La protección de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad impostergable para las autoridades públicas, una obligación que trasciende las fronteras nacionales y que debe ser atendida con la máxima diligencia. En Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de garantizar el bienestar de los niños, menores migrantes y aquellos sin referencias familiares, colocando el interés superior del menor como eje central de su acción.
Durante la presentación del informe de gestión correspondiente al año 2023, Maeztu ha detallado los desafíos y las áreas de intervención prioritaria en materia de protección infantil. Su exposición pone de manifiesto la complejidad de un sistema que, si bien ha avanzado, aún presenta importantes carencias que deben ser abordadas con urgencia.
Situaciones de Riesgo: Detectar, Intervenir y Prevenir
El informe del Defensor del Pueblo Andaluz revela que si bien las situaciones de riesgo detectadas «no alcanzan la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo», es indispensable la intervención oportuna de la administración pública para eliminar, reducir o compensar las dificultades que afectan a estos menores y evitar su desamparo y exclusión social. Sin embargo, Maeztu ha señalado que las medidas preventivas a menudo no son suficientes o no llegan a todas las personas y familias que las necesitan, mientras que en otras ocasiones «no se identifican con las verdaderas necesidades de las personas afectadas» o «el abordaje de la situación no ha podido revertir el riesgo».
Ante este panorama, el Defensor ha propuesto una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer el sistema de protección, entre las que destacan la creación de un Registro de declaraciones de riesgo, el aumento de la inversión orientada a la permanencia del niño en su entorno familiar, la formación de los profesionales y el establecimiento de un protocolo de detección más efectivo. Estas iniciativas buscan garantizar una intervención oportuna y eficaz que permita prevenir el desamparo y asegurar el bienestar de los menores en situación de vulnerabilidad.
Otros Desafíos: Violencia, Salud y Educación
Más allá de las situaciones de riesgo, el informe del Defensor del Pueblo Andaluz también aborda otras problemáticas que afectan a la infancia y la adolescencia en la comunidad, entre ellas la violencia, particularmente en casos de violencia vicaria y violencia de género. En el ámbito de la salud, Maeztu ha puesto énfasis en la salud mental de los menores y la falta de pediatras en la atención primaria, mientras que en el campo de la educación, ha insistido en la necesidad de apostar por una educación inclusiva y luchar contra el abandono escolar.
Estas líneas de acción reflejan la visión integral del Defensor del Pueblo Andaluz, quien busca abordar los diversos retos que enfrentan los niños y jóvenes de la región, con el objetivo de garantizar su desarrollo pleno y su integración en una sociedad que les brinde las oportunidades y el apoyo necesarios.
Compromiso Inquebrantable: Cifras y Acciones Concretas
Los datos presentados por Jesús Maeztu evidencian el compromiso del Defensor del Pueblo Andaluz con la protección de la infancia y la adolescencia. En 2023, se registraron 5.728 actuaciones, lo que representa un 15% más que en el año anterior, demostrando la creciente demanda ciudadana en esta materia.
Estas cifras, junto con las recomendaciones y acciones propuestas, ponen de manifiesto la determinación del Defensor por defender los derechos y el bienestar de los menores, incluyendo a los migrantes y aquellos sin referencias familiares. Su intervención se erige como un pilar fundamental en la construcción de una Andalucía más justa, equitativa e inclusiva, donde los niños y adolescentes ocupen un lugar prioritario en la agenda pública.
