El juez instructor del caso Gómez Juan Carlos Peinado, ha imputado a Begoña Gómez por un supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigada esposa del presidente del Gobierno lleva desde el pasado 16 de abril en esta condición judicial, 76 días han pasado desde entonces y la causa avanza sobre tres grandes bloques, donde la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid es una de las piezas clave, así como su papel en el rescate de Air Europa y la adjudicación de contratos públicos para Juan Carlos Barrabés, conocido como el ideólogo de los estudios.
Presuntamente, Begoña Gómez no ha percibido beneficio económico alguno en metálico con estos supuestos delitos, pero sí percibió un software por un valor de más de 210.000 euros. La herramienta informática sirvió, por un lado, para montar la cátedra y poder finalizarlo mediante un concurso público, ganado por Deloitte Consulting, a costa de la Universidad Complutense de Madrid, que se había desentendido del asunto hasta que ha irrumpido en los medios.
BEGOÑA GÓMEZ, SIN SALVAVIDAS DE LA FISCALÍA
No fue hasta finales de mayo cuando el juez Peinado levantó el secreto de sumario, justo cuando Pedro Sánchez se tomó sus cinco días de asueto para saber qué hacer. Fue entonces cuando la sociedad española conoció la imputación de Begoña Gómez, mientras Pedro Sánchez conocía la investigación judicial. Era la primera vez que en un documento judicial daba a conocer la nueva situación de la esposa del presidente del Gobierno, pero esta condición ya aparecía en las diligencias practicadas desde el pasado 16 de abril. Por aquella fecha, ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni tampoco la Guardia Civil desvelaron la condición de imputada para guardar el secreto de sumario.
En un inicio, la defensa de Begoña Gómez no reconocía la imputación debido a la ausencia del señalamiento para la citación judicial. Tampoco se le habían leído sus derechos, aunque no ha sido detenida en ningún momento durante la fase de instrucción.
BEGOÑA GÓMEZ, CITADA EL 5 DE JULIO
No obstante, el juez Peinado se lo transmitirá el próximo 5 de julio a las 10.00 horas en sede judicial. Tres horas después será el turno del rector de la Complutense, Joaquín Goyache Goñi, quien ha tenido el apoyo de Begoña Gómez, quien ha pedido a su vez al juez que anule dicha citación porque no tiene nada ver con el caso investigado. Sin embargo, las contracciones del rector de la UCM sobre este asunto y su dejadez a la hora de gestionar el dinero público -60.500 euros salieron de la Complutense sin que a nadie le importara el destino final del software- le ponen cotnra las cuerdas.
La Universidad más importante de España no ha tomado medidas disciplinarias, pero sí administrativas al anular la cátedra extraordinaria sobre la Transformación Social Competitiva (TSC) debido a la pérdida de las empresas participantes desde el inicio, como Fundación La Caixa y Reale Seguros. El propio rector Goyache Goñi afirmó que una comisión mixta formada por estas empresas y el centro público propuso a Begoña Gómez y él solo tuvo que firmarlo. No obstante, las empresas implicadas y el entonces vicerrector, Carlos Doadrio, aseguran que fue una imposición de Goyache Goñi, sin que hubiera una candidatura alternativa para dirigir estos estudios.
Se da la circunstancia de que el rector y Begoña Gómez mostraron su sintonía en el I Congreso sobre Transformación Social Competitiva, organizado por las dos entidades privadas junto a la patronal Pimec, que tendrá a través de Conpymes un trato preferencial después en el diálogo social. Todo ello ocurría entre julio y octubre de 2020, en plena pandemia.
TRES DENUNCIAS POR LOS MISMOS DELITOS
Con las denuncias de Vox, Manos Limpias y HazteOír, el juez Peinado pidió la declaración de seis testigos en el marco de unas diligencias previas. Corría entonces el 22 de mayo de 2024. Todos ellos debían desfilar el 16 de junio, un domingo, pero finalmente no sucedió ante la irrupción de la Fiscalía Europea, que pedía parte del caso para sí por el pago de las adjudicaciones públicas con fondos europeos.
