La controversia sobre la caza del lobo ibérico en Cantabria ha llegado a su fin con la reciente decisión de la Audiencia Provincial de confirmar el archivo de la querella interpuesta por la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL) contra el exconsejero de Ganadería y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y el ex director general de Biodiversidad, Antonio Lucio. Este caso ha puesto de manifiesto la compleja relación entre la conservación de especies protegidas y los intereses del sector ganadero en la región.
La querella, que alegaba un supuesto delito de prevaricación, se centraba en las resoluciones firmadas durante la pasada legislatura que autorizaban la caza de ejemplares de lobo ibérico en determinadas zonas de Cantabria. Estas medidas, controvertidas desde su inicio, tenían como objetivo principal evitar daños al ganado, un argumento que ha sido objeto de intenso debate entre conservacionistas y ganaderos. La decisión de la Audiencia Provincial marca un punto de inflexión en este conflicto, reafirmando la legalidad de las acciones tomadas por las autoridades cántabras en su momento.
El fundamento legal de las resoluciones cuestionadas
La Audiencia Provincial de Cantabria ha sido contundente en su valoración de las resoluciones que autorizaban la caza del lobo. En su auto, los magistrados han concluido que estas decisiones «están muy lejos de ser arbitrarias e injustificadas». Este pronunciamiento judicial pone de manifiesto la complejidad del marco legal en el que se mueven las decisiones sobre la gestión de especies protegidas como el lobo ibérico.
El tribunal ha subrayado que para que una resolución administrativa constituya un delito de prevaricación, debe ser no solo arbitraria sino también dictada a sabiendas de su injusticia. En este caso, los magistrados no han encontrado indicios que permitan considerar que las resoluciones fueran caprichosas o carentes de fundamentación. Por el contrario, han señalado que estas órdenes tenían como objetivo evitar perjuicios importantes y recurrentes al ganado, basándose en la aplicación de leyes y órdenes vigentes.
Es importante destacar que, según el auto, las autoridades cántabras solicitaron informe sobre la adecuación de las resoluciones de control al Ministerio para la Transición Ecológica, sin obtener respuesta. Este hecho refuerza la posición de que se actuó siguiendo los cauces administrativos adecuados y buscando el respaldo de las autoridades competentes a nivel nacional.
El equilibrio entre conservación y actividad ganadera
El caso del lobo ibérico en Cantabria ilustra perfectamente el delicado equilibrio que debe mantenerse entre la conservación de especies protegidas y las actividades económicas tradicionales como la ganadería. Por un lado, el lobo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), lo que implica una prohibición general para su caza. Sin embargo, la legislación también contempla mecanismos para actuar en circunstancias excepcionales.
La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, así como la Orden de septiembre de 2021 que modificó el Real Decreto de 2011, establecen un marco legal que permite, en situaciones específicas, la extracción y captura de ejemplares de lobo ibérico. Este marco fue el que utilizaron las autoridades cántabras para justificar sus resoluciones, argumentando que se trataba de medidas necesarias para proteger los intereses de los ganaderos de la región.
La decisión de la Audiencia Provincial reconoce la existencia de esta base legal, aunque admite que podría haber debate sobre si las resoluciones cumplían todos los requisitos establecidos por la normativa. Sin embargo, el tribunal considera que este tipo de discusiones pertenecen al ámbito de la jurisdicción Contencioso Administrativa, y no al penal, reforzando así la idea de que no hubo intención delictiva en las acciones de los funcionarios implicados.
Implicaciones futuras para la gestión de conflictos entre fauna y ganadería
La resolución de este caso judicial tiene importantes implicaciones para la futura gestión de conflictos entre la fauna salvaje y la actividad ganadera en Cantabria y, por extensión, en otras regiones de España. El auto de la Audiencia Provincial subraya la necesidad de encontrar soluciones que respeten tanto la conservación de especies protegidas como los intereses económicos de las comunidades rurales.
Este caso pone de manifiesto la importancia de contar con protocolos claros y consensuados para abordar situaciones en las que la presencia de especies protegidas pueda entrar en conflicto con actividades humanas. La experiencia de Cantabria podría servir como punto de partida para desarrollar estrategias más efectivas de coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva.
Es probable que, en el futuro, se requiera una mayor colaboración entre administraciones, organizaciones conservacionistas y el sector ganadero para desarrollar medidas preventivas que minimicen los daños al ganado sin recurrir a la caza de lobos. Estas podrían incluir mejoras en los sistemas de protección del ganado, compensaciones más efectivas por las pérdidas sufridas, y programas de educación y sensibilización sobre la importancia ecológica del lobo.
En última instancia, el caso del lobo ibérico en Cantabria nos recuerda la necesidad de abordar los desafíos de la conservación de la biodiversidad de manera integral, considerando no solo los aspectos ecológicos, sino también los sociales y económicos. Solo a través de un enfoque equilibrado y basado en el diálogo entre todas las partes implicadas se podrá garantizar la supervivencia a largo plazo de especies emblemáticas como el lobo, al tiempo que se preservan las formas de vida tradicionales de las comunidades rurales.
