El juez Peinado ha acordado suspender la declaración de Begoña Gómez a los 30 minutos de que la esposa del presidente del Gobierno se personara en calidad de investigada en el Juzgado, según adelantó Europa Press. Lo ha hecho después de que la esposa del presidente Sánchez alegase desconocimiento de la causa y de los delitos concretos que se le imputan y tras declarar que no se le había comunicado la última querella presentada por la asociación Hazte Oir. El juez ha fijado nueva fecha para su declaración para el 19 de julio.
La comparecencia comenzó con Begoña Gómez declarando ante el juez que desconocía los delitos concretos que se le imputaban, aunque el auto señala que es por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En ese momento, Gómez ha sido informada de las querellas presentadas en su contra y durante ese trámite las partes han salido de la sala unos minutos. Luego el juez ha decidido suspender la declaración en aras de dar todas las garantías posibles de defensa a la investigada.
Begoña Gómez llegaba pasadas las 10.18 horas al juzgado donde tenía previsto comparecer ante el juez instructor Juan Carlos Peinado. Ha llegado acompañada de cuatro personas y vestida completamente de negro. Tal y como se había fijado por la juez decana de Madrid, su entrada ha tenido lugar por el garaje del edificio, desde donde se ha dirigido a la sexta planta dado que ahí se ubica el Juzgado de Instrucción número 41. Los pasillos de dicha planta han contado con seguridad adicional a la habitual y solo se ha permitido la presencia de cuatro agencias de noticias que informan al resto de medios.
La Policía Nacional ha desplegado este viernes un importante operativo de seguridad ante la declaración. Así, casi una decena de furgones se han apostado desde las 7.30 horas a los alrededores para esperar la llegada de Gómez. La organización Hazte Oir había convocado una protesta frente al Juzgado.
EL JUEZ DIJO QUE INVESTIGA «TODOS LOS ACTOS, CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS DESDE QUE SU ESPOSO ES PRESIDENTE DEL GOBIERNO»
Esta citación ha sido objeto de varios recursos por parte de la defensa de Gómez, dirigida por el exministro Antonio Camacho, y por parte de la Fiscalía. Ambos entendían que, tras la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte de la causa relativa a adjudicaciones de Red.es a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés -que contaba con cartas de recomendación de Gómez-, el juez debía especificar qué hechos mantenían viva la investigación.
Peinado, en un auto firmado esta misma semana, respondía a esas dudas señalando que investiga «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Begoña Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial» presentada por el colectivo de funcionarios Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.
El juez no daba mayor detalle de esos contratos a los que aludía en su auto, pero sumaba además que también se debían tener en cuenta los hechos incluidos en la querella que presentó con posterioridad la asociación Hazte Oir, aunque tampoco los detallaba.
Además, Peinado indicaba en su último auto que no tenía obligación de informar a la defensa antes de tomarle declaración como investigada. Begoña Gómez podía acogerse a su derecho a no declarar, contestar solo a las preguntas de su letrado o responder al juez y al resto de partes del procedimiento; es decir, Fiscalía y la acusación popular que dirige Vox en representación también de Manos Limpias, Hazte Oír, Movimiento de Regeneración Política de España, Iustitia Europa.
El juez ha accedido a que todas las acusaciones populares estén presentes en el interrogatorio, pero ha insistido en que Vox será la única que podrá tomar la palabra. Además, ha resaltado que solo dejará pasar a un letrado por parte. Está previsto que tras la declaración de Gómez comparezca como testigo el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, a las 13.00 horas.
MANOS LIMPIAS SEÑALA A BARRABÉS
Sobre la mesa del juez había hasta tres escritos que giran en torno a la figura y posibles actividades de la esposa de Pedro Sánchez: la denuncia transformada en querella de Manos Limpias, la querella de Hazte Oír -que contó con una ampliación- y una tercera querella de Vox que, de momento, se desconoce si por reparto ha caído en otro juzgado distinto al suyo.
En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias, el sindicato dirigido por Miguel Bernad, se acusaba a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del presidente del Gobierno: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».
Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.
Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del caso Koldo, era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (…) de la compañía».
A esto sumaba que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada» y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.
HAZTE OIR APUNTA A GLOBALIA
El 29 de mayo, al tiempo que la Audiencia Provincial de Madrid avalaba la investigación del juez -si bien acotaba que se debía centrar en los contratos públicos con los que se hizo Barrabés-, la plataforma Hazte Oír presentaba una nueva querella contra Gómez.
La asociación atribuye a la esposa del presidente un presunto delito de tráfico de influencias al asegurar que «las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo» con Gómez desde que Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno «han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%».
Hazte Oír subraya que Gómez «ha comparecido en distintos foros y eventos empresariales, en ocasiones junto a altos cargos del Gobierno», y ha «realizado viajes oficiales en acompañamiento de su esposo, a lugares en los que ella tenía sus propios intereses laborales, profesionales y comerciales».
En su escrito, la asociación pone el foco en un «contrato de adjudicación directa concedido por el Gobierno de Sánchez a Inmark Europa, de la que es accionista Begoña Gómez». Destaca también la «relación» de la investigada con el Grupo Globalia y los rescates del Ejecutivo a diversas empresas del Grupo. Y añade «las reuniones» en las que «se presenta como esposa del presidente».
Asimismo, Hazte Oír denunció que la Universidad Complutense de Madrid «contrató el desarrollo de una web para captar datos de potenciales clientes bajo la marca Transforma TSC», de la que Gómez es administradora única, según la querella.
VOX PONE EL FOCO EN LA UCM
El partido político Vox, por su parte, presentó una querella contra Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía.
La formación sostiene que Gómez «prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (…) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada».
Señala además que la esposa del presidente del Gobierno, tras conseguir el correspondiente registro de la patente, «utilizó el canal de contratación de la UCM para lograr la financiación restante para la finalización de dicho aplicativo».
Por otro lado, el magistrado Juan Carlos Peinado, ha rechazado la petición de la defensa de Gómez de que sólo se grabara el sonido de la declaración, y por tanto la declaración será grabada también en vídeo. Su abogado, Antonio Camacho, había solicitado esta excepción habida cuenta que es una persona de «relevancia pública».
