Los familiares de residentes insisten en la vía de la conciliación, pero no descartan más acciones si Ayuso no rectifica

La pandemia de COVID-19 ha sacudido al mundo entero, exponiendo vulnerabilidades y desafíos que nunca antes habíamos enfrentado. Uno de los sectores más golpeados ha sido el de las residencias de ancianos, donde los fallecimientos alcanzaron cifras alarmantes durante la primera ola. En Madrid, las familias de los residentes fallecidos han emprendido una ardua lucha por conseguir justicia y transparencia, enfrentándose a un panorama jurídico complejo y a declaraciones controvertidas de las autoridades.

En este artículo, exploraremos en profundidad los esfuerzos de los colectivos Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid por lograr que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rectifique sus declaraciones sobre las muertes ocurridas en estos centros durante la pandemia. Analizaremos las estrategias legales que han emprendido y las implicaciones de este conflicto en la búsqueda de respuestas y reparación para las familias afectadas.

UNA OPORTUNIDAD PARA EL DIÁLOGO

Las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid han dado un paso decisivo al registrar una demanda de conciliación dirigida a Díaz Ayuso. Esta acción legal tiene como objetivo primordial lograr que la presidenta regional rectifique sus declaraciones sobre las muertes ocurridas en las residencias durante la primera ola de la pandemia. Las familias de los fallecidos consideran que estas declaraciones fueron «muy dañinas» y les exigen un reconocimiento y una disculpa.

ACCIONES JUDICIALES COMO ÚLTIMO RECURSO

Si Díaz Ayuso no acude a la cita de conciliación o se niega a retractarse, los colectivos no descartan emprender nuevas acciones judiciales. Sin embargo, por el momento, prefieren «esperar» y darle la oportunidad de dialogar y resolver el conflicto por la vía de la conciliación. Este enfoque refleja la voluntad de las familias de encontrar una solución que les brinde la justicia y el reconocimiento que han estado buscando.

UN PANORAMA JURÍDICO COMPLEJO

La batalla legal de las familias se enmarca en un contexto jurídico complicado. Mientras que el Gobierno regional ha anunciado 25 casos desestimados, los colectivos afirman que son muchas más las demandas presentadas y que más de 100 siguen abiertas. Además, señalan que otras 72 fueron recurridas y están a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

ACUSACIONES DE FALTA DE HUMANIDAD

Las declaraciones de Díaz Ayuso durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid han sido el detonante de esta nueva acción legal. En sus palabras, la presidenta regional acusó a Más Madrid de hablar «sin total humanidad» y defendió la gestión que hizo el Ejecutivo regional del COVID-19, afirmando que «había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado«.

LA NEGATIVA A RECONOCER LA RESPONSABILIDAD

Para Marea de Residencias y Verdad y Justicia, estas declaraciones son «muy dañinas» para las familias de los 7.291 fallecidos en las residencias durante la primera ola. Consideran que Ayuso se niega a reconocer la responsabilidad del Gobierno regional en la gestión de la crisis, algo que ellos consideran fundamental para alcanzar la justicia y la verdad.

LA PERSISTENCIA DE LAS FAMILIAS

A pesar de los reveses jurídicos, como el archivo de algunos casos por parte de los juzgados, las familias se mantienen firmes en su lucha. Reconocen que si bien se han desestimado algunas demandas, más de 100 siguen abiertas, lo que demuestra su determinación por conseguir respuestas y reparación.

La pandemia de COVID-19 ha dejado una huella imborrable en las residencias de ancianos de Madrid, y las familias de los fallecidos se han convertido en protagonistas de una batalla jurídica y emocional por conseguir justicia y transparencia. Desde las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, han emprendido una estrategia legal audaz, buscando el diálogo con las autoridades a través de la demanda de conciliación dirigida a Díaz Ayuso.

Si bien el panorama jurídico es complejo y desafiante, las familias se mantienen inquebrantables en su lucha, conscientes de que la verdad y el reconocimiento de responsabilidades son fundamentales para alcanzar la reparación que merecen. Esta batalla se ha convertido en un símbolo de la resilencia y el compromiso de quienes buscan justicia en medio de una tragedia que sacudió los cimientos de la sociedad madrileña.