Son 46 policías nacionales amnistiados hasta ahora por las cargas en el 1-O, pero no están todos. Al menos 23 agentes continúan encausados por los hechos del referéndum independentista ilegal y por el que está investigado Carles Puigdemont por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
En el caso de los 23 policías nacionales, todos ellos se encuentran en fase de instrucción por tratar de frenar las algaradas y gravísimos disturbios, como en el aeropuerto de El Prat o Urquinaona, entre otros lugares, durante octubre de 2019, cuando se conoció la sentencia a los nueve independentistas del ‘procés’. De ellos, cuatro tendrán que demostrar su inocencia en la Justicia dado que se les imputa un delito de lesiones graves, una de las excepciones de la amnistía.
El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha aplicado la amnistía, aunque los sindicatos se han opuesto a dicha medida al equiparar a quienes cumplieron órdenes judiciales, fueron vilipendiados y enjaulados en barcos para hacer sus horas de descanso frente a quienes atentaron, como así lo atestiguan las sentencias judiciales, contra el Estado de Derecho y dejando decenas de agentes heridos, algunos de ellos con la carrera truncada por las graves lesiones sufridas.
POLICÍAS NACIONALES CUMPLÍAN UN MANDATO JUDICIAL
Los agentes de la Policía Nacional amnistiados estaban imputados por las cargas producidas, mientras que al menos cuatro agentes están bajo investigación policial por el caso del independentista que perdió un ojo en las algaradas producidas durante ese día. Los sindicatos policiales consideran que los agentes ganarían en la vía judicial, sin amnistía.
La mayor parte de los agentes de la Policía Nacional se ha posicionado en contra de la amnistía al ser una medida que iguala a quienes velaron por cumplir un mandato judicial frente a quienes promovieron e intentaron un «golpe de Estado en Cataluña» junto a «responsables de actos de terrorismo callejero y graves disturbios». A pesar de ello, muchos de los agentes investigados buscaban poner fin a su particular vía crucis, un calvario que han sufrido también sus familias por un largo procedimiento judicial, que se ha prolongado durante más de seis años.
El abogado Javier Aranda, del despacho de abogados Aranda, Melgar & Tasies Advocats, ha defendido a todos los miembros de Jupol y siempre manteniendo la inocencia y el honor de todos los policías que participaron en las decenas de operativos en toda Cataluña. En este sentido, hay que recordar que ejecutaron un mandato judicial, sin seguir órdenes políticas, por más que los independentistas insistan en que fue el Gobierno de España.
VILIPENDIADOS POR LA CIUDADANÍA Y POLÍTICOS
Tenían como principal misión impedir la votación y controlar a los independentistas, apostados frente a los colegios y cortando carreteras para impedir el paso de los vehículos policiales. Los agentes tenían que salvaguardar orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Pocas horas después del 1-O llegó el acoso y derribo contra los agentes. La difamación y las amenazas a hoteles que alojaron a los agentes prosiguieron después, con connivencia de alcaldes y concejales del PSC.
El auto del magistrado Francisco Miralles mantiene el criterio de la Fiscalía en el caso de los 46 agentes, pero habrá que esperar a los cuatro policías aún encausados por la pérdida de un ojo de un independentista. Este criterio es clave ya que se aplica la amnistía por no generar lesiones graves. En la pérdida del ojo, habrá que esperar a la justicia para conocer si son finalmente exonerados.
«La amnistía debe ser aplicada a los investigados en el presente procedimiento, ya que las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual, enmarcadas en un objetivo policial definido y que no continuaron una vez conseguido el mismo sin que se prolongaran en el tiempo más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales», añade el juez Miralles.
SIN LESIONES GRAVES, HAY AMNISTÍA
El magistrado ha estudiado si aplicaba la amnistía a estos 46 agentes en apenas dos semanas desde la entrada en vigor de la ley tras realizar la pertinente cuestión a la Fiscalía y a las defensas para borrar todo rastro judicial. Ahora, las partes tienen cinco días para pronunciarse sobre estos hechos.
El juez recuerda la medida de gracia solo excluye las denuncias por torturas y maltrato siempre que superen el umbral mínimo de gravedad, siguiendo los estándares internacionales. Los cuatro agentes, acusados por ser los presuntos responsables de la pérdida de un ojo de un independentista, no quedarían exonerados debido a la excepción de la norma, que establece que las intervenciones con resultado de aborto, lesiones, muerte, la pérdida o inutilidad de un órgano o de alguno de los sentidos.
Para Jupol, los 46 policías nacionales han pasado un «calvario» tras defender la Constitución y obedecer un «mandato judicial». Para el sindicato CEP, estos agentes han recibido justicia, con independencia de la amnistía, «porque todas y cada una de sus actuaciones tuvieron como objetivo la defensa de la Constitución Española y el cumplimiento de órdenes y mandatos de jueces y fiscales».
Tras el 1-O, las vidas profesionales de Ángel, Iván, Pablo y otros 131 agentes quedaron truncadas, con secuelas y ninguneadas después por los responsables políticos del PSOE que pactaron con ERC y Junts esta amnistía. También otros 153 mossos d’Esquadra resultaron heridos, pero no tuvieron el mismo atropello que cometieron con los policías nacionales y guardias civiles desplazados por orden judicial para parar el golpe del 1-O. La mayoría de estos agentes fueron víctimas de mofas al sufrir condiciones infrahumanas durante el ejercicio de sus funciones, como dormir en un barco o ver cómo alcaldes y concejales, entre los que se encuentran políticos del PSC, obligaban a los hoteles a rechazarles como clientes.
