El estudio de los correos corporativos incautados por la Unidad Central Orgánica (UCO) de la Guardia Civil de varios altos cargos del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) durante la época de José Luis Ábalos, está haciendo posible que se reúna información no sólo sobre el Caso Koldo, sino también sobre otras cuestiones que afectaron a Ábalos en el enero de 2020, como su encuentro con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en Barajas, un caso conocido como Delcygate.
Un documento en el correo de la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, desvela unos apuntes a modo de borrador para definir la estrategia comunicativa en el Delcygate durante aquellos días. Dentro de la estrategia se recogía como una herramienta el «condicionamiento de los recursos de publicidad al tratamiento informativo». Es decir, dar o quitar publicidad a los medios dependiendo de cómo tratasen a Ábalos.
La vicepresidenta de Venezuela tenía prohibida su estancia en territorio de la Unión Europea junto a otras 24 personas del régimen de Nicolás Maduro. Rodríguez fue incluida en junio de 2018 en la segunda tanda de 11 sancionados por parte de la UE. «Las personas incluidas en la lista son responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela», señalaba entonces la UE en un comunicado.
UN MAIL REENVIADO POR LA PRESIDENTA DE ADIF
La polémica duró varias semanas. Un mail reenviado por la presidenta de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) desde su iPhone a su cuenta corporativa recoge como único asunto un documento adjunto titulado «Estrategia de comunicación Delcygate» y fue enviado el 23 de febrero de 2020.
El documento, al que ha tenido acceso MONCLOA, son poco más de tres folios que recogen unas líneas estratégicas sobre la manera de afrentar el Delcygate por parte del entonces ministro Ábalos. En primer lugar un párrafo titulado «Situación actual tras 1 mes de ataque». Aquí se reconocía el «deterioro de la imagen pública» de Ábalos, la «judicialización del caso», la «participación transversal de los medios de comunicación (no solo medios de derechas)» y que «no es el caso Venezuela, es el caso Ábalos».
Entre las «debilidades» reconocidas como tales en la estrategia de comunicación hay una que llama la atención, como «la ausencia de mensaje coral claro del Gobierno y el PSOE sobre el tema», pero en el lado contrario, entre las «fortalezas para afrontar la situación» destaca como cuestión clave la «posibilidad de activar instrumentos gubernamentales; publicidad institucional, posición de ministro, apoyo de Moncloa».
CONVERTIR CASO ÁBALOS EN CASO VENEZUELA
Entonces, un mes después, los objetivos recogidos en el documento eran sólo tres: «reparación de la imagen pública (de Ábalos), acotar los frentes del caso hasta su remisión y convertir el caso Ábalos en el asunto Venezuela (salir del escenario aeropuerto)». El documento manejado por Pardo de Vera, que tras pasar por la presidencia de ADIF sería nombrada secretaria de Estado de Transportes, también recogía las «ideas fuerza a trasladar sobre el caso», como que «Venezuela es importante para España y su gobierno efectivo es el que es, nos guste o no», también explicaba como una idea a trasladar a la opinión pública que «la derecha utiliza el sufrimiento de los venezolanos para atacar al gobierno» o que «la derecha alienta la confrontación civil en Venezuela» y entre las aclaraciones el documento recogía una media verdad o una mentira como que «Delcy Rodríguez no está perseguida por la Justicia» o que «no hay orden de detención sobre la VP».
Pero sin duda el punto más polémico de todos es el referente a las acciones de comunicación, donde se propone usar el «condicionamiento de los recursos de publicidad al tratamiento informativo (Grupo MITMA, no sólo Renfe). Esto se ha de comunicar de forma explícita y con ejemplos concretos a los responsables comerciales de los medios. No se puede premiar publicitariamente a quienes utilizan la difamación para deteriorar la imagen del titular del Departamento. En este apartado el grupo Prisa y Atresmedia son especialmente relevantes». Es decir, retirar la publicidad institucional de todas las empresas del ministerio a los medios considerados «hostiles».
Pero la desesperación del MITMA llegaba hasta tal extremo que incluso se llegó a proponer «selección de opinadores/articulistas/tertulianos que puedan tener un encuentro con el ministro y comunicar nuestro relato» y ofrecía tres nombres en concreto de conocidos tertulianos en televisión.
No es el único documento relativo a cuestiones fuera del contexto de Transportes encontrado en el buzón de altos cargos del MITMA, también hay un informe, por ejemplo, donde se valora desde el punto de vista jurídico la estancia de Ayuso en un hotel durante la pandemia o las consideraciones de los «puntos débiles» de un senador del PP.
