En un caso que conmocionó a la localidad de Calpe, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha emitido una sentencia que condena a un exconcejar y a un técnico municipal por la exhumación ilegal de un difunto en el cementerio local. La investigación reveló un entramado de abuso de poder y prácticas irregulares que desafiaron el respeto debido a los fallecidos.
El Delito de Prevaricación
El Tribunal ha determinado que tanto el exconcejal como el técnico del Ayuntamiento de Calpe, quien era jefe de Recursos Humanos, cometieron un delito de prevaricación al ordenar y ejecutar la exhumación ilegal de los restos de un ciudadano fallecido en 1973. Según la sentencia, a pesar de que la administración del cementerio advirtió de la imposibilidad legal de reasignar el nicho, los acusados insistieron en llevar a cabo la acción, incluso presionando verbalmente a la trabajadora.
Las Consecuencias Jurídicas
Como resultado de sus acciones, el técnico municipal ha sido condenado a una pena de inhabilitación especial de dos años, tres meses y un día para el empleo o cargo público, mientras que el exconcejal ha recibido una pena de inhabilitación de nueve años. Sin embargo, ambos han sido absueltos de otros delitos como falsedad documental, delitos contra el respeto a los difuntos y contra la integridad moral, ya que el Tribunal no consideró probados los elementos necesarios para su condena en esos casos.
La sentencia ha generado una importante reflexión sobre la necesidad de salvaguardar el respeto y la dignidad de los fallecidos, incluso cuando se trata de apremiantes situaciones personales. Este caso pone de manifiesto la importancia de que los funcionarios públicos actúen dentro de los límites legales, evitando el abuso de poder y anteponer intereses particulares a los deberes de su cargo.
A pesar de la gravedad de los hechos, la absolución de algunos cargos muestra la complejidad inherente a este tipo de casos, donde se debe establecer un equilibrio entre las circunstancias particulares y el cumplimiento de la ley. La sentencia, que puede ser objeto de recurso, servirá como precedente para futuras situaciones similares, reafirmando la importancia de mantener la integridad de los procesos funerarios y cementeriales.
