En un caso de gran conmoción social, una mujer ha sido acusada de intentar asesinar a sus dos hijos mellizos de 10 años en Barakaldo, Vizcaya, el pasado 1 de enero de 2023. La fiscalía ha rebajado la pena inicialmente solicitada de 36 años a 16 años y 6 meses, tras considerar atenuantes como la alteración psíquica y la confesión de la encausada.
La mujer, que tenía la guarda y custodia exclusiva de los menores, les suministró una cantidad indeterminada de benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos con la clara intención de acabar con sus vidas. Posteriormente, «anulada cualquier posibilidad de defensa», les hizo sendos cortes en el cuello con un cuchillo. Tras esto, llamó al padre de los niños para comunicarle lo sucedido.
Revelaciones Impactantes en el Juicio
En el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Vizcaya, la acusada ha reconocido voluntariamente los hechos y ha expresado estar «muy arrepentida». Según el relato del padre de los menores y de los agentes policiales que acudieron a la vivienda, la mujer les comunicó que les «había dado ciento y pico pastillas a los niños» y luego «les había cortado el cuello» porque «le iban a quitar la custodia y se quería morir».
Los niños fueron declarados en situación de desamparo y su tutela fue asumida por la Diputación foral de Vizcaya, que reclama en nombre de los menores por las lesiones sufridas y por los daños y perjuicios ocasionados.
Rebajas de Pena y Medidas Adicionales
Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 36 años de prisión por sendos delitos de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de alevosía y parentesco. Sin embargo, tras considerar la atenuante analógica «muy cualificada» de alteración psíquica y la de confesión, la pena ha sido rebajada a 16 años y 6 meses (8 años y tres meses por cada menor).
Además, la Fiscalía ha solicitado la privación de la patria potestad, la prohibición de aproximación durante 9 años y 3 meses a una distancia inferior a 500 metros en cualquier lugar donde se encuentren los menores, y la imposición de una medida no privativa de libertad de vigilada consistente en la obligación de seguir tratamiento médico, que la acusada ya ha iniciado en la cárcel.
Por su parte, tanto la acusación particular como la defensa se han adherido a las peticiones de la Fiscalía, aunque el abogado de la acusada ha pedido su puesta en libertad. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de los factores emocionales, mentales y sociales que pueden llevar a una persona a cometer actos tan terribles. La sociedad deberá hacer una profunda reflexión sobre cómo abordar y prevenir este tipo de situaciones en el futuro, brindando el apoyo y los recursos necesarios a las familias en crisis.
