La juez de Instrucción 3 de Palma de Mallorca ha propuesto transformar la investigación que afectaba al entonces presidente de Puertos de Baleares y otras diez personas en procedimiento abreviado para dar por concluida la investigación y transformar el procedimiento como paso previo para llegar a la celebración de juicio.
La juez acusa a Joan Gual de Torrella Guasp, entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) de «varios delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración, tráfico de influencias y un delito instrumental de cohecho», todo ello dentro de la adjudicación para la explotación del Puerto de Ibiza.
Junto a Joan Gual está acusado de cohecho el exvicepresidente de la APB Miguel Puigserver. La juez acusa también de prevaricación y fraude, al alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, al ex director de la APB de prevaricación y fraude, Juan Carlos Plaza, y a la asesora jurídica del Consejo de la APB, Dolores Ripoll, de prevaricación, fraude y tráfico de influencias, entre otros.
CASO PUERTOS, UN PROCESO INICIADO EN 2020
El proceso se inició en 2020 cuando la Fiscalía Anticorrupción de Baleares presentó una querella por las irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación de explotación de la dársena del puerto de Ibiza al Centro Náutico de Ibiza (CNI), la misma empresa que lo explota desde el año 1927.
Según el auto de la juez de fecha 17 de junio de 2024 el Consejo de Administración de la APB «dictó varias resoluciones arbitrarias e injustas para favorecer ilegal y deliberadamente al CNI en ejecución de la voluntad arbitraria del entonces presidente Gual de Torrella». La juez instructora enumera al menos tres resoluciones en 2016, 2017 y 2018 para conceder «la adjudicación de dos títulos de explotación del dominio público portuario apartándose para ello de los criterios de legalidad, transparencia, objetividad y concurrencia».
Para conseguir el dictado de las resoluciones «arbitrarias e injustas participaron de forma necesaria y determinante, los técnicos de la APB Armando Parada y Fernando Berenguer. En el caso de la adjudicación a favor del CNI participó también del concierto el técnico Jorge Martín», sigue el auto. Todos ellos también están acusados de varios delitos relacionados con la corrupción dentro de la causa.
REPERCUSIONES ECONÓMICAS EN IBIZA
Para la juez la decisión de adjudicar la explotación del puerto de Ibiza «tiene unas repercusiones económicas importantísimas, resultando que se elige ‘a dedo’ al particular que en los próximos 35 años va a explotar ese dominio público». El Puerto de Ibiza facturó en el año 2022 la nada desdeñable suma de 25,6 millones de euros.
La concesión del último dominio vencía en 2010 y poco antes el CNI consiguió que varias instituciones como el Parlamento de Islas Baleares, el Consejo Insular de Ibiza y hasta el Congreso de los Diputados les reconociesen como entidad de interés. Se trataba de acogerse a la posibilidad prevista en el artículo 107.2 c de la Ley de Régimen Económico y Prestación de Servicios en los Puertos de Interés General, para no tener que acudir a una licitación en concurso público.
Ante la posibilidad de que el CNI pidiese la prórroga de esa concesión en 2009 la APB solicitó a la Abogacía del Estado un informe, firmado por María Dolores Ripoll, que concluyó que el CNI no cumplía los requisitos para «ser considerado de interés estratégico y relevante», lo mismo que hizo el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Javier Jiménez Cisneros Cid. A finales de ese mismo año, en noviembre de 2009, el CNI hizo efectiva su petición. Y justo un año después, en noviembre de 2010, la APB concedió la primera prórroga anual de la concesión al CNI hasta el 2020 cuando se presentó a concurso -fue el único que lo hizo- saliendo adjudicatario por tres años, hasta 2023. Pero el 19 de abril de 2024 se resolvió otro concurso en el que no salió adjudicatario el CNI.
«SE CONCERTARON ENTRE SI Y CON LOS RESPONSABLES DEL CNI, APARTÁNDOSE DE LA LEGALIDAD VIGENTE»
Para la juez sucede un hecho fundamental en toda la historia y es que en julio de 2015 es nombrado presidente de la APB Joan Gual de Torrella Guasp y entonces se presentan dos ofertas nuevas para hacerse con esa concesión, por una parte la empresa Club Deportivo Básico Doce Millas (CDB12M) y por otras parte Portocolom Nautic. Según la juez los tres principales investigados, Gual, Plaza y Ripoll «se concertaron entre sí y con los responsables del CNI para que el procedimiento administrativo se resolviera a favor del CNI, apartándose de la legalidad vigente». Según el auto, «hicieron un concurso a medida». ¿Qué estrategia emplearon? Según la instructora, en el concurso introdujeron el concepto de «arraigo» como criterio principal o de nivel 1.
«El concepto de «arraigo» se introdujo vinculado al lugar (la isla y ciudad de Ibiza) y al número de socios que tuviera el club, resultando que los investigados sabía que, de los tres proyectos concurrentes, solo el CNI se encontraba instalado en la zona (de hecho lo estaba desde el año 1927) y contaba con un elevadísimo número de socios (aproximadamente mil socios) a diferencia de los otros dos concurrentes que eran entidades de reciente creación», continúa el auto judicial. La aprobación de esto criterios fue resuelta por el Consejo de Administración de la APB el 3 de febrero de 2016. La juez sostiene que «el investigado Rafael Ruiz (alcalde de Ibiza) como vocal del consejo, votó a favor de la aprobación de los criterios de valoración precisamente porque sabía que beneficiaban al CNI».
LA EXPRESIDENTA DE BALEARES APOYÓ A LA EMPRESA CNI
Pero además, el 6 de febrero de 2016 durante la celebración del 90 aniversario del CNI la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, mostró su compromiso con la continuidad del club. Así en abril de 2016 se abrieron las tres ofertas, pero varios miembros de la comisión técnica de evaluación pidieron no formar parte de la misma. En julio de 2017 esta comisión emitió un informe favorable al CNI que ganó con 75,70 puntos contra los 55,60 de Portocolom y los 51,59 de CDB12M, que ya en esas fechas había denunciado judicialmente el criterio de «arraigo». En marzo de 2018 una sentencia del TSJB anulaba ese criterio y declaraba varias irregularidades más.
Pero aún así en mayo de 2018 un nuevo informe técnico concedía al CNI la máxima puntuación para la explotación de la dársena de Ibiza que «no había sido facilitado a los miembros del Consejo con anterioridad», según el auto. Dos miembros de este consejo se oponían a la concesión aplicando el criterio del TSJB, pero uno dimitió en junio de 2018 y el segundo un día antes de que se celebrase un nuevo Consejo de la APB donde se acordó la concesión al CNI. Pero de nuevo, el CDB12M recurrió al TSJ de Baleares que suspendió de manera cautelar este acuerdo y lo tumbó de manera definitiva en mayo de 2020 mediante sentencia.
Entonces intervino la Fiscalía Anticorrupción a la que se sumaron las empresas afectadas, Sernautic Balear y el Club Deportivo Básico 12 Millas.
