En un giro inesperado de los acontecimientos, la figura de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, se ha visto envuelta en una tormenta de acusaciones y escrutinio público. Como portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso, Miguel Tellado ha expuesto una serie de alegaciones que ponen en entredicho la transparencia y la ética de las actividades de la primera dama.
Según Tellado, existen «pruebas fehacientes» de que Begoña Gómez ha intervenido en la adjudicación de contratos públicos, ha negociado para sus proyectos particulares con empresas que estaban siendo rescatadas por el Gobierno y ha logrado que empresas reguladas por el Ejecutivo le desarrollasen una aplicación informática de forma gratuita. Estas acusaciones apuntan a presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, lo que ha llevado a que Gómez sea citada a declarar ante un juzgado de Madrid el próximo viernes.
LA ESPOSA DEL PRESIDENTE COMO «KOLDO» EN LA RED
Tellado ha sido rotundo al asegurar que Begoña Gómez no es más que el «Koldo» en este caso, una figura intermediaria que, a su juicio, «nada podría haber hecho sin la colaboración del presidente del Gobierno». Por lo tanto, el portavoz ‘popular’ exige que sea Pedro Sánchez quien comparezca en sede parlamentaria para dar explicaciones sobre este asunto, sin descartar «otras acciones» si el líder del PSOE trata de «eludir» esta exigencia.
Según Tellado, la situación actual refleja la «decadencia» del Gobierno y es un «insulto a la inteligencia de todos los españoles». Sostiene que todos saben que «hay algo», pero la duda radica en si eso entra dentro del Código Penal o de la conducta ética no aceptada por una sociedad democrática.
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO BAJO SOSPECHA
Además de las acusaciones contra Begoña Gómez y Pedro Sánchez, Tellado también ha hecho alusión al papel del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a quien considera que está «al borde» de ser imputado por desvelar los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso para conseguir objetivos políticos en beneficio del PSOE.
Según el portavoz del PP, esto demuestra que García Ortíz no fue elegido para defender la justicia y los delitos, sino para ser un peón más del «Sanchismo». Por lo tanto, el partido ha advertido que no dejarán de pedir su dimisión, ya que un fiscal general al borde de la imputación es un fiscal inhabilitado «de facto».
En resumen, el caso Begoña Gómez ha desatado una tormenta política, con acusaciones cruzadas y exigencias de comparecencias tanto en sede judicial como parlamentaria. La credibilidad y la transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez se encuentran en el centro de este escándalo que promete seguir ocupando titulares en los próximos días.
