Tras estallar el escándalo Delcygate y la consiguiente publicación de noticias relativas a la visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, al aeropuerto de Barajas, el equipo de confianza del ex ministro José Luis Ábalos comenzó a elaborar una estrategia informativa y penal cuyo único objetivo no era dar explicaciones sino demandar o querellarse contra informadores de medios de comunicación, influencers anónimos o conocidos e incluso particulares que publicasen opiniones consideradas injuriosas por el equipo de Ábalos, a veces incluso en contra de la opinión del abogado a quien pedían elaborar esas demandas que no eran sólo para defender a Ábalos, sino también a su esposa Carolina Perles, a Koldo García y a la pareja de éste, Patricia Uriz.
Hasta entonces el ministro y su entorno habían ido interponiendo demandas desde 2019 a diferentes actores de la actualidad, casi siempre a través de un despacho de abogados de Gijón. Pero tras el Delcygate alguien debió pensar que se necesita una estrategia judicial a largo plazo y no para defenderse, sino para demandar y querellarse. La estrategia fue transmitida por el Director del Servicio de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, el inspector de Policía Rubén Eladio López, entonces de excedencia en la Policía Nacional y al servicio del ministerio de Ábalos. al abogado contratado. El propio López fue el encargado de recoger en un documento las necesidades que tenía el ministro, pero también su asesor y las parejas sentimentales de ambos, que en el caso de Perles no figuraba en el organigrama del ministerio y en el de Uriz figuraba como personal contratada de confianza en el gabinete del ministro Ábalos, pero no es funcionaria de carrera.
ABOGADO DE FUERA DEL MINISTERIO
El 19 de abril de 2021 López escribía a un abogado externo, no adscrito al ministerio, un veterano letrado madrileño que incluso ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), pero especializado en Derecho Civil y Mercantil, no un penalista propiamente dicho, aunque sí alguien que sabe de demandas civiles, perfecto para conseguir el propósito de recibir indemnizaciones en caso de obtener condenas a su favor.
Ese día de abril de 2021 López respondía con el asunto «Cristina Seguí», una conocida abogada y periodista valenciana, a un mail anterior del abogado: «Sí, yo te paso el domicilio de Cristina Seguí. Las demandas son cuatro líneas de actuación, en base a los querellantes (Ábalos, García, Perles y Uriz) que son los siguientes». No explicaba López cómo pretendía conseguir el domicilio particular o profesional de Seguí.
«DEMANDA A TODO MEDIO O PERIODISTA QUE HAYA ACUSADO AL MINISTRO DE COMETER UN DELITO E INTRODUCIR ORO, DROGA O DINERO»
La estrategia continuaba explicando que respecto a Ábalos «se establecen nueve líneas de actuación» en las que enumeraba todos los casos donde se nombraba al ex ministro en Prensa. En el caso Delcygate la consigna era «demanda a todo medio o periodista que haya acusado al ministro de cometer un delito e introducir oro, droga o dinero insinuando la comisión de un delito o favorecimiento al blanqueo de capitales, imputación delito de prevaricación e incluso cohecho. Los medios de prensa principales son Esdiario, Libertad Digital, Vozpópuli, Periodista Digital, DiarioPatriota, etc…».
En el Caso Fiadelso, una Fundación de origen familiar que el ministro Ábalos tuvo en Valencia la orden para demandar era la «imputación de red de enchufes y cobro de subvenciones a través de la Fundación». Respecto a «Estado de Alarma» sólo se decía que era el «programa de Javier Negre», que sería demandado por Carolina Perles por el escrache sufrido en su domicilio oficial del ministerio.
EURODIPUTADOS E INFLUENCERS
El ahora eurodiputado Alvise Pérez fue demandado por Ábalos y su entorno en varias ocasiones, incluso alguna está todavía pendiente de ser resuelta todavía por los juzgados. En su caso el resumen era «la estructura societaria y familiar que publico de Ábalos como si fuera una organización delictiva afirmando cohecho y subvenciones ilegales. Las maletas del Delcygate, lo de las mascarillas y la empresa a través de las que se compraron y cobraron supuestas comisiones ( Vozpopuli y libro que te mandé, que su autor que es una letrado de Aragón puso una querella y se lo archivaron), fotos de su mujer. Campaña de acoso. Vulneración derecho al honor (amante bolivariana cuando esta felizmente casado, afirmando incluso citas en un apartamento de plaza España)». El letrado de Aragón que nombra es Ramiro Grau, primer denunciante del caso Mascarillas que recientemente ha ganado la última demanda al ex ministro Ábalos, como ya hemos contado en MONCLOA.
