cuestión baladí, no estamos ante algo infundado que el juez de instrucción ha decidido iniciar una investigación prospectiva», refiere con cierto enfado el abogado penalista.
En la entrevista, Ospina también abordó las garantías procesales a las que tiene derecho Gómez como imputada, enfatizando la importancia de que su defensa tenga acceso a toda la documentación relevante y la posibilidad de refutar las acusaciones con evidencias claras. Además, mencionó que la defensa ha solicitado el levantamiento del secreto de sumario para poder preparar una defensa efectiva.
INDICIOS INCRIMINATORIOS SÓLIDOS CONTRA BEGOÑA GÓMEZ
La entrevista conducida por Antonio Jiménez ha sido ampliamente asentida por el ámbito jurídico, dejando reflexiones que ya son virales en redes sociales. El abogado a pregunta del presentador apuntaba que «cabe recordar a la audiencia que la Audiencia Provincial de Madrid, la Sección 23, compuesta por tres magistrados, ha determinado que existen indicios inmediatorios sólidos para que se inicie esta investigación criminal y se depuren responsabilidades».
«Por lo tanto, no creo que esto sea una investigación por parte de la ultraderecha, como se intenta decir, en contra del presidente del gobierno. Creo que es una investigación como cualquier otra, con garantías procesales propias de nuestro ordenamiento jurídico. Señalar al juez no nos está haciendo ningún favor a ninguno de nosotros», zanjó el penalista.
Este caso sigue desarrollándose y promete seguir siendo un foco de atención tanto en los tribunales como en la arena política, con implicaciones potencialmente significativas para el gobierno de Pedro Sánchez y su entorno cercano.
