La autonomía de los pacientes con discapacidad es un tema fundamental que aún enfrenta desafíos en el sistema sanitario español. El director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón Tosio, ha reconocido que garantizar esta autonomía es «una deuda pendiente» en el sector.
Durante un seminario organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD), Gullón Tosio y otros expertos abordaron la necesidad de adaptar la legislación sanitaria a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este evento busca examinar cómo la normativa actual puede ser más inclusiva y brindar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones de salud de manera verdaderamente autónoma.
La Necesidad de Adecuar la Legislación Sanitaria
La catedrática de derecho civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Carmen González Carrasco, resaltó la importancia de adaptar la Ley 41/2002, que regula la autonomía del paciente, y demás normativa sanitaria a la nueva legislación sobre apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Según la experta, es crucial resolver las incoherencias entre estas leyes para garantizar que la autonomía de los pacientes con discapacidad sea respetada.
Asimismo, González Carrasco enfatizó el papel fundamental de las figuras de apoyo para las personas con discapacidad. Recalcó que el consentimiento informado es un derecho de la persona, no de sus apoyos, a menos que se trate de un riesgo para su vida, decisión que en última instancia corresponderá al juez.
El Enfoque de Derechos Humanos en la Salud Mental
Por otro lado, el catedrático de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y Patrono de la FDyD, Rafael de Asís, analizó la autonomía del paciente, la libertad personal y la salud mental. De Asís puso de relieve la contradicción de los internamientos y los tratamientos forzosos con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según el experto, el tratamiento de la discapacidad y las cuestiones relacionadas con la autonomía del paciente y la salud mental deben abordarse desde un enfoque de derechos humanos, lo cual obliga a tener en cuenta la Convención y, por lo tanto, a abandonar la cultura institucional en materia de internamientos.
El Compromiso de la Administración Pública
Durante el seminario, Jesús Martín Blanco, director general de derechos de las personas con discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030, expresó su convicción de que desde la administración pública sabrán «reparar las anomalías en el ejercicio del derecho humano para la salud«. Además, hizo hincapié en que para que exista una autonomía del paciente real, es necesaria la accesibilidad universal, ya que las barreras y discriminaciones pueden ser superadas.
En resumen, el seminario organizado por el CERMI y la FDyD ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de adaptar la legislación sanitaria a los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de garantizar la autonomía de los pacientes con discapacidad y asegurar que el sistema de salud sea verdaderamente inclusivo y respetuoso de sus derechos humanos.