Todo ello después de la oposición de la Fiscalía, que exigió el 25 de abril dar carpetazo al asunto, justo un día después de que el presidente del Gobierno y Begoña Gómez conocieran que estaba investigada en la causa. El juez tomó la decisión justo después de recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde no se apreció indicios de delito.
EL INFORME DE LA UCO EXONERA
No obstante, la propia UCO mostró un minucioso estudio sobre el rescate de Air Europa, que costó 475 millones de euros, a considerar que no era posible comprobar la «posible mediación» de la esposa del presidente del Gobierno con Javier Hidalgo y el Gobierno para ayudar a la aerolínea, a la postre la primera en ser rescatada. Sin embargo, el juez recibió esta misma semana un nuevo informe sobre la vinculación de Air Europa y empresas afines al grupo Globalia con el IE Africa Center, del que Begoña Gómez era directora, y la cátedra extraordinaria.
«El único elemento que, por el momento, vincularía objetivamente a María Begoña Gómez con Globalia es el hecho de que coincidiera con Javier Hidalgo en dos eventos que tuvieron lugar en enero de 2020», afirmó la UCO. Pero hubo más. Tanto Hidalgo como Gómez debían viajar a San Petersburgo, pero por la pandemia se canceló el viaje, aunque hubo varios preparativos para ello.
La UCO tampoco vio la mano de Begoña Gómez con sus cartas de apoyo a empresas de Juan Carlos Barrabés, compañero del máster que ella dirigía ya que la Guardia Civil asegura que las licitaciones obtuvieron la mejor puntuación en los lotes a los que optaban. Barrabés obtuvo 20,2 millones de euros en contratos públicos, pero no quedó acreditado que las cartas de apoyo inclinaran la balanza.
No obstante, en el aire queda ahora el por qué hizo estas cartas de apoyo. No tenían sentido ya que los estudios en nada tenían que ver ni tampoco era una reconocida empresaria en el sector donde se producía la adjudicación ni mucho menos tenía un nombre para dar su respaldo. La acusación de Manos Limpias considera que la opción más probable es que era la mujer del presidente del Gobierno y esa influencia podría pesar en el licitador.
EL PSOE Y EL GOBIERNO PASAN AL ATAQUE
El 24 de abril, el abogado de Begoña Gómez y exministro con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio Camacho, pidió al juez personarse en el caso tras las diligencias pedidas por el juez. Ese día, Pedro Sánchez escribió su primera carta a la ciudadanía para dar vía libre a sus cinco días de «reflexión», culpando al PP y señalando a los «pseudomedios» por informar sobre el caso.
Pedro Sánchez estaba absorto en el Congreso de los Diputados. Un día muy duro en el que no consultó con ninguno de los principales espadas de la Cámara Baja. A las 19.09 publicó su tuit con sus dos hojas, una reflexión que había escrito en soledad junto a Begoña Gómez y una pregunta: «¿Merecía la pena?».
El 29 de abril, Pedro Sánchez decide seguir al frente de La Moncloa, mientras se aviva una crisis internacional con Argentina tras los insultos de Óscar Puente al presidente Javier Milei, acusándolo de consumir «sustancias». Milei respondió y aireró el caso de Begoña Gómez, a la que tildó de «corrupta».
No fue hasta el pasado 4 de junio cuando el juez Peinado la cita como investigada al considerar que hay suficientes indicios delictivos para proseguir la investigación. Mientras, el rector de la Complutense se encuentra en una situación muy delicada. Por ahora está citado como testigo, una condición que podría cambiar a partir del próximo viernes si el juez considera que fue él quien puso a Begoña Gómez al frente de la cátedra y si la Complutense se desentendió del software, toda vez que no ha sido hasta tres años después cuando ha reclamado la herramienta informática.
