El Caso Puertos tiene varias piezas separadas que el juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, de la magistrada Martina Mora, ha reunido en un auto dictado el pasado 17 de junio para iniciar el procedimiento de apertura de juicio oral contra 17 personas y dos empresas. En una de esas variantes del Caso Puertos la magistrada de Baleares acusa a Joan Gual de Torrella, ex presidente de la Autoridad Portuaria Balear (APB) de un delito de prevaricación administrativa y otro de fraude en la administración en la adjudicación de 154 amarres en el puerto de Mahón, en Menorca.
Según el auto judicial, Gual se habría valido de su posición para concertar con los responsables de la empresa Marina Asmen la concesión del concurso público denominado «Concurso para la gestión de puestos de amarre y taller en el muelle de Poniente de Mahón EM746». Ese concurso fue adjudicado mediante resolución el 7 de mayo de 2018 a Marina Asmen, un hecho que la juez califica de «resolución injusta y una resolución que supuso un fraude a la administración por importe superior a 100.000 euros. Concurren indicios de que esa resolución injusta fue dictada a sabiendas por el señor Gual de Torrella, es decir, que dentro de los miembros del órgano colegiado que adopta la decisión con derecho a voto el señor Gual de Torrella conocía que la resolución que se estaba adoptando era injusta y votó a su favor con conciencia y buscando deliberadamente dicha injusticia. Ello con la cooperación necesaria e imprescindible de las personas que después se dirán».
CONCIERTO DE FUNCIONARIOS DE BALEARES
La juez sostiene que existen indicios para «entender que Joan Gual de Torrella (en su condición de funcionario público, presidente de la APB en la fecha de los hechos), Juan Carlos Plaza (en su condición de funcionario público, director de la APB en la fecha de los hechos) se concertaron con los responsables/representantes de la sociedad investigada Marina Asmen, así como con el representante de la asociación Asmen el investigado Justo Saura, a fin de apartándose de la legalidad y de las obligaciones de transparencia y objetividad que les correspondían, resolver arbitrariamente el concurso identificado como EM 746 con la adjudicación a favor de la entidad Marina Asmen, entidad creada por los investigados precisamente para concurrir conjuntamente a dicho concurso y ser conjuntamente adjudicatarios del mismo».
«CONFECCIONARON, DELIBERADAMENTE Y CON ÁNIMO DE PODER CONTROLAR LA RESOLUCIÓN DEL CONCURSO, UNOS PLIEGOS GENÉRICOS CON CRITERIOS POCO DEFINIDOS»
El concurso fue adjudicado, según la juez, después de que «los investigados, previamente concertados, llevaron a cabo los siguientes actos: confeccionaron, deliberadamente y con ánimo de poder controlar la resolución del concurso, unos pliegos genéricos con criterios poco definidos que no permitían a los licitadores conocer cómo se iban a valorar las ofertas y que ocultaban las verdaderas necesidades en esa zona del puerto de Mahón, negociaron esos pliegos con las empresas posteriormente adjudicatarias contando las mismas, por ello, con información privilegiada previa acerca de los aspectos que se iban a valorar y que no se explicaban en los pliegos, formaron una comisión técnica cuyos miembros, a sabiendas de la voluntad de sus superiores y de forma deliberada, manipularon e interpretaron los pliegos de forma que arbitrariamente las valoraciones fueran favorables a la elección de Marina Asmen».
Pero antes la APB llevó a cabo una reordenación física de los amarres con una nueva distribución de pantalanes, ejecutando la APB la mayoría de las obras. Tras las obras el puerto quedó divido en amarres de embarcaciones de hasta 8 metros gestionados por la APB, el concurso EM 703 para la explotación y gestión de los amarres para embarcaciones de chárter y en tercer lugar, el concurso EM 746, que es el objetivo de la investigación judicial, que comprendía un total de 154 amarres de los cuales 10 debían destinarse a amarres de taller y «cuya flota y distribución era la indicada por la APB en el plano adjunto al pliego de bases sin que los licitadores pudieran modificarla».
La juez sostiene que todas las empresas integradas en Marina Asmen, necesitaban que «la rentabilidad de las empresas titulares de las antiguas AOT de taller pasaba por seguir ostentando un título de explotación de los amarres que se estaban reordenando de modo que para dichas empresas era fundamental conseguir la adjudicación del concurso EM 746». La magistrada incluso asegura que «se llevó a cabo un proceso de negociación con los responsables de la APB a fin de que los pliegos del futuro concurso recogieran los intereses y necesidades de dichas empresas, consiguiendo finalmente su objetivo».
ADJUDICADO A MARINA ASMEN
El concurso fue adjudicado a favor de Marina Asmen tras el acuerdo del consejo de administración de la APB de 7 de mayo de 2018 con el voto en contra de los cuatro consejeros que representaban a la Administración del Estado, abogado del Estado vocal, el representante de Puertos del Estado, el representante de la Administración General del Estado y el Capitán Marítimo, «siendo este hecho totalmente insólito hasta ese momento», incida la juez.
En esta pieza la juez acusa además de a Gual de Torella y Juan Carlos Plaza, al jefe del área de gestión Fernando Berenguer, al jefe de explotación Armando Parada y el delegado de la APB en Menorca, Vicente Fullana, además de a los representantes legales de Marina Asmen, Benito Reynes, Javier Mas, Marc Pons, Justo Saura y Basilio Sastre.
En el caso de la empresa Asmen, concesionaria entre 2018 hasta 2020, sostiene la juez que «facturaba un precio decidido unilateralmente en virtud de la eslora y manga de la embarcación. El precio fijado era, además, totalmente desproporcionado (…) lo que supone un beneficio neto no amparado en las condiciones de explotación del título de 131.851, euros».
