España enfrenta un desafío alarmante en la lucha contra el tráfico de niños. Una mujer española, Carmen H.M., ha sido reclamada por República Dominicana por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de menores. Sin embargo, la acusada niega rotundamente los cargos y alega ser una víctima más de este delito.
En una audiencia realizada en la Audiencia Nacional, Carmen H.M. se ha negado a ser extraditada, alegando que es una paciente oncológica con un hijo de 10 meses a su cargo. Su defensa, liderada por el abogado Gonzalo Boye, ha argumentado que la reclamada no pertenecía a la organización criminal, sino que fue víctima de la misma, aprovechándose de su ingenuidad. Además, han solicitado que la causa sea instruida en España, ya que cuestionan la base legal de la extradición.
LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL BAJO INVESTIGACIÓN
Según el escrito de la fiscal, la organización criminal investigada se dedicaba a la captación de menores de edad con el propósito de trasladarlos al exterior del país utilizando documentos fraudulentos. Carmen H.M. habría sido parte de este esquema, acogiendo a los niños en España y apartándolos de sus familias biológicas.
La Fiscalía sostiene que, a pesar de ser ciudadana española, existen los requisitos necesarios para la extradición, ya que existe un tratado vigente entre España y República Dominicana. Además, argumenta que la causa en el país caribeño se encuentra en una etapa avanzada, con un escrito de acusación pendiente de juicio oral, y que las pruebas esenciales se encuentran en el país reclamante.
Sin embargo, la defensa de Carmen H.M. ha cuestionado la base legal de la extradición, señalando que están pendientes de un recurso ante el Tribunal Supremo respecto a la autorización del Consejo de Ministros para que el caso continúe por la vía jurisdiccional. Consideran que no tiene sentido seguir construyendo la causa cuando «la base está cuestionada» y solicitan la suspensión de la entrega hasta que se resuelva el recurso.
EL DRAMA PERSONAL DE LA ACUSADA
En la audiencia, Carmen H.M. ha explicado que se desempeña como mediadora para el Colegio de Abogados y que tiene su propio despacho. Además, ha revelado que es paciente oncológica desde 2014 y que tiene un hijo de 10 meses a su cargo, fruto de una gestación subrogada.
La defensa ha argumentado que el tribunal debe considerar el derecho del menor y el derecho a la salud física de la acusada, ya que existe la duda de si podría continuar con su tratamiento oncológico en caso de ser extraditada a República Dominicana.
LA PRESUNTA EXPLOTACIÓN DE MENORES
Según el escrito de la fiscal, la estructura criminal simulaba que los niños habían sido maltratados en República Dominicana y solicitaban asilo de protección en España a favor de ellos. Carmen H.M. habría sido la encargada de dar acogida a estos niños en España, apartándolos de sus familias biológicas.
Además, el escrito señala que Carmen H.M. ingresó en República Dominicana en enero de 2023 para planificar y financiar el traslado de los niños que fueron rescatados cuando intentaba llevarlos a España. Existen evidencias de transferencias de dinero realizadas desde España por Carmen H.M. y de que ella misma pagó los pasajes aéreos de los menores objeto de tráfico.
En resumen, este caso pone de manifiesto la compleja lucha contra el tráfico de niños, un delito que atenta contra los derechos más fundamentales de los menores. La defensa de Carmen H.M. ha planteado argumentos sólidos que cuestionan la base legal de la extradición, mientras que la Fiscalía sostiene que existen los requisitos necesarios para proceder con la misma. Sin duda, este caso merece una atención prioritaria y una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y proteger a los menores víctimas de esta red criminal.