Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Según confirman fuentes jurídicas, Begoña Gómez, al arranque de su comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, ha indicado que no declararía este viernes, cuando estaba citada por segunda vez ante el magistrado dado que la primera vez tuvo que suspenderse la declaración. La esposa del presidente del Gobierno ha argumentado una supuesta «falta de garantías» en el proceso judicial, según destacan las mismas fuentes.
«Begoña Gómez no ha declarado no porque tenga nada que esconder o no quiera dar explicaciones si no porque esta defensa se lo ha recomendado», ha asegurado Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez. «Nuestra posición es que este procedimiento carece de objeto alguno», ha explicado.
PEDRO SÁNCHEZ PODRÍA SUBIR AL ESTRADO COMO TESTIGO
Vox, encargado de la dirección de la acusación popular, ha pedido al juez Peinado que se llame a declarar a Pedro Sánchez en calidad de testigo tras la revelación de Juan Carlos Barrabés ante el juez.
El juez Juan Carlos Peinado tenía previsto tomar declaración hoy a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo iba a hacer después de que se suspendiera su primera citación y una vez ha declarado el empresario que colaboró con ella en su máster, Juan Carlos Barrabés, que dijo haberse reunido en La Moncloa tanto con ella como con el presidente Pedro Sánchez.
Además de Begoña Gómez, este viernes el magistrado quiere tomar declaración en calidad de testigos al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y a su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio.
La citación de Begoña Gómez se celebraba después de que el pasado 5 de julio el juez Juan Carlos Peinado acordara suspender su comparecencia toda vez que ella sostuvo que desconocía los hechos que se le imputaban y que su defensa diera cuenta de que una de las querellas, la de ‘Hazte Oír’, no le había sido notificada.
Esta misma semana, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado su petición al juez de que la comparecencia no sea grabada en vídeo de manera que sólo se capte el sonido. En la primera ocasión, su solicitud no fue atendida por el magistrado y tras ser registrada en vídeo acabó siendo filtrada y publicada en varios medios de comunicación.
Por su parte, la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, emitía un nuevo acuerdo gubernativo endureciendo las medidas de acceso a la sexta planta de los juzgados de Plaza de Castilla, donde está el Juzgado de Instrucción número 41, para evitar grabaciones a Begoña Gómez en los pasillos, tal y como ocurrió en pasado 5 de julio.
Además, acordó que la esposa del presidente del Gobierno accediese de nuevo por el garaje a los juzgados de Plaza de Castilla por motivos de seguridad, algo que han recurrido ya ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dos de las acusaciones.
EL INFORME DE LA UCM
Las comparecencia llega además después de que se haya conocido un informe remitido por la UCM al juez en el que indica que de su investigación interna no puede concluir si ha existido o no perjuicio sobre su patrimonio por los contratos y pagos derivados del software desarrollado en el marco de la cátedra que dirigía la esposa del presidente de Gobierno.
No obstante, la UCM sostiene que se ha dado una falta de colaboración de «determinados intervinientes» y le indica al instructor que si él encontrara perjuicio contra la UCM se lo haga saber.
Previamente a ese informe, otro de los hitos relevantes del caso ha sido la interposición de un nuevo recurso del fiscal en el que solicita que se «delimite» la investigación al considerar que el instructor está dirigiendo una «causa general».
En ese recurso, el fiscal mencionaba un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los inspectores concluyen que varios contratos adjudicados a Barrabés que están bajo sospecha en la causa «se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública».
En un auto previo a que trascendiera ese informe, el juez respondía a un recurso de la defensa de Begoña Gómez en el que se pedía que le detallara por qué hechos se la investigaba más allá de las tres adjudicaciones públicas de Red.es a una UTE en la que participaba una sociedad de Barrabés y que está en manos de la Fiscalía Europea.
EL JUEZ INVESTIGA «TODOS LOS ACTOS, CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS DESDE QUE SU ESPOSO ES PRESIDENTE DEL GOBIERNO»
Peinado respondía a esas dudas señalando que investiga «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Begoña Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial» presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.
El juez no daba mayor detalle de esos contratos a los que aludía en su auto, pero sumaba además que también se debían tener en cuenta los hechos incluidos en la querella que presentó con posterioridad ‘Hazte Oír’, aunque tampoco los detallaba.
MANOS LIMPIAS SEÑALÓ LOS CONTRATOS DE BARRABÉS
En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias, el sindicato dirigido por Miguel Bernad, se acusaba a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».
Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Begoña Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.
Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (…) de la compañía».
A esto sumaba que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada» y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.
