Begoña Gómez vuelve al banquillo como investigada por haber cometido supuestamente delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios, aunque el juez titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, podría abrir la causa por apropiación indebida, tal y como ha pedido la Universidad Complutense de Madrid.
Antes de su declaración, Antonio Hernando, letrado de la esposa del presidente del Gobierno, ha pedido al juez Peinado evitar la declaración de uno de los testigos clave del caso: Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Complutense y quien participó en la comisión mixta junto a Reale Seguros y Fundación La Caixa para nombrar a Begoña Gómez como directora de la cátedra extraordinaria sobre la Transformación Social Competitiva.
Begoña Gómez trata así de anular a una voz clave y conocedora en primera persona de todo lo sucedido en la cátedra extraordinaria relacionado con su nombramiento y el concurso público realizado para desarrollar el software inicialmente proyectado por Indra, Google y Telefónica por el módico precio de 150.000 euros que fueron entregados de forma altruista. Deloitte Consulting obtuvo los 60.500 euros del centro universitario para cerrar la plataforma informática, cuyos pliegos técnicos redactó la mujer de Pedro Sánchez.
Públicamente, Doadrio ha afirmado que la designación de Begoña Gómez como directora de la cátedra extraordinaria fue una imposición del rector de la Complutense, Joaquín Goyache Goñi, cuyo papel en la creación de este máster fue clave. De hecho, anunció la puesta en marcha de la cátedra extraordinaria sobre la Transformación Social Competitiva (TSC) 37 días antes de que pudiera listarse a los directivos de empresas que participaron, como Tendam, entre otras. Lo hizo a través de un vídeo grabado para el I Congreso de Transformación Social Competitiva, celebrado en septiembre de 2020, con Jesús Calleja y la propia Begoña Gómez como maestros de ceremonias.
EL PAPEL DE GOYACHE GOÑI Y SUS CONTRADICCIONES
Antes de conocerse este papel de Goyache Goñi, el rector de la Complutense delegó toda la responsabilidad en la comisión mixta, encargada de designar los nombramientos en la cátedra extraordinaria. Sin embargo, las empresas patrocinadoras de estos estudios avalan la tesis de Doadrio y tumban las mentiras de Goyache Goñi.
Begoña Gómez, que no tenía ni voz ni voto, formó parte de esa comisión mixta de seguimiento de la cátedra. Las dos empresas privadas aportaron un total de 60.000 euros, a partes iguales, pero con la diferencia de los plazos de pago. La aseguradora optó por un pago único en el inicio del acuerdo, con una duración de cuatro años, mientras que la Fundación La Caixa prefirió abonar 15.000 euros anuales a vencimiento anual, en concreto en el mes de febrero.
La cátedra extraordinaria dirigida por Begoña Gómez exigía una titulación para el director o directora de la misma, pero Begoña Gómez no cumplía el requisito al no tener titulación en la materia. Esta es una de las exigencias del reglamento que rige una de las universidades públicas con más historia de Europa, y cuya imagen se ha visto seriamente deteriorada por un rector que lejos de asumir responsabilidades ha preferido escurrir el bulto con un sinfín de excusas. De ahí que el rector afirmara que se la escogió por su «experiencia».
La defensa, además, ha pedido al juez Peinado anular la declaración como testigo del actual vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal. Para ello, ha esgrimido que la denuncia inicial de Manos Limpias no hace referencia alguna a la universidad ni al delito que pudiera haberse producido. No obstante, sí aparece en la ampliación de la denuncia de HazteOír y en el escrito de la propia Complutense, que ha pedido acusar a Begoña Gómez de cometer presuntamente un delito de apropiación indebida.
LA DENUNCIA CONTRA BEGOÑA GÓMEZ
«La denuncia que dio lugar a la incoación y que ha de delimitar el ámbito objetivo de la investigación no hacía referencia alguna a la Universidad Complutense de Madrid ni a ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito producido en su seno», destaca. No obstante, la denuncia de Manos Limpias deja claro que va contra todos los actos de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno, más cuando desde su propia cátedra extraordinaria pudo beneficiarse de contratos públicos por valor de casi 100.000 euros, tal y como sostiene el centro universitario.
«No se alcanza a entender y tampoco se explicita en la sucinta providencia -la citación- que es objeto de este recurso cual es la aportación que pueden hacer con sus declaraciones un vicerrector (…) y su antecesor en el cargo, a los hechos que se venían investigando antes de la avocación a la Fiscalía Europea». No obstante, estos fondos no son europeos, sino de la propia Complutense. Cabe destacar que el propio rector Goyache Goñi puso de manifiesto su desprecio a este dinero al asegurar en una entrevista en El Mundo que ni sabía ni le importó el destino de esos casi 100.000 euros, una muestra de negligencia a la hora de cuidar del dinero aportado por los alumnos y por todos los madrileños al recibir subvenciones de la Comunidad de Madrid.
Tras asegurar en anteriores escritos que Begoña Gómez sufre una persecución «inquisitorial» y desconocer de qué se acusa a la mujer de Pedro Sánchez, Antonio Camacho vuelve a las fórmulas legales al afirmar que hay ahora una «indeterminación» en cuanto al objeto de lo que se está investigando, y que esta realidad «ha sobrevolado este procedimiento desde el inicio de las presentes diligencias».
LA DEFENSA DE BEGOÑA GÓMEZ INSTA A INVESTIGAR SOLO FONDOS EUROPEOS
«Esta parte ha presentado en las últimas semanas reiteradas peticiones a efectos de que por el juzgado instructor se aclarara cuáles son los hechos que constituyen el objeto de investigación en las presentes diligencias previas», ha insistido en su defensa. En este sentido, vuelve a esgrimir el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que avalaba la instrucción acotaba las pesquisas porque indicaba que «solo existían indicios suficientes con relación a los contratos en donde se otorgaban una serie de subvenciones a la UTE formada por Innova Next S.L.U y la Escuela de Negocios The Valley».
Para Camacho, el auto de la Audiencia Provincial de Madrid deja claro qué parte del caso mostraría «indicios suficientes» para abrir la investigación. De hecho, esta parte está en manos de la Fiscalía Europea.
«A partir del razonamiento que hemos expuesto en los anteriores parágrafos el presente procedimiento carecería de cualquier objeto puesto el inicial que fue delimitado por la Audiencia Provincial habría sido remitido para su investigación a la Fiscalía Europea», prosigue la defensa de Begoña Gómez, que trata de dar carpetazo a la pieza de la Complutense, a pesar de que la propia universidad ha abandonado a su suerte a su clienta.
ANTONIO CAMACHO TILDA DE INÚTIL UNA DILIGENCIA DEL JUEZ PEINADO
Antonio Camacho, además, ha elevado los términos malsonantes en su recurso al apuntar al juez Peinado que la diligencia de tomar testimonio al vicerrector y al exvicerrector de la Complutense es «impertinente e inútil», pese a que Doadrio ha dejado claras las contradicciones del rector de la UCM.
«Si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe tomar declaración a dos miembros de la Universidad Complutense que nada tiene que ver con el objeto del presente procedimiento», ha concluido en su escrito.
