La Universidad Complutense de Madrid (UCM) sospechó de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y de su gestión al frente de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva como directora de la misma. De hecho, la UCM acudió el 5 de junio de 2023 al Registro de la Propiedad Intelectual para «conocer los asientos registrales que pudieran existir a nombre de Begoña Gómez», sin éxito, pero dos días después acudieron al Registro de Patentes y Marcas y ahora sí encontraron dos marcas a su nombre. Esa circunstancia consta en la auditoría interna de la propia UCM y fue entregada al juez que instruye la causa contra Gómez el 1 de julio de 2024. Todo ello no ha sido obstáculo para que el rector de la Complutense, máximo cargo de la Universidad, Joaquín Goyache, haya sido imputado por el juez dentro de la misma causa.
La misma Universidad citó a Begoña Gómez el día 4 de julio de 2024, tres días después de haber entregado ese dossier al juez, para que «diera cuenta de dos facturas» relacionadas con la cátedra que le concedió y de la que Gómez era directora. En concreto, querían discutir sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva, aprobada en octubre de 2020 por un periodo de cuatro años. Pero Begoña Gómez excusó no poder acudir a la cita por «motivos personales». El 5 de julio sí compareció ante el juez Peinado, de Instrucción número 41 de Madrid, acusada de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero no declaró alegando que no había recibido toda la documentación del caso, en concreto la última ampliación de una querella contra ella de la organización Hazte Oír.
Este informe ya ha provocado que el juez explore la posibilidad de investigar a Gómez por apropiación indebida, algo no tan descabellado pues el asunto del citado documento elaborado por el Letrado de la Universidad Complutense tiene por objeto la «posible apropiación indebida de propiedad de la Universidad Complutense de Madrid (software-Plataforma electrónica)». Los gastos están recogidos en tres partidas de 24.200€, 18.148,79€ y 60.500€. En total 98.848,79€, cuya responsabilidad se ve incapaz de acotar el Letrado de la UCM por «la falta de cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión». Entre ellos, la propia Begoña Gómez, que el 12 de junio respondió a la UCM que estaba recabando información, que a 1 de julio no había proporcionado todavía.
Durante la investigación y ante la sospecha de que algo no seguía los cauces normales, la UCM, en concreto su Letrado, acudió al registro de la propiedad intelectual para saber si el software que ofertaban los cursos, estaba a nombre de Begoña Gómez o de Transforma TSC. En el caso de Gómez, no pudo obtener resultados «al no disponer del DNI de la persona a que se refería la consulta» y en el caso de la sociedad el resultado fue negativo.
PATENTE A NOMBRE DE BEGOÑA GÓMEZ
Sin embargo, el 7 de junio la UCM también solicitó «a la oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, con el fin de conocer si alguna marca, modalidad de patente y/o modelo de utilidad figuraba inscrito a nombre de María Begoña Gómez Fernández o de la Sociedad Transforma TSC».
«DOS MARCAS A FAVOR DE MARÍA BEGOÑA GÓMEZ FERNÁNDEZ»
La sorpresa fue que en este caso la desconfianza tuvo premio y la solicitud «arrojó la existencia de dos marcas a favor de María Begoña Gómez Fernández«, la primera es TSC-Transformación Social Competitiva, desde el 2 de noviembre de 2020 y la segunda es TSC-Transforma Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental, inscrita el 24 de abril de 2023. El letrado de la UCM escribía para el juez que la primera sociedad «por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del Convenio para la creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la Universidad Complutense de Madrid y otras personas jurídicas».
Así las cosas, se pidió a la propia Escuela de Gobierno de la UCM todos los detalles sobre el contrato menor y el procedimiento ya citado y a la sociedad Deloitte Consulting para conocer los detalles del contrato adjudicado y firmado el 14 de noviembre de 2023. El 11 de junio la UCM respondió que no poseía documentación alguna relativa al resultado de los trabajos de la cátedra en ningún formato, «debiendo estar custodiados por la Dirección de la propia Cátedra». El 14 de junio Deloitte hizo acuse de recibo de la petición de la UCM y que «procedemos a la recopilación de la información requerida, que fue entregado en su día como resultado del proyecto, y la pondremos a su disposición a la mayor brevedad posible». A 1 de julio ese contenido tampoco se había recibido.
REQUERIMIENTO A BEGOÑA GÓMEZ
El 11 de junio la Universidad Complutense se dirigió directamente a Begoña Gómez, como directora de la Cátedra y a José Manuel Ruano de la Fuente, como codirector de la misma, vía e mail en ambos casos. Ese mismo día Ruano «manifiesta no tener la documentación requerida, ni al parecer, respuesta a las cuestiones planteadas por esta Universidad manifestando que él mismo traslada a la Directora de la Cátedra (Begoña Gómez) la responsabilidad de atender a los requerimientos formulados».
El 12 de junio Begoña Gómez contestó el correo de la UCM con el siguiente texto: «Buenas tardes, le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones. Un cordial saludo, Begoña Gómez«. El letrado deja también claro que «a día de la presentación del presente escrito, no se ha recibido el contenido esperado en virtud del requerimiento efectuado».
Ese 11 de junio la gerencia de la UCM decidió encargar un informe de auditoría interna sobre los gastos económicos de la citada Cátedra de Begoña Gómez y el 19 de junio la interventora emitió su propio informe. El 21 de junio la Escuela de Gobierno de la UCM respondía al letrado sobre las personas que habían firmado las facturas por 18.148,79€ y la otra de 60.000€. En el primero de los casos la factura fue firmada por Begoña Gómez, mientras que la segunda lo hizo José Manuel Ruano, codirector de la cátedra.
COMISIÓN RETRASADA
Con toda esa información el día 24 de junio el vicerrector de planificación, coordinación y relaciones institucionales, convocó a la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra con un orden del día de cinco puntos donde se incluyó la «evaluación de la situación y estado de la cátedra (…)». A la misma estaba convocada Begoña Gómez, pero «a solicitud de Dª María Begoña Gómez Fernández, y por motivos personales, la reunión ha quedado pospuesta a fecha 4 de julio y, por lo tanto, no se ha celebrado a la fecha de presentación de este escrito», recogió el letrado de la UCM.
El punto final destinado a las conclusiones del informe presentado a Peinado es categórico al especificar que la UCM «en su condición de Administración Pública se encuentra legalmente obligada a defender su patrimonio afecto a los fines (…) siendo que los bienes de ésta son de dominio público» y finaliza diciendo que «las actividades de investigación realizadas no permiten a esta Universidad Complutense alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia o no de perjuicio sobre su patrimonio, en particular por la falta de colaboración de determinados intervinientes, sin que esta Administración esté dotada de potestades que obliguen a la colaboración» y añade como un lamento que «dada la falta de cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión, a lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta Universidad considera que no podrá alcanzar con sus propios medios una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes».
Además, la UCM pide al juez Peinado que «si de la investigación practicada por ese órgano judicial existieran indicios conducentes a considerar que ha existido un perjuicio patrimonial a la UCM, por el mencionado órgano se realice a esta Administración Pública el oportuno ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado». Habrá que esperar a ver si, a pesar de imputar al rector de la Universidad, Peinado ofrece a la UCM ejercer acciones legales como perjudicada.
