La gestión municipal y la toma de decisiones en el ámbito local a menudo se enfrentan a desafíos complejos que requieren soluciones rápidas y eficaces. En este contexto, el caso del alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, ha llamado la atención por su reciente absolución en un caso de presunta prevaricación relacionada con la contratación de una arquitecta técnica. Este suceso pone de manifiesto la delgada línea que existe entre la necesidad de actuar con celeridad para resolver problemas urgentes y el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos.
La decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de absolver al alcalde Oujo se basa en una serie de consideraciones que van más allá de la mera aplicación de la ley. Los magistrados han tenido en cuenta el contexto específico en el que se tomó la decisión de contratar a la arquitecta técnica, así como las motivaciones detrás de esta acción. Este caso nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la gestión municipal y la importancia de equilibrar la eficiencia administrativa con la legalidad en la toma de decisiones públicas.
La crisis en el departamento de Urbanismo y la necesidad de acción
El caso se remonta a 2011, cuando Luis Oujo asumió el cargo de alcalde de Porto do Son. En ese momento, se encontró con un departamento de Urbanismo en una situación crítica, prácticamente colapsado y con una sola arquitecta para manejar todos los expedientes. Esta situación no solo estaba generando retrasos significativos en la tramitación de los asuntos urbanísticos, sino que también estaba afectando negativamente a los ciudadanos del municipio.
Ante este escenario, tanto la arquitecta en plantilla como otros técnicos del Ayuntamiento informaron al alcalde de la urgente necesidad de contratar a un arquitecto técnico adicional. La decisión de Oujo de proceder con la contratación se basó en estas recomendaciones profesionales y en su evaluación de la situación. Es importante destacar que, según la sentencia, el alcalde realizó consultas con funcionarios, la Secretaría y la Intervención, además de contar con la supervisión de la concejala de Hacienda, antes de tomar la decisión final.
La contratación de la arquitecta técnica se llevó a cabo tras un proceso que incluyó la solicitud de currículos y la realización de entrevistas. La Sala subraya que la persona seleccionada era desconocida para el alcalde, lo que sugiere que no hubo favoritismo en la elección. El objetivo principal de esta contratación, según se indica en la sentencia, era beneficiar a los vecinos y mejorar el servicio público en general, aliviando la carga de trabajo del departamento de Urbanismo.
Las irregularidades administrativas y su contexto
A pesar de que la contratación se realizó con el propósito de mejorar el funcionamiento del departamento de Urbanismo, no estuvo exenta de controversias. Durante el período de contratación, la Intervención formuló reparos basados en la opinión de que las competencias asignadas a la arquitecta técnica eran propias de funcionarios públicos. Además, se señalaron límites temporales y cuantitativos que podrían haber sido excedidos.
Sin embargo, la Audiencia Provincial ha considerado que estas irregularidades deben ser entendidas dentro del contexto específico de Porto do Son. Según la sentencia, la forma de actuar del alcalde Oujo se ajustaba a la costumbre administrativa del municipio en materia de empleo municipal. Es relevante señalar que, según se indica, el 69% de los contratos de personal del Ayuntamiento se encontraban en una situación similar de posible relación laboral encubierta.
Los magistrados han subrayado que no se informó al alcalde de ningún problema legal específico relacionado con esta práctica, y que él mismo no comprendía que pudiera haber alguna irregularidad significativa en su actuación. Este punto es crucial para entender la decisión de absolución, ya que sugiere que no hubo intención dolosa por parte del alcalde al tomar la decisión de contratar a la arquitecta técnica.
La evaluación judicial y la absolución
La decisión de la Audiencia Provincial de absolver al alcalde Luis Oujo se basa en una evaluación integral de las pruebas presentadas. Los jueces han considerado que el conjunto de evidencias no refleja una imagen de arbitrariedad típica en los actos administrativos relacionados con la contratación de la arquitecta técnica. Además, no han encontrado indicios de que el acusado fuera consciente de estar cometiendo una ilegalidad que pudiera poner en peligro el bien jurídico protegido.
Un aspecto fundamental de la sentencia es la consideración de que las irregularidades detectadas no pasan de ser «simples e inocuas irregularidades consuetudinarias y habituales» en el ámbito administrativo local. Los magistrados han enfatizado que estas prácticas se enmarcan en un contexto muy específico, tanto en términos de lugar como de tiempo, y que no requieren la intervención de la jurisdicción criminal.
La Sala ha dado especial importancia a las pruebas personales aportadas por los funcionarios y a la documentación oficial presentada. Estas evidencias, según la sentencia, confirman la veracidad de la declaración del alcalde y demuestran la racionalidad y oportunidad de su decisión en el contexto de la realidad municipal de Porto do Son. Los jueces han concluido que, lejos de mostrar una flagrante ilegalidad, las acciones del alcalde reflejan un intento de cumplir con su responsabilidad pública electiva de manera eficaz.
En conclusión, este caso pone de manifiesto la complejidad de la gestión municipal y los desafíos que enfrentan los líderes locales al tratar de resolver problemas urgentes dentro de los límites de la legalidad administrativa. La absolución del alcalde de Porto do Son subraya la importancia de considerar el contexto y las motivaciones detrás de las decisiones administrativas, más allá de una interpretación estricta de los procedimientos. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la necesidad de revisar y actualizar las prácticas administrativas locales para evitar situaciones similares en el futuro.
