A finales de 2021 Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mostraba públicamente su rechazo al contrato de LaLiga de Javier Tebas con el fondo de inversión británico CVC. Tras la dimisión de Rubiales llegó Rocha. Con rubiales, el organismo consideraba “totalmente ilegal” el acuerdo al que llegó la LaLiga, porque el montante económico que percibirían los clubes de fútbol era “poco significativo” y se acrecentaría «la desigualdad e imposibilitará la evolución del formato de competición de fútbol profesional en España”. Con esas premisas la RFEF acudió a los tribunales de Justicia. Sin embargo, tras la dimisión de Luis Rubiales, la comisión gestora de la RFEF presidida por Pedro Ángel Rocha desistió de continuar adelante con la demanda, sin que las razones reales hayan trascendido nunca. Rocha tuvo que entregar hasta 10 documentos para convencer al TAD, que le ha inhabilitado hace unos días durante dos años para poder ejercer cargo público, de que la adopción de ese acuerdo era legal, mientras otros miembros de la gestora se desvinculaban de esa misma decisión ante el TAD por diferentes razones.
La orden de desistir de la demanda contra LaLiga fue adoptada en Asamblea de la RFEF el 29 de enero de 2024. La cuestión que tuvo que valorar el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), tras la denuncia ante el Comité Superior de Deportes (CSD) por petición de Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (Cenafe), fue si esa decisión podía ser tomada por una gestora constituida temporalmente tras la salida de Rubiales de la RFEF.
Esa decisión chocaba bastante con la línea de continuidad establecida por Rubiales al aupar a Rocha como presidente de la gestora y después de que la RFEF calificase el acuerdo de LaLiga y CVC de “pésimo y lamentable de cara al futuro”. Con aquella decisión la Federación se colocaba en el mismo bando que el FC Barcelona, Real Madrid y el Athletic Club, todos ellos clubes que no son sociedades anónimas deportivas (SAD) y que se oponían al proyecto.
GESTORA DE ROCHA
De hecho en el recurso que presentaron los miembros de la gestora de Pedro Rocha, ahora inhabilitado ante el TAD, varios argumentaron no haber participado en esa decisión. Marcelino Santiago Maté explicó que «en relación a la retirada de la demanda interpuesta por la RFEF contra LaLiga se abstuvo de la votación por lo que no es responsable del mismo».
Entre estas mismas alegaciones se explica que «el acuerdo de la retirada de la demanda interpuesta por la RFEF contra LaLiga fue adoptado sin el voto de Dª Elvira Andrés Monte (condición de secretaria) y sin la presencia de Dª María Dolores Martínez Madrona, D. Iván Bravo Martín y Dª Ángeles Aguilera Rangel. Respecto del resto de miembros entiende que es un acto legal y aceptado por el juzgado de primera instancia 15 de Madrid». De esta manera, Martínez Madrona, árbitra de fútbol, Bravo Martín, presidente de la AD Alcorcón y Aguilera Rangel, vicepresidenta de la Federación Extremeña de Fútbol no han sido sancionados.
Es decir, que la retirada de la demanda fue aceptada judicialmente. Entonces ¿por qué tanto interés en defender que no habían adoptado ese acuerdo? Incluso Ángeles Aguilera, vicepresidenta de la federación extremeña y vocal en la gestora se apresuró a alegar que no estuvo en la Asamblea cuando se decidió retirar la demanda. Otros, como Iván Bravo, presidente del Alcorcón, presentó un escrito al TAD donde «evidencia la falta de participación en ninguno de los acuerdos de la comisión gestora».
Pedro Rocha alegó en su defensa que «la celebración del juicio derivado de dicha acción judicial se había fijado para el 1 de febrero de 2024, y no existiendo interés legítimo de la RFEF en el mencionado procedimiento se decidió su desistimiento como codemandado» y alega que «es una prórroga de un contrato válidamente celebrado en la que concurren las circunstancias de urgencia y necesidad, de interés de la RFEF, proporcional y adecuado, consentido, consolidado, reversible y carente de dolo o negligencia».
Es decir, que desde septiembre de 2023 al 29 de enero de 2024, en apenas cuatro meses la RFEF pasó de considerar la alianza de LaLiga y CVC como «totalmente ilegal» a «proporcional y adecuado». De los 40 documentos que Rocha presentó al TAD para defenderse, 10 (una cuarta parte) eran dedicados a las gestiones de la RFEF con o contra LaLiga. ¿Por qué? Sólo Rocha tiene la clave.
