España se ha convertido en un país donde aflora la inseguridad jurídica con las instalaciones de energías renovables. Hasta ahora, el Reino de España ha sido condenada al embargo de casi 1.000 M€, si bien ha sido exonerada en varios casos, ante el Tribunal de Arbitraje Internacional. La chapuza legal llegó con las primas renovables, aprobadas en justo al inicio de la peor crisis económica desde 1929 y que llegaban a ser del 7%.
Era 2007 y numerosos fondos de inversión, sedientos de rentabilidad asegurada. No obstante, tres años después se acabó el oasis. El Gobierno de Zapatero aplicó los recortes y con ello la rentabilidad. Los fondos internacionales, con respaldo monetario y de expertos bufetes de abogados, acudieron a los tribunales de arbitraje internacional para exigir las correspondientes indemnizaciones.
Hasta ahora, el montante embargado al Reino de España por la Justicia de varios países y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo dependiente del Banco Mundial, ronda los 1.000 millones de euros y aún quedan pendientes otros 23 casos abiertos relacionados con la transición energética y las renovables.
Los fondos obtienen como indemnización el embargo de ingresos allí donde se ha denunciado el conflicto. Si es en Reino Unido, se embargan bienes o ingresos que se abonan en el país. El último fallo, conocido en Bélgica, afecta a la participación española en una empresa pública con activos en el país. Todo activo en el perímetro del Reino de España es susceptible de pasar a otras manos con tal de cubrir las indemnizaciones y penalizaciones.
Este mismo año, el Reino de España ha perdido la indemnización por el destrozo del Prestige, la sede del Instituto Cervantes en Londres y esta pasada semana la Justicia de Bélgica ha condenado al pago de 32 millones de euros, un montante que saldrá directamente de Enaire, la empresa encargada del control del tráfico aéreo, y que recibe ingresos de Eurocontrol para dicho fin. Estos ingresos pasarán a las arcas de Blasket Renewable Investments.
LA JUSTICIA Y CONFLICTOS POR LOS IMPAGOS DE LAS RENOVABLES
En el caso de Bélgica, fechado el pasado 18 de junio, fue una victoria para Blasket Renewable Investments, que formó parte de un grupo de 26 empresas afectadas por los impagos. No obstante, adquirió los derechos de cobro del caso Infrared y es ahora cuando se le ha dado la razón, obteniendo así como beneficio lo pagado por la deuda menos la indemnización.
Sin embargo, no todo es una victoria para los fondos a la hora de ejecutar los pagos a España. En EE UU, las empresas AES Solar Energy Coöperatief UA y Ampere Equity Fund BV perdieron contra el Reino de España por otro conflicto por las renovables. Un tribunal de Estados Unidos rechazó la solicitud de ejecución del fondo tras ganar el laudo por 26,5 millones de euros.
El juez de un tribunal de Washington señaló que España carecía de capacidad jurídica para aceptar el arbitraje por el fin a las primas de las renovables.
Era la primera vez que un juez daba la razón a España bajo el pretexto de seguir las directrices de la Unión Europea. No obstante, numerosos jueces no lo ven así y ven un claro perjuicio contra quienes invirtieron en el sector con una serie de condiciones que fueron cambiadas en apenas tres años.
EL CIADI NO SIEMPRE DA LA RAZÓN POR LAS RENOVABLES
Por primera vez, una corte estadounidense ha aceptado el argumento de España en virtud de los mandatos de la Unión Europea. Para el juez Richard J. Leon, la conclusión sobre el procedimiento fue «sencilla» al estar ambas partes bajo la misma ley. «El tribunal estaba obligado a emitir una de conformidad con esa ley por los términos del tratado en virtud del cual fue convocado», apuntó el juez. En este sentido, aseguró que «no hubo una aceptación válida del arbitraje, no existe un acuerdo de arbitraje».
El Gobierno de España ha delegado su defensa en la Abogacía del Estado y en el personal del Ministerio de Economía, y aún faltan 23 causas pendientes solo en el CIADI, pero los fondos también acuden a la Justicia de los países para tratar de recuperar y ejecutar el pago de las indemnizaciones.
Es una lucha de titanes, más cuando los fondos han encontrado la vía para ir contra los activos e ingresos obtenidos por el Reino de España en los países donde se ha aceptado la disputa judicial. Hasta ahora, los fondos solo exigían a España el pago de la indemnización. Esta ejecución no solo se centra en activos tangibles, sino también sobre ingresos futuros. Otra de las posibilidades pasaría por la entrega de acciones de empresas públicas que operan en el país.
LA LUCHA POR UNA INDEMNIZACIÓN CONTRA EL REINO DE ESPAÑA
Por el momento, se ha procedido al embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, un inmueble del Estado con un valor de seis millones de euros. Una posible operación es ceder el edificio al fondo y que cobre el alquiler del mismo hasta cubrir la deuda, la otra opción, traspasarlo directamente y cancelar la deuda.
Asimismo, también en Reino Unido se ha procedido al embargo de la oficina de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, un montante que alcanza los cuatro millones de euros. En Londres, también está en juego la propiedad más grande de España en el país. Se trata del edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, con un valor de 15 millones de euros, a los que hay que sumar la indemnización que se debe a España por el Prestige, con un montante de 850 millones, pero la deuda alcanza los 100 millones con los fondos que pidieron este embargo.
De esta forma, los fondos que buscan la indemnización no siempre ganan, pero cuando lo hacen van con todo para ser resarcidos. España, por su parte, ha logrado paralizar el pago de casi 200 millones en el CIADI, como también en la justicia de varios países. Una lucha de poder a poder que continuará en las salas.
