La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha confirmado en todos sus términos la sentencia condenatoria dictada en primera instancia por el Juzgado Penal 3 de Oviedo para 5 personas y el sindicato UGT, desestimando los recursos presentados por sus respectivas representaciones legales. Este caso se centra en un delito de fraude de subvenciones en relación a una ayuda concedida a la organización en 2012.
El fallo judicial establece que tanto el sindicato UGT Asturias como la Fundación IFES venían accediendo desde hacía tiempo como beneficiarios a subvenciones públicas ofrecidas anualmente por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias para la realización de programas de acciones de formación para el empleo. Sin embargo, la investigación reveló que existía una operativa orientada al desvío sistemático de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención, tanto por el sindicato como por IFES, respecto a los fines para los que les fueron concedidos.
Modus Operandi del Fraude de Subvenciones
El exsecretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, la exsecretaria de Administración de la organización y el secretario de Formación llevaron a cabo «en actuación concertada» diversas maniobras fraudulentas que les permitían obtener beneficios económicos con cargo a dichas subvenciones, revirtiendo principalmente en la propia organización sindical, así como en la fundación y en las sociedades vinculadas.
Una de las principales estrategias consistía en enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas, ocultando a la Administración concedente el sobrecoste en que incurrían en la justificación del gasto. Esto se lograba mediante:
- Facturación de alquileres de equipos didácticos sin que constasen tales bienes.
- Inclusión en la justificación de costes de personal laboral del sindicato que no había tenido relación alguna con las actividades formativas.
- Aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas empresas, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de bienes y servicios.
- Incremento ficticio del precio de locales y equipos con un sobrecoste que se imputaba a las subvenciones recibidas.
Consecuencias Legales y Administrativas
La sentencia establece que esta «actuación fraudulenta» fue facilitada por el control que UGT ejercía sobre la delegación territorial de IFES, contando con la necesaria colaboración del órgano gestor de la fundación y de ciertos empleados de las entidades implicadas.
Como resultado, el sindicato UGT Asturias fue condenado a una multa de 122.000 euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años.
Además, el exsecretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, fue condenado por delitos de fraude de subvenciones, tanto como autor como cooperador, con una pena de dos años y diez meses de prisión.
Esta resolución judicial, que aún no es firme, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el fallo sienta un precedente importante en la lucha contra el fraude de subvenciones públicas, un fenómeno que sigue siendo un desafío para las autoridades y la sociedad en general.
