La explotación laboral de trabajadores en situación irregular es un grave problema que lamentablemente sigue ocurriendo en España. En este caso, la Fiscalía ha acusado al administrador único de una empresa agrícola en Lorquí, Murcia, de contratar a trabajadores sin permiso de trabajo y someterlos a duras condiciones laborales.
Según la acusación, el empresario se aprovechó de la situación precaria de estos trabajadores, imponiéndoles jornadas extenuantes, salarios mínimos y negándoles los derechos laborales básicos. Además, contó con la colaboración de varios empleados de la empresa que conocían la irregularidad de la situación.
Condiciones laborales inaceptables
El administrador único de la empresa agrícola, mayor de edad y sin antecedentes penales, es acusado de contratar a trabajadores en situación irregular con el objetivo de beneficiarse económicamente de su trabajo. Según el escrito de la Fiscalía, les imponía jornadas laborales continuadas de más de diez horas, escasos descansos diarios, sin vacaciones y trabajo en días festivos, pagando sueldos mínimos a destajo en función de las cajas de producto procesadas.
Esto privaba a los trabajadores de los derechos reconocidos en las disposiciones legales y en los convenios colectivos del sector agrícola, aprovechándose de su situación especialmente precaria y de la necesidad de obtener empleo. Una de las víctimas, por ejemplo, aceptó las condiciones planteadas por el acusado debido a su falta de recursos económicos para subsistir, llegando a alojarse junto a otras mujeres en pésimas condiciones en una planta de oficinas de la empresa.
Colaboración de empleados de la empresa
Según la acusación, el administrador único contaba con la colaboración de tres mujeres que trabajaban en la empresa. Una de ellas se encargaba de tramitar la documentación necesaria para que los trabajadores pudieran realizar su labor, conociendo que se encontraban en situación irregular y que cobraban cantidades claramente inferiores a las que les correspondía por convenio.
Las otras dos acusadas eran las encargadas de organizar las extenuantes jornadas laborales y descansos diarios, sabiendo igualmente de la situación irregular de estos trabajadores en España. Todos los acusados, según la Fiscalía, conocían las precarias situaciones en que se encontraban los trabajadores y coadyuvaban para que el empresario se beneficiara económicamente de ello.
