Entre 2016 y 2019, una organización criminal liderada por Raúl Moro, un empresario extremeño que fue presidente del Real Murcia, y Alejandro Hamlyn, presidente del Grupo Hafesa, habría defraudado más de 154 millones de euros en concepto de IVA de hidrocarburos. Según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, esta trama diseñó e implementó de forma opaca una compleja estructura de fraude fiscal y blanqueo de capitales, utilizando una red de sociedades mercantiles como «cascarones vacíos» para evitar el ingreso del IVA a la Hacienda Pública.
El presente artículo profundiza en los detalles de este caso de corrupción empresarial a gran escala, analizando las estrategias empleadas por la organización criminal, las consecuencias para el mercado y las finanzas públicas, así como los pasos legales tomados por las autoridades para desmantelar esta compleja trama.
Estructura de la Organización Criminal
Según el auto judicial, la organización criminal constituida en torno a la empresa Hafesa Energía habría llevado a cabo un fraude fiscal sistemático en el periodo comprendido entre 2016 y 2019. La trama diseñó una operativa opaca que les permitía evitar intencionadamente el ingreso del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos a la Hacienda Pública.
Para ello, crearon una red de sociedades mercantiles que, careciendo de estructura económica real, actuaban como «cascarones vacíos» y servían de instrumento para llevar a cabo el fraude. Estas empresas instrumentales se interponían entre la posición de Hafesa Energía y los consumidores finales (gasolineras), utilizando la cantidad correspondiente al impago del impuesto como margen comercial. De esta manera, las sociedades utilizadas no soportaban IVA cuando adquirían los hidrocarburos, pero sí repercutían dicho impuesto en la práctica totalidad de las ventas realizadas.
Según el auto judicial, las cuotas defraudadas a través de las sociedades instrumentales «han sido sometidas a un proceso de blanqueo de capitales por un total de 46,5 millones de euros». Los principales destinos de estos fondos ilícitos incluyen la compra de criptomonedas, transferencias a posiciones en el extranjero, efectivo, inversión en inmovilizado, compra de vehículos, cheques y talones, e incluso la adquisición de otras empresas, como la operadora SANVEZ.
El Alcance del Fraude y sus Consecuencias
Según el juez Calama, la organización criminal habría defraudado más de 154 millones de euros en concepto de IVA de hidrocarburos durante el periodo 2016-2019. Esta práctica no solo perjudicaba gravemente a las finanzas públicas, sino que también les permitía monopolizar el mercado al erradicar, al menos parcialmente, la competencia de terceros incapaces de ofertar un precio igual o inferior al suyo, ya que la mercancía se vendía por debajo del precio de coste.
En definitiva, el artículo revela la complejidad y magnitud de este caso de corrupción empresarial, que involucra a altos cargos de una importante empresa del sector energético y que ha sido objeto de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades judiciales.
