En los últimos años, el sector agrario español ha enfrentado momentos desafiantes, marcados por una crisis que ha puesto a prueba la resiliencia de los agricultores y ganaderos. Durante los años 2022 y 2023, cuando el impacto de esta crisis se hizo más evidente, los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se han visto envueltos en una polémica por la ineficiente ejecución de sus presupuestos destinados a programas relacionados con la agricultura, el medio rural, el medio ambiente y las políticas de agua.
Según los datos de la Intervención General del Estado, a los que la organización Unión de Uniones ha tenido acceso, estos dos departamentos han desaprovechado 2.590 millones de euros que estaban en sus presupuestos. Esta cifra, que representa una considerable cantidad de fondos sin ejecutar, ha sido el resultado de un análisis de los capítulos operativos de los programas con interés para el sector agrario, excluyendo los relativos a personal, corrientes y financieros.
Desglose de la Ineficiencia Presupuestaria
Al analizar los datos, se evidencia que la ineficiencia se ha manifestado de manera más pronunciada en determinadas áreas:
LA INEFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS AGRARIOS
En los programas agrarios del Departamento dirigido por Luis Planas, se habrían dejado de ejecutar 537 millones de euros en 2022 y 1.157 millones de euros en 2023. Esto significa que una considerable cantidad de recursos destinados a apoyar al sector agrario no fueron aprovechados durante los momentos más críticos de la crisis.
LA INEFICIENCIA EN MEDIDAS DE MEDIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA DE AGUA
Por su parte, el ramo de Teresa Ribera habría desaprovechado 21 millones de euros en 2022 y otros 33 millones en 2023 en medidas de medio rural; 53 millones en 2022 y 267 en 2023 en medioambiente, clima y biodiversidad; y 229 millones de euros en 2022 y 290 en 2023 en política de agua. Estas cifras ponen de manifiesto que la ineficiencia se extendió más allá del ámbito puramente agrario, abarcando también áreas cruciales como el medio rural, el medio ambiente y la gestión del agua.
UN PANORAMA PREOCUPANTE
En total, la suma de estas cantidades no ejecutadas por ambos Ministerios asciende a 2.587 millones de euros. Sin embargo, la Unión de Uniones ha señalado que, si la comparación se realiza sobre los pagos efectivamente realizados, «la cifra no ejecutada se eleva a más de 6.250 millones de euros».
Este escenario es particularmente preocupante, ya que estos recursos podrían haber sido vitales para apoyar a los agricultores y ganaderos durante los momentos más difíciles de la crisis. La ineficiencia en la ejecución presupuestaria ha privado al sector de fondos que podrían haber sido destinados a medidas de ayuda, desarrollo rural, protección del medio ambiente y gestión del agua, entre otras áreas prioritarias.
La Unión de Uniones ha recordado que este dinero «se ha quedado sin gastar durante 2022 y 2023, coincidiendo con lo más duro de la crisis pasada por agricultores y ganaderos y que aún colea». Esta situación ha generado desconfianza y frustración en el sector, que ve cómo recursos potencialmente valiosos no se han materializado en apoyo concreto.
Ante este panorama, la organización ha presentado propuestas de mejora al acuerdo suscrito con el Ministerio, buscando ampliar la dotación para ayudas a la EHE o un apoyo directo a las explotaciones de olivar y viñedo, que hasta ahora han quedado fuera de las medidas puestas en marcha. Sin embargo, la Unión de Uniones ha concluido que «será difícil creer que no se ponen en marcha porque no haya dinero si al final del ejercicio acaban sobrando cientos de millones de euros».
En resumen, la ineficiente ejecución presupuestaria de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha supuesto un grave perjuicio para el sector agrario español, privándolo de recursos vitales durante los momentos más difíciles de la crisis. Esta situación ha generado desconfianza y frustración en los agricultores y ganaderos, quienes esperan que se tomen medidas urgentes para corregir estas deficiencias y asegurar que los fondos destinados al sector sean utilizados de manera eficiente y efectiva.
