David Sánchez Pérez-Castejón, o David Azagra, ha tratado y trata habitualmente con ocho personas en la Diputación de Badajoz donde supuestamente presta servicio como jefe de Artes Escénicas. Las ocho personas investigadas por el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz son las que tienen trato directo con el hermano del presidente del Gobierno y la Unidad Central Orgánica (UCO) de la Guardia Civil ya bucea en sus correos electrónicos intentando dar con alguna pista que explique si realmente David Azagra trabaja allí y si cobra de la Diputación de Badajoz un salario de 55.760 euros anuales.
A todos los investigados se les ha clonado el ordenador e intervenido los correos. De hecho los investigadores explican en un oficio para el juzgado el pasado 10 de julio que «de los correos intervenidos se obtuvieron dos copias, una que, como prueba indubitada, quedó depositada en sede judicial, y una segunda copia que quedó, como copia de trabajo, bajo custodia de esta Unidad en un disco duro que contenía esa información».
Por ese motivo el comandante jefe de la investigación solicitaba de la juez Beatriz Biedma que «se autorice a agentes de esta unidad, los cuales quedarán identificados en el acta que se levante al efecto, al desprecinto de la bolsa de evidencias que contiene el soporte informático (HDD) que contiene la información obtenida durante la práctica de la diligencia correspondiente para ser utilizada como copia del trabajo», también pedían autorización para «el acceso al contenido de la información obrante en el disco duro y, mediante la utilización de herramientas informáticas forenses que quedarán oportunamente identificadas, proceder a su análisis» y la última, no por ello menos importante, permiso para que «la autorización de acceso se extienda a todas las carpetas en las que halle dividido el almacenamiento de correo, incluyendo las carpetas que contengan elementos borrados, si fuese posible su restauración, así como los correos que se encuentren, en su caso, en la carpeta de no leídos».
LA UCO PIDIÓ AUTORIZACIÓN AL CORREO «INCLUYENDO LAS CARPETAS DE ELEMENTOS BORRADOS»
Esta tercera petición de autorización tiene bastante interés para la investigación pues los agentes creen que al menos dos personas de las investigadas han podido borrar correos desde que se conoció la imputación de Azagra y la Guardia Civil quiere conocer el contenido de los mismos, siempre destacando que «en dicho análisis no se incluirán aquellos correos que contengan, a juicio de los agentes informantes, información de carácter personal».
Los agentes, durante el registro de la Diputación de Badajoz el 10 de julio realizaron un acta a mano de lo que incautaban, como es normal, y en el caso de los correos corporativos especificaron que eran archivos tar, es decir, en un formato que se usa frecuentemente en entornos Unix. Pero además, reseñaron que también copiaron «la huella digital Hash generada en la aplicación Hashmyfiles para cada uno de los documentos», es decir, el conjunto de datos asociados a un mail que permite certificar que ese correo no ha sido manipulado ni alterado.
LOS INVESTIGADOS
El primer investigado por la UCO y cuyos nombres constan en un oficio policial es el presidente de la diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo Miranda. como máximo responsable de la contratación de Azagra. Tras él Elisa Moriano Morales, directora del Área de Cultura y Acción Ciudadana, que formó parte de la Comisión Asesora para la selección de David Sánchez. Después aparece en esa lista la diputada socialista Cristina Núñez Fernández, que también formó parte de la Comisión Asesora y además es la persona que propuso la contratación de David Azagra. El cuarto cargo de confianza sobre el que la UCO arroja sospechas es Antonio Garrote Ledesma, jefe de protocolo y Delegado de la Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación pacense además de diputado socialista.
La quinta persona en esa lista de «sospechosos» figura Manuel Candalija Valle, Delegado del Área de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación. El sexto es Félix González Márquez, que curiosamente se apellida exactamente igual que el el primer presidente socialista del Gobierno y es jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, además de formar parte de la Comisión Asesora para la elección del candidato al puesto de trabajo.
El séptimo en la lista que sufrió la intervención de sus correos es Francisco Martos Ortiz, otro diputado socialista y delegado del Área de Cultura y Deportes que firmó el cambio de denominación del puesto de trabajo ocupado por David Sánchez. La octava señalada es Emilia Parejo Gala, directora del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. Parejo firmó también el cambio de denominación de la Relación de Puestos de Trabajo en lo referente al puesto que luego ocuparía David Sánchez.
Todos dependen de los departamentos de Presidencia, Cultura y Personal. Aunque avid Sánchez depende de Cultura era habitual verle tomar café con el socialista Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación. De hecho, durante el registro de la UCO se presentó en su despacho, un hecho inusual, según describen los trabajadores de la Diputación, ya que David Azagra ocupa otro despacho fuera de las instalaciones principales.
Y POR FIN SÁNCHEZ
Los agentes buscan en los correos electrónicos del personal que trata con él mensajes en los que se pueda apreciar si el hermano del jefe del Ejecutivo iba o no a trabajar y qué temas trataba con sus compañeros, así como quien era «de facto» su jefe directo, algo que no parece claro todavía. Esos mails también abarcan, si se pueden recuperar, desde el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022 cuando se produjo un cambio importante en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) dentro de la Diputación. La UCO sospecha que ese cambio se hizo para favorecer la llegada de David Sánchez al Área de Cultura, que cierra la lista de los investigados por la UCO.
El colectivo de funcionarios Manos Limpias acaba de presentar durante la tarde de este lunes 27 de mayo una denuncia contra el músico David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del gobierno, más conocido por el pseudónimo de David Azagra. El colectivo lo denuncia por delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, fraude, malversación.
