La Asociación del Defensor del Paciente ha dirigido una carta a los fiscales superiores de varias comunidades autónomas denunciando el «grave colapso» que se está produciendo en los centros sanitarios de las zonas con más turismo de España. Según la presidenta de la asociación, Carmen Flores, esta situación pone en «grave riesgo la vida de las personas» que necesitan asistencia en estas comunidades.
La denuncia se centra en el «malestar del personal de salud» y la «dejación de funciones» por parte de los responsables de estas comunidades, lo que constituye, según la asociación, un «grave delito» que debe ser investigado. La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a denunciar inmediatamente cualquier delito público del que se tenga conocimiento por razón del cargo, profesión u oficio.
Abuso de Poder y Abandono de Responsabilidades
La asociación considera que los hechos denunciados podrían constituir un delito de alevosía y abuso de superioridad, así como un abuso de poder por parte de los funcionarios públicos responsables. Según el Código Penal, el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, cometa u ordene un acto arbitrario en perjuicio de alguien, puede ser reprimido con pena privativa de libertad de hasta dos años.
La dejación de funciones y el abandono de responsabilidades por parte de los gobiernos autonómicos mencionados son, según la Asociación del Defensor del Paciente, los principales motivos de la «grave situación» que se está produciendo en los centros sanitarios de las zonas turísticas. Esto constituye, a juicio de la asociación, un «grave delito» que pone en riesgo la vida de los ciudadanos que necesitan asistencia en estas comunidades.
Llamado a la Intervención Fiscal
La Asociación del Defensor del Paciente ha solicitado la intervención e investigación de los fiscales superiores de Andalucía, Baleares, Madrid, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana para que se aborde esta problemática y se sancione a los responsables de esta grave situación. La asociación espera que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para garantizar la adecuada atención sanitaria en las zonas turísticas de España y proteger la vida y la salud de los ciudadanos.