En el caso de la abogada Cristina Seguí la demanda fue por «calumnias e injurias y contra el derecho al honor (amante bolivariana cuando esta felizmente casado)», al eurodiputado Herman Terch sería por»: por «vulneración derecho al honor, injurias y calumnias». Al periodista radiofónico Federico Jiménez Losantos y al medio Libertad Digital sería por «la imputación de delito por introducción de cocaína y facilitación al blanqueo de capitales».
En el caso de la «compra de mascarillas», figuraban tanto Koldo García como su pareja Patricia Uriz, y era por la «imputación delictiva sobre supuestas comisiones utilizando para la compra de mascarillas una empresa supuestamente afín y sin experiencia en el sector», precisamente lo mismo por lo que ahora están investigados.
El plan también recogía las «calumnias e injurias en redes» y la solución era «demandar a los más activos y con imputaciones o vulneración al derecho al honor que sean muy evidentes». De hecho, varias personas del gabinete de Ábalos, en concreto de su Secretaría particular, estuvieron buscando ejemplos en X y luego los remitieron a Rubén Eladio López que se los reenviaba al abogado. Incluso llegaron a elaborar una serie de líneas de actuación para proceder a recoger esos datos en X (antes Twitter) y Facebook.
También pidieron consejo a Álvaro Sánchez Manzanares, entonces en la asesoría jurídica de Puertos del Estado que explicaba desde su cuenta corporativa cómo hacer llegar esa denuncia a buen puerto. En concreto, contra el entonces tuitero Alvise Pérez. Actualmente Álvaro Sánchez fue destituido de su cargo como secretario general de Puertos del Estado tras conocerse que era investigado en la trama Koldo de compra de mascarillas,
Hay un epígrafe destinado sólo a «la mujer de Abalos, Doña Carolina». Según el informe se habría atentado en su caso «contra el derecho a la propia imagen y honor, publicación de su imagen no siendo figura publica en diversos medios de comunicación, pues es una policía municipal que actualmente esta en servicios especiales como funcionaria en la Delegación de gobierno de Madrid. Se le imputa también su gestión en la fundación Fiadelso y cobro de subvenciones y enchufes». MONCLOA ha podido confirmar que al menos una de estas demandas contra un periodista fue interpuesta en contra del criterio jurídico de su abogado contra un periodista y un medio de comunicación, que salieron airosos de la denuncia. Carolina Perles también era la firmante de la denuncia contra el programa «Estado de Alarma» por un escrache que sufrió en el domicilio oficial de su marido.
Rubén Eladio López pidió información al jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que intervino en ese escrache a Perles, aunque luego se quejaba en otro mail de que «el inspector jefe no es muy explícito y se refiere a una protesta política» y valoraba que «como ves, no ayuda en demasía».
KOLDO GARCIA «NO ES PERSONAJE PÚBLICO»
Respecto a Koldo García, el documento afirma que «aunque es un asesor del ministro no es personaje público», desconociendo que ya entonces el ministerio fiscal investigaba la posibilidad de investigarlo dentro de la Operación Delorme. Su participación en el Caso Delcygate se resumía en que «la Prensa ha realizado imputación al favorecimiento del blanqueo de capitales, introducción de maletas con oro, dinero y cocaína. Imputación al delito de prevaricación por facilitar la entrada de la vicepresidenta de Venezuela (mismas imputaciones que al ministro)» y se incidía en su «vulneración del derecho a la imagen», aunque se especificaba que «entiendo que pueda ser difícil que prospere pero realmente no es un personaje público, y no es de interés público es la propia prensa la que le ha hecho de interés público, no hay ningún otro asesor que tenga ese interés ( entiendo que esto pueda ser más discutible)».
La pareja de Koldo García, Patricia Uriz, también era objeto de este informe. De ella se opinaba que «la difusión de su fotografía no es de relevancia informativa a la par que el puesto que ocupa es un puesto administrativo dentro del ministerio como secretaria. Por tanto ni es personaje publico , ni el puesto que desempeña es de interés publico por tanto la difusión de su fotografía en mi opinión podría encajar en una demanda». Tras realizar la demanda contra un periodista y un medio digital, un juzgado de Plaza de Castilla falló exactamente lo contrario.
Los investigadores de la Guardia Civil desconocen todavía quien pagó los servicios de los diferentes abogados contratados y si el ministerio sólo sufragó los de Ábalos y el resto fueron pagados por los denunciantes o si todos fueron a la cuenta del Ministerio. Un asunto por el que nadie preguntó a Ábalos en la comisión de investigación celebrada en el Senado. La cuestión es que el cruce de mails intervenidos en la cuenta corporativa de Koldo García en el ministerio venían en muchos casos de direcciones particulares pero otras veces desde cuentas del propio MITMA.
