La ampliación de la querella de una de las acusaciones populares en la causa por delitos de corrupción contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha puesto el foco en la empresa Inmark Europa, una empresa donde Begoña Gómez trabajó hasta el 2 de junio de 2018 cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Ahora el juez Juan Carlos Peinado, que instruye esta causa desde el Juzgado de instrucción número 41 de Madrid, investiga 24 millones de euros que esta empresa con sus diferentes denominaciones presuntamente había recibido en subvenciones desde 2020, «de los cuales 8 millones provienen del Estado», de este dinero «6 millones fueron en 2023, una cifra anormal si consideramos convocatorias y años anteriores», según una ampliación de la querella hecha por la asociación HazteOir, que ejerce una de las acusaciones populares. Pero también estudia diferentes contratos del Estado obtenidos desde la época en que la esposa del presidente llegó a La Moncloa.
Según los querellantes, el grupo Inmark es «un holding que incluía a Task Force S.A., cuya directora fue Begoña Gómez. La empresa Inmark Europa absorbió Task Force, la cual fue luego comprada por Adalid Inmark, que ha cambiado su nombre a Adalid Servicios Corporativos S.L.», añade el citado escrito. Es precisamente Inmark Europa, según ha podido comprobar MONCLOA, la empresa que recibió hasta dos contratos de la presidencia de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), un organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), antes dirigido por José Luis Ábalos y también salpicado por el Caso Mascarillas.
CONTRATOS INVESTIGADOS
El primero de esos contratos fue formalizado el 16 de agosto de 2019, con Begoña Gómez ya en La Moncloa, por valor de 33.631,85 euros, correspondiente al lote 4 sobre «estudios de clima laboral» de un contrato mucho más amplio de 740 mil euros. ADIF estaba entonces presidida por Isabel Pardo de Vera, que sería ascendida a secretaria de Estado en julio de 2021.
El segundo contrato fue adjudicado por la presidencia de ADIF a Inmark Europa el 8 de junio de 2022 por 31.044,97 euros. También pertenecía en esta ocasión a un solo lote, el lote 4 cuyo objeto era «servicios de realización de estudios para medición de KPIS (estudios de seguimiento de la calidad percibida, clima laboral, imagen de marca y reputación de ADIF, nuevos estudios de «Adif Acerca» y estudio cuantitativo a comerciantes y empleados». La presidenta de ADIF entonces era María Luisa Domínguez.
Según publicó el diario El Debate, Begoña Gómez fue accionista de Inmark hasta junio de 2022, a pesar de que ya no trabajaba en esta empresa desde 2018, pero habría tardado cuatro años en deshacerse de su paquete accionarial. Durante este período, además de los contratos otorgados por ADIF, Inmark Europa obtuvo un contrato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FSP), un organismo que depende del Ministerio de Trabajo. Esta fundación otorgó un contrato a Inmark por 55.146,83 euros el 17 de junio de 2021. El objeto era «la contratación de servicios profesionales para la realización de la prospección y detección de necesidades formativas en el ámbito del sector de la economía y la industria digital en España» y su duración era de 8 meses.
En total, los tres contratos supusieron 119.825,85 euros, sin contar otro de 90.000 euros concedido por la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. En realidad Inmark Europa, que luego cambió su nombre a Adalid Inmark y luego a Adalid Servicios Corporativos, tiene decenas de contratos con las administraciones locales y regionales, pero el juez sólo ha fijado su vista en los celebrados con instituciones de la Administración central desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa con Begoña Gómez. Para los denunciantes, «Inmark Europa ha recibido varios contratos estatales desde 2018, algunos de ellos ajustados al límite para poder ser adjudicados directamente sin pasar por procedimientos más rigurosos». Incluso también ha recibido un centenar de subvenciones del Estado durante 2023 y los seis primeros meses de 2024.
CON BEGOÑA GÓMEZ YA EN LA MONCLOA
Esta última empresa, Adalid Servicios Corporativos «ha sido beneficiada con una subvención y entrega dineraria sin contraprestación reciente de 500.000 euros por parte del Ministerio de Industria. Así con fecha 24/05/2024 se adjudica a Adalid Servicios Corporativos una subvención por un total de 500.000 euros por la Orden ICT/1080/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa «Generación Digital: Agentes del Cambio», y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del PRTR. Cabe destacar que esta orden establece el límite de 12 millones de euros para pasar por el Consejo de Ministros», recoge la ampliación de la querella contra Begoña Gómez.
Además, recuerdan desde la asociación HazteOir que «no debe obviarse que en esa misma fecha, 24/05/2024, se concede mediante la Orden (…) una subvención y entrega dineraria sin contraprestación a la sociedad The Valley Digital Business School S.L. también incluida enla investigación que se lleva a cabo en este procedimiento y de la que se ha hecho cargo la Fiscalía Europea. Dicha subvención alcanza un total de 4.062.240€».
A pesar de que Begoña Gómez se había desvinculado hace dos años del Grupo Inmark, el juez Peinado quiere también interrogar a la esposa del presidente sobre los vínculos entre su famosa cátedra en la Universidad Complutense y esta empresa.
