La Guardia Civil de Asturias interceptó el pasado lunes un camión articulado que circulaba en zigzag por la autovía de la Ruta de la Plata y cuyo conductor superó en más de diez veces la tasa de alcohol permitida. Este suceso pone de manifiesto los riesgos que conlleva la conducción bajo los efectos del alcohol, no solo para el conductor, sino también para el resto de usuarios de la vía.
El conductor, un vecino de Madrid de 47 años, se enfrenta a dos delitos: uno contra la seguridad vial (conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas) y otro de conducción temeraria. Durante aproximadamente 18 kilómetros, el camión circuló de manera errática y peligrosa, cruzando incluso el túnel de ‘El Padrún’ y provocando importantes retenciones en la circulación.
Interceptación y pruebas de alcoholemia
Tras recibir diversas alertas de conductores que circulaban por la Autovía A-66, la Central Operativa de Tráfico (COTA) de Asturias activó un dispositivo para garantizar la integridad física de los usuarios de la vía y restablecer la seguridad vial. Los agentes lograron interceptar el camión en el kilómetro 57,000 y, tras identificar al conductor, le sometieron a las pruebas de detección de alcohol legalmente establecidas, arrojando una tasa que superaba en más de diez veces la tasa permitida de 0,15 mg/l para conductores profesionales.
Antecedentes y consecuencias legales
Según se pudo conocer, el investigado es un conductor reincidente en este tipo de delitos viales, ya que no es la primera vez que conduce bajo los efectos del alcohol. Además, carecía de la autorización administrativa para ejercer la conducción, por no haber realizado el curso de reeducación de seguridad vial obligado por una sentencia judicial previa.
Las diligencias instruidas por estos dos delitos contra la seguridad vial fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Pola de Lena. El conductor se enfrenta a penas de tres a seis meses de prisión, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, así como a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.
Este caso evidencia la importancia de la vigilancia y el control por parte de las autoridades competentes para garantizar la seguridad en las carreteras y evitar situaciones de riesgo potencial para los conductores y el resto de usuarios de la vía. La conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo un problema grave que requiere de una respuesta firme y eficaz para proteger la integridad de todos los ciudadanos.
